LA HABANA, Cuba.- Algunas de las facilidades que las autoridades acaban de anunciar con vistas a potenciar el usufructo de tierras ociosas, entre ellas aumentar a 20 años el tiempo del usufructo, así como pasar de 13,42 a 26,84 hectáreas el área máxima a entregar a las personas naturales que solicitan tierras por primera vez, no deben de verse como una muestra de simpatía del castrismo hacia el trabajo privado en la agricultura.
A los gobernantes no les ha quedado más remedio que reconocer la eficiencia superior que exhiben los sujetos privados que trabajan la tierra. Datos recientes emitidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en el acápite Sector Agropecuario Indicadores Seleccionados (enero-marzo de 2017), demuestran tal afirmación.
Con solo el 39,7% de la superficie cultivada del país, los trabajadores privados del agro —usufructuarios, propietarios, y miembros de las cooperativas de crédito y servicios (CCS)— produjeron en el referido trimestre el 73,9% de las viandas del país, el 78,2% de las hortalizas, el 77,6% del arroz, el 88,4% del maíz, el 71,2% de los frijoles, el 82,2% de los cítricos, el 89,4% de los frutales, el 66,5% de la carne de ave, el 80,2% de la carne ovino-caprino, y el 55,2% de la leche fresca. Es decir, que estos gestores privados obtuvieron la supremacía en 10 de los 13 indicadores seleccionados en el citado documento de la ONEI.
Es de destacar que del trío de productores privados a que hicimos referencia, la preponderancia cuantitativa corresponde a los usufructuarios de tierras ociosas. Unas 222 mil personas naturales han recibido tierras arrendadas por el Estado.
No obstante todo lo anterior, los gobernantes se las arreglan para intensificar el control sobre los usufructuarios. En primer término, la tierra nunca llegará a ser de estos últimos, y en todo momento deberán demostrar que trabajan y administran esas hectáreas de forma personal y directa.
Con respecto a la posibilidad de que los usufructuarios se vinculen o integren a empresas agropecuarias, azucareras o forestales —medida anunciada con bombo y platillo por el Consejo de Ministros,— es poco probable que semejante “beneficio” logre atraer a muchos usufructuarios, los cuales, como es lógico suponer, anhelan trabajar con la mayor independencia posible. Según declaraciones de Eddy Soca Baldoquín, director de Suelos y Control de la Tierra del Ministerio de la Agricultura, “para integrarse se deberá primero entregar la tierra dada en usufructo para luego pasar a ser obrero o cooperativista de la forma productiva a la cual se integra”.
Aunque no se ha hablado mucho acerca del modo en que los usufructuarios comercializarán sus producciones, al parecer las autoridades apuestan a que sea mediante la Empresa Estatal de Acopio. Sin dudas, una decisión que podría entorpecer la gestión final de los usufructuarios —que no es otra que llevar más productos a la mesa de los consumidores— debido a las deficiencias históricas de esa entidad comercializadora.
Por último, y no menos preocupante, resulta la incorporación de una nueva causa para la extinción del usufructo: la utilización de financiamiento ilícito. De no aclararse con precisión cuáles financiamientos clasificarían en ese acápite, esa disposición se prestaría para ser aplicada arbitrariamente contra cualquier productor que el gobierno decida apartar del camino.