MIAMI, Estados Unidos ― El periodista Austin Llerandi, director del boletín comunitario Amanecer Habanero, salió de Cuba el 29 de septiembre con destino a Brasil, acompañado de su esposa embarazada, Sol Álvarez. Se marchó tres semanas antes de que se agotara el plazo de dos meses que un oficial de la Seguridad del Estado le había fijado para abandonar el país si no quería ser procesado y encarcelado.
“Partimos al exilio…”, escribió Llerandi ese día en su perfil de Facebook, junto a una fotografía con su esposa. Es su última publicación.
Un mes antes, consultado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) cuando el ultimátum se hizo público, el periodista afirmó que pensaba “ser fiel a mí mismo” y seguir produciendo “el tipo de periodismo” en el que creía. La organización pidió entonces al Gobierno cubano que cesara el hostigamiento. “Las autoridades cubanas deberían poner fin de inmediato al hostigamiento contra Austin Llerandi. Ningún periodista debería tener que elegir entre la prisión y el exilio simplemente por hacer su trabajo”, declaró José Zamora, director regional del CPJ para las Américas.
El plazo se le impuso el 21 de agosto. Ese día Llerandi fue detenido durante cinco horas en la estación de policía de Marianao, conocida como “La Sexta”, tras acudir a una citación que un desconocido le había entregado el día anterior en la puerta de su casa y que él se negó a firmar.
Según su relato al Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), fue cacheado, conducido con las manos en la espalda a una oficina y dejado encerrado bajo llave e incomunicado durante tres horas, con calor intenso y sin explicación.
Pasado ese tiempo apareció un oficial que se identificó como capitán “Miguel”. Le mostró un expediente con el inicio de una acusación penal por el Decreto-Ley 370 —la norma que prohíbe difundir publicaciones no autorizadas por el Estado— y le entregó un acta de advertencia, la segunda, avisándole de que tras una tercera se le formularían cargos por desacato.
Llerandi se negó a firmar el documento. El oficial le habló entonces del embarazo de su esposa y de su hija por nacer, le pidió que “pensara” en ellas y le dijo que el interés de las autoridades no era encarcelarlo, sino que se fuera del país en dos meses. Si no lo hacía, sería procesado y preso. Salió de la unidad a la 1:12 p.m., cinco horas exactas después de haber entrado.
La presión había empezado cinco semanas antes y por la vía de la familia. El 13 de julio, un agente que se identificó como Rodrigo se presentó en casa del padre del periodista, Lázaro Llerandi Capote, para localizarlo; le dijo que sabían dónde vivía su hijo y con qué frecuencia la pareja iba al hospital por el embarazo, y que no habían intervenido la vivienda precisamente por eso. Al día siguiente, en la misma estación de Marianao, el agente interrogó a Llerandi durante más de una hora con la última edición del boletín cargada en su teléfono y un expediente de instrucción penal por “delitos contra la Seguridad del Estado” con su nombre.
“Si distribuyes el boletín, la próxima llamada mía dale un beso a tu mujer en la barriga, que vas preso”, le dijo, según el testimonio que el periodista entregó al OCLE. El agente aseguró además tener “ubicados” a los demás periodistas del medio, con sus direcciones y sus movimientos diarios.
El ICLEP había advertido a los organismos internacionales antes de que la salida ocurriera. Solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar a favor de Llerandi el 26 de agosto. Dos días antes ya había presentado una comunicación urgente ante los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dirigida a la relatora especial sobre libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, a la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
“Austin Llerandi no cometió ningún delito. Repartió un boletín que cuenta lo que ocurre en su comunidad, y por eso le amenazaron con encerrarlo y usaron a su esposa embarazada y a su hija por nacer como instrumentos de presión”, sostuvo Normando Hernández, director general del ICLEP, en el comunicado.
La alternativa que Llerandi evitó se materializó, en la misma quincena, sobre otro director de medio independiente. Henry Constantín Ferreiro, de La Hora de Cuba, fue trasladado el 24 de septiembre a la cárcel camagüeyana de Kilo 7, sin aviso a su familia, para cumplir la prisión preventiva que le impusieron por un delito de desobediencia, después de ocho días retenido en el centro de interrogatorios Villa María Luisa. El Tribunal Provincial Popular de Camagüey incumplió el plazo de 72 horas para celebrar la audiencia del habeas corpus presentado a su favor.
