SANTIAGO DE CUBA.- Marisol Laurencio, vecina de Songo-La Maya, lleva 14 años intentando terminar su casa. En 2012, el huracán Sandy destruyó la vivienda de madera donde vivía. Después de mucho esperar, consiguió un subsidio estatal de unos 56.000 pesos para comenzar a reconstruirla. La ayuda le permitió comprar parte de los materiales, pero no fue suficiente para completar la obra.
“Recuerdo como si fuera hoy aquel horrible momento. Yo lo perdí todo. Mi casita era de madera, se me estaba cayendo y, claro, no aguantó los vientos de Sandy. Colapsó enseguida. La gente de Vivienda pasó haciendo el reporte de daños y me anotó en el listado de derrumbes totales. Mucho tiempo después, luego de correr, quejarme y esperar, viviendo en un cuartico que pude rehacer con los retazos de mi antigua casita, me llegó el subsidio, pero no todo lo que necesitaba”, contó a CubaNet.
Con los materiales recibidos levantó una parte de la vivienda y después continuó por su cuenta. Construyó una casa de tres habitaciones, portal, sala, cocina-comedor y baño, con cubierta de zinc en los cuartos y placa de hormigón en el resto. Sin embargo, todavía le falta el piso de buena parte del inmueble, enchapar el baño y la cocina y repellar las paredes.
“Sola yo sé lo que me ha costado levantar mi casa y aún no termino. Soy una mujer jubilada, enferma con una EPOC pulmonar, ya no puedo luchar como antes. […] Ya eso le tocará a mi hija, yo no puedo más”, explicó.
La historia de Marisol refleja una dificultad que va más allá de conseguir un terreno o levantar las primeras paredes: disponer de una ayuda inicial no garantiza que una familia pueda terminar su vivienda. En Cuba, muchas construcciones avanzan al ritmo de unos ingresos que apenas permiten comprar materiales por etapas. Cuando el dinero se agota, la obra se detiene; cuando se consigue ahorrar de nuevo, los precios suelen haber aumentado.
En ese contexto, la nueva Ley 187 de 2026, Ley de la Vivienda, entre otras disposiciones, amplía las posibilidades de propiedad individual. Publicada en la Gaceta Oficial el 14 de octubre y vigente desde el día 21, reconoce a las personas naturales el derecho a poseer hasta dos viviendas en propiedad, además de otra destinada al descanso o veraneo, siempre que esta última tenga esa condición declarada en el título constitutivo. La norma sustituye a la Ley 65 de 1988, que permitía tener una vivienda de ocupación permanente y otra de descanso o veraneo.
El cambio abre nuevas posibilidades para quienes desean comprar otro inmueble, invertir en el sector inmobiliario o ampliar un negocio. Pero, en un país donde numerosas familias todavía no consiguen acceder a una vivienda adecuada, también plantea una pregunta: ¿qué significa ampliar el derecho a tener más de una casa cuando tantas personas no han podido terminar de construir la primera?
En julio de 2025, el Ministerio de la Construcción reconoció que el déficit habitacional cubano ascendía a 805.583 viviendas, citó la agencia EFE. De ellas, 407.219 necesitaban construirse y 398.364 requerían rehabilitación. Además, el 35 % del fondo habitacional se encontraba en estado regular o malo, según los datos divulgados durante el análisis del programa en la Asamblea Nacional.
En Santiago de Cuba, las cifras también reflejan la gravedad del problema. En julio de 2023, el periódico Granma situó en alrededor de 100.000 viviendas el déficit de la provincia y señaló que el 39 % de su fondo habitacional estaba deteriorado.
A esa situación se sumaron los daños provocados por el huracán Melissa en octubre de 2025. En junio de 2026, Granma informó que más de 103.000 viviendas habían resultado afectadas solo en Santiago de Cuba. Para entonces, se habían recuperado unas 20.000 y quedaban 83.000 casos pendientes, entre ellos 8.000 derrumbes totales y 10.279 parciales.
El déficit que existía antes del huracán y las viviendas dañadas por Melissa son indicadores diferentes y no deben sumarse como si fueran una sola cifra. Sin embargo, ambos muestran la magnitud de las necesidades habitacionales de la provincia, donde algunas familias buscan una casa por primera vez y otras intentan reconstruir la que perdieron.
A ese panorama se añade el costo de construir. La escasez de materiales limita las posibilidades de avanzar por esfuerzo propio y convierte cada etapa de una obra en un nuevo desafío económico.
