LA HABANA , Cuba.- La demagogia y la hipocresía fueron al Palacio de las Convenciones de La Habana un día y allí protagonizaron el VIII Encuentro Internacional Justicia y Derecho, que entre los días 18 y 20 de mayo reunió a casi cuatrocientos delegados de 28 países.
En la inauguración del evento, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) Rubén Remigio Ferro, en un nuevo alarde de divorcio entre las palabras y los hechos, aseguró que Cuba “seguirá siendo un baluarte de dignidad y decoro en la defensa y garantía de los derechos de las personas naturales y jurídicas”.
El funcionario hizo relatoría de una serie de medidas y adecuaciones que, según argumentó, agilizan la tramitación y culminación de los procesos judiciales. El presidente del TSP refirió además la implementación de varios mecanismos normativos e institucionales para optimizar y dotar de mayor calidad la función judicial.
No es necesario decir que para cualquier sistema judicial resulta alentadora y apreciable la activación de mecanismos destinados a hacer más viables y expeditos los trámites y procesos judiciales, no es secreto para nadie que Cuba necesita relajar la enorme presión burocrática que el exceso de control carga sobre los ciudadanos. Sin embargo, esos no son los problemas ni las urgencias principales que agobian al sistema judicial cubano, el cual por cierto está muy lejos de ser ejemplo para otros países.
El presidente del TSP olvida que el gobierno cubano se resiste a permitir que los cubanos se conviertan en personas jurídicas para canalizar sus intereses y acciones civiles y económicas, lo cual complementa en negativo la ausencia de garantías jurídicas que protejan el patrimonio y los derechos más elementales. Esa carencia de garantías ha tocado incluso a algunos privilegiados inversionistas extranjeros, quienes se han convertido en impotentes víctimas de represión judicial y despojo de sus patrimonio.
En Cuba no existe el ejercicio independiente del derecho, ni mecanismos no gubernamentales reconocidos de monitoreo, supervisión e impugnación de la actuación de las autoridades. Las fiscalías y los mecanismos oficiales de protección y atención a la ciudadanía son en extremo parcializados e inoperantes.
La tendenciosa politización y la impunidad de las autoridades colocan en franca indefensión a los ciudadanos ante las entidades represivas o judiciales. Es normal y cotidiano el desamparo jurídico de los detenidos y acusados, quienes pueden ser durante bastante tiempo sometidos a amenazas, presiones u manipulaciones en el marco de los procesos de investigación e instrucción, sin contar con respaldo ni asesoría legal alguna, lo cual se agrava por la ausencia de una opinión pública que difunda y cuestione la realidad social, legal e institucional en Cuba.
Aberraciones jurídicas como el llamado “Índice de peligrosidad pre-delictiva” que ha privado de libertad a miles de jóvenes sin haber cometido delito alguno, junto a las recurrentes condenas por convicción moral, la sistemáticas violaciones del debido proceso y la violación flagrante de todos los derechos de los reclusos, constituyen el amargo pan de cada día en Cuba, con muchas familias en desesperado estado de impotencia y desamparo.
Son muchos los cubanos, quienes debieran ser considerados y tratados como personas jurídicas, a los que han cerrado sus pequeños negocios sin la más mínima garantía, protección o compensación.
Un tema en extremo preocupante y que no encuentra lugar de reconocimiento, análisis ni discusión en ningún espacio legislativo, político o mediático es el alto nivel de corrupción de los sistemas judicial y penal. Sistemas donde todo se vende y todo se compra sin sombra de escrúpulos, lo cual profundiza la desigualdad y la desconfianza de los ciudadanos en la institucionalidad vigente.
Por cierto, en Cuba el desamparo judicial de los ciudadanos crece por la ausencia de formación jurídica, cívica y de derechos humamos en el totalmente estatal sistema de educación, el cual entrega a la sociedad ciudadanos carentes de la tan necesarias cultura jurídica y autoestima cívica.
Para nuestra sorpresa, el reporte del diario oficial Granma sobre el acto de inauguración del “encuentro” nos refiere que el señor Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, “resaltó la labor de Cuba, capaz de construir una sociedad con indicadores de justicia social muy altos”.
Resultan llamativas las festinadas y tendenciosas conclusiones que sobre la realidad cubana sacan personas con suficiente bagaje intelectual e información, a pesar de ser el mundo postmoderno tan transparente y cognoscible. Tal vez el señor Carranza debería poner en tensión todas las capacidades investigativas y analíticas de su Instituto para explicar cómo la tanta justicia social por el apreciada en nuestra Isla no impide la permanente crisis migratoria que ha puesto en fuga a cientos de miles de compatriotas, incluidos muchos vástagos del poder, y hoy genera tensión en varias naciones vecinas.
Resulta lamentable ver llegar a Cuba profesionales del derecho para interactuar con un gobierno que no tiene alternativas, no asume responsabilidades, ni acepta críticas, mientras el ejercicio y la cultura de derechos constituyen una muy compleja asignatura pendiente para las autoridades, tantas veces violadores y los ciudadanos casi siempre víctimas.
