LA HABANA, Cuba. -Los presos políticos cubanos han vuelto a recibir especial destaque en la prensa. Las afirmaciones del Cardenal Jaime Ortega sobre la supuesta inexistencia de ellos, han provocado natural rechazo en el seno de la oposición. Esto incluso se ha exteriorizado de modo que algunos han considerado irrespetuoso, y en un marco inapropiado como una recepción diplomática. Los debates acerca de quiénes deben figurar o no en las listas tampoco cesan.
La pretensión de elaborar una relación única de quienes están privados de libertad en Cuba por motivos políticos, parece bastante aventurada. Ojalá no termine como el intento por poner fin al cisma eligiendo un nuevo Sumo Pontífice, hecho en 1409 por los ilustres prelados reunidos en Pisa. Sólo lograron complicar las cosas, pues, a partir de entonces, la Iglesia, en lugar de dos papas, tuvo tres…
Los regímenes totalitarios como el castrista, enmascaran de diversos modos la fundamentación política del encarcelamiento de distintos ciudadanos. En la antigua Unión Soviética, los declaraban locos y los encerraban en manicomios. En Cuba, siempre que resulta posible, prefieren incoarles causas por inexistentes delitos comunes o los llamados “expedientes de peligrosidad”.
Con métodos de enmascaramiento como ésos, no siempre puede haber plena coincidencia sobre el tema. Esta misma idea es aplicable a la “Propuesta de Ley de Amnistía para Presos y Casos de Connotación Política”, formulada días atrás por un grupo de opositores. En este caso, con la agravante de no haber recabado asesoramiento legal de algún abogado independiente, según confesó uno de sus autores.
También incide la desinformación. Aunque el planteamiento no es novedoso, mi hermana de causa Martha Beatriz Roque lleva razón al plantear a 14ymedio: “En Cuba sí hay presos políticos, pero no son todos los que aparecen en las listas”. En las que publica con regularidad la Comisión que encabeza Elizardo Sánchez —conviene recordar—, se aclara de manera rutinaria que se trata de una relación parcial; sus miembros están conscientes de que, pese a sus esfuerzos, siempre hay personas que escapan a su radar.
Lo indudable es que en Cuba sí hay cautivos políticos. Las afirmaciones en contrario hechas por el Arzobispo de La Habana simplemente no se ajustan a la realidad. Es probable que un artículo de mi autoría, publicado por CubaNet el pasado 3 de abril, haya sido el primero en el cual se rebaten esas aseveraciones mendaces. Eso sí, de manera argumentada y sin falta de respeto.
Un enfoque acertado del asunto debe comenzar por la precisión en los términos utilizados. En este contexto, resulta importante la diferencia entre prisioneros políticos y de conciencia. Todos estos últimos poseen la primera condición, pero lo contrario no necesariamente es cierto.
En la ya mencionada entrevista, Martha Beatriz plantea: “No estoy de acuerdo con que aquellas personas que han venido a Cuba a realizar hechos violentos, actos terroristas o asesinatos, sean considerados presos políticos”. Aquí se entremezclan de manera indebida tres presupuestos de hecho bastante diferentes, cuyas evaluaciones jurídicas no deben coincidir necesariamente.
Discrepo de mi ex hermana de causa. Al menos a los integrantes del primer grupo (el de quienes pretendieron “realizar hechos violentos”) no hay por qué desconocerles la mencionada condición. La experiencia histórica en Latinoamérica —y en la Cuba prerrevolucionaria— es que, cuando se habla de cautivos políticos, es a ese tipo de personas a quienes generalmente se tiene en mente. Por sólo citar el ejemplo más obvio, tal fue el caso de los asaltantes al Cuartel Moncada, cuyas acciones dieron lugar a veintenas de muertes.
Algo similar ocurrió en nuestro país en los años sesenta: siguiendo las tradiciones nacionales, la generalidad de quienes fueron a parar a las cárceles castristas como “presos contrarrevolucionarios” había realizado actos nada pacíficos. No entiendo por qué ahora mi ex hermana de causa pretende privar de la referida condición a los émulos actuales de aquellos primeros reos anticomunistas.
Otra crítica equivocada es a que en las listas de presos figuren personas que están en libertad. Se trata de los miembros del Grupo de los 75 que, pese a las presiones del Cardenal Ortega, se negaron a emigrar. El problema aquí es que los feroces castigos a ellos impuestos continúan vigentes. Permanecen en la calle en virtud de una licencia extrapenal que puede ser revocada en cualquier momento. Esto implicaría su inmediato reinternamiento sin más trámites. De ahí que sea correcto mantenerlos en las listas.
Pese a las opiniones diversas, lo significativo es que el interés de la opinión pública se ha concentrado una vez más en esos compatriotas. Esto es importante, porque ellos son, sin dudas, los que de modo más directo sufren la represión del régimen.