Construir, comprar o seguir esperando
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) recogidos por la agencia IPS, en 2024 Cuba produjo 257.800 toneladas de cemento gris, un 50,4 % menos que el año anterior. La producción de barras de acero corrugado y de arena calcárea también cayó un 32,9 % respecto a 2023.
Aunque la producción de cemento aumentó hasta 283.100 toneladas en 2025, un 9,8 % más que en 2024, otros materiales continuaron escaseando. Ese año se produjeron 365.900 metros cúbicos de arena calcárea, un 21,8 % menos que el anterior, y apenas 500 toneladas de barras de acero corrugado, frente a las 2.300 de 2024. La producción de prefabricados de hormigón también disminuyó, hasta 20.300 metros cúbicos.
Las cifras ayudan a explicar por qué las familias que construyen con sus propios recursos pueden tardar años en completar una vivienda. La dificultad no se reduce a reunir dinero: también deben encontrar los materiales y lidiar con precios que difícilmente pueden asumir.
En Santiago de Cuba, la Empresa Provincial de Materiales de la Construcción ha intentado ampliar la producción local de ladrillos, arena natural, piedra triturada, losas hidráulicas, baldosas y bloques de hormigón. Sin embargo, en febrero de 2026, su director general reconoció a Granma que la demanda del programa habitacional no podía cubrirse debido a la falta de cemento, combustible y electricidad.
Siendo así, cuando los materiales disponibles no bastan, muchas personas recurren al mercado informal. En la actualidad, una bolsa de cemento P-350 ronda los 15.000 pesos en la ciudad de Santiago de Cuba y puede alcanzar los 20.000 en Songo-La Maya, debido a los gastos de transportación. Una barra de acero de nueve metros cuesta entre 7.500 y 8.500 pesos; el metro cúbico de arena puede llegar a 9.000 y el de grava a 12.000.
Asimismo, una teja de zinc galvanizado de 3,80 metros de largo por 0,90 de ancho ronda los 16.000 pesos, mientras que una viga tipo purle puede costar hasta 40.000, según su longitud. Los bloques llegan a venderse por 700 pesos cada uno y los ladrillos oscilan entre 35 y 50 pesos.
Estos son precios de referencia del mercado informal, no promedios oficiales, por lo que pueden variar según el lugar y la disponibilidad. No obstante, existe un patrón que condiciona el mercado: la tasa del dólar estadounidense en el mercado informal, que, al momento de redactar este texto, rondaba los 845 pesos cubanos por unidad. En contraste, el salario medio mensual de Santiago de Cuba fue de 5.872 pesos en 2025, por detrás del promedio nacional de 6.930 —según datos de la ONEI—, equivalentes a unos siete dólares, al cambio.
En tales condiciones, una familia que depende de un salario en pesos puede pasar meses ahorrando para comprar materiales suficientes para una sola etapa de la construcción. Quienes disponen de divisas, reciben ayuda del exterior o tienen ingresos de un negocio rentable cuentan con más posibilidades de comprar una vivienda terminada o invertir en otra propiedad.
Carlos*, un emprendedor de 38 años residente en el reparto Sueño, en Santiago de Cuba, pertenece a este último grupo. Tiene una tienda de ropa de moda en su casa y llevaba tiempo pensando en adquirir otra propiedad para ampliar el negocio. Antes de la nueva legislación, contemplaba poner el inmueble a nombre de la madre de su hijo; ahora puede comprarlo directamente a su nombre, siempre que cumpla los requisitos legales.
“Ya la tenía vista y todo. Había hablado con el vendedor, solo faltaba un empujoncito para decidirme, y este fue. La casa está bien ubicada, en una zona céntrica, transitada, especial para hacer negocios. Que yo pueda ponerla a mi nombre me evita problemas futuros, uno no puede confiar en nadie”, afirmó. El comerciante pidió mantener su identidad en reserva por temor a perder su negocio.
Para Carlos, la modificación elimina un obstáculo a una compra que ya estaba considerando. Sus ingresos le permiten contemplar una operación inmobiliaria que para muchas familias resulta inalcanzable.
La nueva ley también podría favorecer la recuperación de inmuebles deteriorados y ampliar la oferta de alquileres si quienes compran viviendas invierten en repararlas y ponerlas en uso. Sin embargo, ese posible beneficio dependerá de que aumente la cantidad de inmuebles habitables y de que una parte de la oferta sea accesible para quienes necesitan un hogar. Si crece la demanda sin un aumento suficiente de la oferta, también podría aumentar la presión sobre los precios.
