LA HABANA, Cuba.- Alrededor de las 9 de la noche de este último jueves, dos oficiales del Departamento 21 de la Seguridad del Estado se presentaron en mi casa para advertirme que no iban a permitir el II Foro Democrático en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos (independiente) a celebrarse en la Habana el próximo 28 de enero.
El foro opositor tiene previsto efectuarse paralelamente a la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que sesionará en la capital cubana los días 28 y 29, con la presencia de jefes de estado y de gobierno, así como de altos funcionarios de los 33 países miembros.
El encuentro que la policía política trata de impedir tiene entre sus objetivos poner en perspectiva la incompatibilidad del sistema político de partido único de Cuba con la Declaración Especial de Defensa de la Democracia de la CELAC.
Uno de los acuerdos suscritos en la reunión fundacional de la referida organización, celebrada en Caracas el 3 de diciembre de 2011, dice, y cito textualmente:
“Acordamos una cláusula de compromiso con la promoción, defensa y protección del Estado de Derecho, del orden democrático, de la soberanía de los pueblos, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluyendo entre otros el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, el no sometimiento a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado, ni objeto de ejecuciones sumarias y arbitrarias, de desapariciones forzadas, y libertad de opinión y expresión”.
Un breve repaso por lo que aquí se plantea es suficiente para cuestionar al régimen que sirve de anfitrión.
La sistematicidad de arrestos arbitrarios, actos de repudio y la realización de juicios sin mínimas garantías procesales contra los activistas prodemocráticos, expresan un comportamiento que contraviene las normas internacionales que avalan el ejercicio de todos los derechos ciudadanos, independientemente del signo político e ideológico de los gobiernos.
Al abordar otros puntos de las violaciones flagrantes a los derechos humanos, habría que destacar las pésimas condiciones carcelarias y las posibilidades de ser recluido sin infringir la ley. El delito de peligrosidad social pre delictiva contempla el encarcelamiento sin pruebas. Decenas de opositores han ido a prisión bajo este precepto ¿legal?
Por otro lado, resulta irónico que el gobierno cubano lleve a cabo múltiples acciones humanitarias en varios países del Tercer Mundo, por medio del envío de profesionales de la salud a zonas de extrema pobreza, y a la vez se dedique a azuzar las turbas para que golpeen a las Damas de Blanco en la vía pública, obligue a trabajar por aproximadamente un dólar al día en las empresas estatales y mantenga repletos los centros penitenciarios, donde, por cierto, languidecen más de 80 presos políticos.
Lo peor de esta pesadilla es la impunidad. No existen medios legales para la protección del ciudadano. Entre la miseria y la represión transcurre la vida del cubano promedio. Las alternativas para escapar de la asfixiante realidad son irse del país por cualquier medio o jugarse la suerte en el mercado negro. Vivir del trabajo honesto se ha convertido en una utopía.
En los más de 50 años de socialismo real se ha regularizado la ineficiencia, la ilegalidad, el descontrol, la apatía y el terrorismo de Estado.
Pavel y Pedro, el par de agentes que me visitaron, fueron tajantes en sus advertencias.
¿Qué otra cosa esperar de los verdugos que algunas veces se proyectan como maestros de la tolerancia y las buenas costumbres?
Sé que los nombres que me dieron son falsos pero eso es lo de menos. Lo que sí no admite dudas es su determinación a impedir, por todos los medios a su alcance, la reunión del 28 de enero.
Relacionados:
Opositores convocan foro paralelo por Cumbre de CELAC en La Habana
CELAC: Peña Nieto no abordará los derechos humanos en Cuba