LA HABANA, Cuba.- El prisionero político Yomay Graverán González denunció el jueves 22 de octubre, mediante una llamada telefónica desde el Combinado del Este, que ha sido víctima de acoso por parte de funcionarios de ese penal de máximo rigor, ubicado en el kilómetro 13½ de la Vía Monumental, en el municipio de Guanabacoa.
Yomay Graverán González, de 37 años, se encuentra en el primer piso, ala sur del edificio 1 del penal habanero. Es natural de Guanajay, en la occidental provincia Artemisa. Antes de ser apresado, trabajaba como cocinero en el hospital José Ramón Martínez, en ese municipio.
Se encuentra encarcelado desde 2021, cumpliendo una condena de 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de sabotaje tras incendiar un taller de costura del propio municipio dedicado a la confección de uniformes militares. El prisionero político fue juzgado en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Artemisa.
En su reciente denuncia, Graverán González dijo que los militares “lo tienen coaccionado y presionado”. Como ejemplo indicó que a mediados de este mes, con motivo de la visita al penal de “un ministro” (cuya identidad, acotó, no le revelaron los uniformados), el segundo jefe de Orden Interior, primer teniente Alain, lo hizo encerrar durante ocho horas en régimen de aislamiento, “en una celda oscura”, sin razón y sin darle explicaciones.
Graverán González reclamó ser devuelto a Artemisa, pues, según recalcó, lo sacaron de su provincia sin justificación y no tiene familia que lo visite, ya que su madre está enferma y su esposa también está privada de libertad.
De igual modo lamentó que tampoco le permiten trabajar para contribuir económicamente con su esposa, condenada a 18 años de cárcel por el mismo supuesto delito. Según expresó, los militares del penal habanero alegan que “no tiene derecho a beneficios” por haber cometido un delito contra la Seguridad del Estado.
En cuanto a la comida que reciben los internos, indicó que “es pésima, casi siempre en mal estado”, y añadió que “no le dan asistencia médica ni sus medicamentos”, en particular, carbamazepina.
Según había denunciado, inicialmente cumplía su condena en la cárcel de su municipio de residencia, también de máximo rigor. Sin embargo, hace más de un año fue trasladado a la prisión capitalina, sin haber cometido indisciplina alguna que motivara la medida, simplemente por quedar incluido de manera aleatoria en un traslado “en cordillera”.