Por eso, el problema no reside necesariamente en permitir que una persona tenga una segunda vivienda, sino en determinar qué oportunidades existen para quienes no disponen de los recursos necesarios para adquirir siquiera una.
Mirelis Sosa y su esposo Ricardo llevan 15 años viviendo en un interior de San Gerónimo, en Santiago de Cuba, junto con otras seis familias. Ella es ama de casa y él trabaja por cuenta propia como electricista. Su único hijo se marchó recientemente a Brasil en busca de mejores oportunidades. Aunque Ricardo consigue buenos ingresos con sus trabajos particulares, él y su pareja no han logrado reunir el dinero suficiente para comprar una vivienda ni han encontrado una solución definitiva mediante la ayuda estatal.
“Nosotros nunca nos hemos adaptado a vivir aquí, y eso que nuestra casa es de las más cómodas, de las primeras. Hasta un bañito hicimos. Pero qué va, aquí no hay forma de mejorar del todo, de ampliarse, de crecer, de tener privacidad. La promesa del Estado fue que esto sería provisional, pero aquí llevamos 15 años y hay quienes llevan 20 y más. Nuestro sueño es poder comprar algo, aunque sea pequeño, pero que sea nuestro, un lugar para pasar nuestra vejez con tranquilidad y a gusto”, contó Mirelis, próxima a cumplir 45 años.
A diferencia de Carlos, la pareja no busca ampliar un negocio ni adquirir una segunda propiedad. Quiere dejar atrás una vivienda compartida y disponer de un espacio propio. Su situación demuestra que tener ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia tampoco garantiza que una familia pueda acceder al mercado inmobiliario.
El derecho reconocido y las soluciones pendientes
La Ley 187 no deja fuera por completo a las personas que carecen de recursos. Sus artículos 93 y 111 contemplan mecanismos para quienes no pueden asumir el precio de una vivienda asignada por el Estado. Entre las alternativas figuran los subsidios parciales, la financiación por parte de determinadas empresas y la asignación de viviendas en régimen de arrendamiento, usufructo o habitación, según las condiciones establecidas en la norma.
La existencia de esos mecanismos, sin embargo, no significa que cualquier persona que tenga dificultades para comprar o terminar una casa reciba automáticamente una solución. Su alcance dependerá de los recursos disponibles, de los procedimientos administrativos y de la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de la población.
También queda por determinar cómo se identificarán y priorizarán las personas que necesitan protección. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con alguien que consiguió un terreno, levantó las paredes y colocó parte del techo, pero no ha podido continuar porque su salario pierde poder adquisitivo y los materiales cuestan cada vez más? Aunque tenga empleo e ingresos, puede estar muy lejos de terminar la vivienda.
El artículo 71 de la Constitución cubana reconoce el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. La Ley 187 desarrolla ese mandato y regula, al mismo tiempo, la propiedad y otras formas de gestión de los inmuebles. El reto consiste en que ambos aspectos puedan coexistir sin que las posibilidades de acceso a un hogar dependan exclusivamente de la capacidad económica de cada persona.
En este caso, las experiencias de los entrevistados muestran tres realidades distintas ante una misma legislación, pero también reflejan las desigualdades que atraviesan el acceso a la vivienda en Cuba: una mujer que lleva 14 años intentando terminar su casa, un emprendedor que puede comprar una segunda propiedad y una pareja que, después de 15 años, no ha logrado abandonar una vivienda compartida.
Sus historias no permiten anticipar por sí solas todos los efectos de la nueva ley, pero sí ponen de relieve una cuestión central: ampliar el derecho a poseer viviendas no equivale a garantizar que quienes carecen de una puedan acceder a ella.
En síntesis, la norma abre nuevas posibilidades para quienes cuentan con recursos para comprar, invertir o rehabilitar inmuebles. Pero, al mismo tiempo, la magnitud del déficit habitacional, la escasez de materiales y los precios del mercado plantean un desafío para las políticas públicas destinadas a quienes no pueden resolver su situación por sus propios medios.
Lo cierto es que para alguien que ya tiene una propiedad, adquirir otra puede ser una decisión económica o una oportunidad de inversión. Sin embargo, para quien lleva años construyendo con lo poco que gana, comparte techo con otras familias o espera reconstruir una casa destruida, tener un hogar continúa siendo una necesidad pendiente.
