Nueva patraña judicial contra un patriota cubano

Nueva patraña judicial contra un patriota cubano

El juicio celebrado en Guantánamo a un informador alternativo cubano pone de manifiesto una vez más la protervia del régimen castrista

Roberto Quiñones periodismo periodista independiente censura libertad de prensa cuba
Roberto Quiñones (foto archivo)

LA HABANA, Cuba. – No es ésta la primera ocasión que me veo moralmente obligado a escribir sobre el colega Roberto de Jesús Quiñones Haces. Este cienfueguero por nacimiento y guantanamero por adopción ha ocupado posiciones muy destacadas en la actual provincia más oriental de Cuba, primero, en el campo del derecho y la poesía; después, en el de la prensa independiente.

Como jurista, llegó a ser, sin dudas, el miembro más prominente del foro guantanamero y uno de los más destacados del país. Tengo fundamentos para afirmarlo, pues en esa época yo trabajaba como abogado en el Tribunal Supremo, lo que me permitía conocer y valorar el trabajo realizado por los distintos colegas del interior de Cuba. Quiñones descollaba entre todos.

Por aquellas fechas no podía catalogársele como activista prodemocrático. Pero sus defensas leales y estrictamente ajustadas a los principios de la ética profesional, provocaban la ojeriza de las autoridades. Por eso fue objeto de una primera patraña judicial que lo condujo a prisión por años. (Otro jurista, sí involucrado en los hechos justiciables, compareció como simple testigo. Era hermano de una fiscal provincial).

Tras extinguir por entero la arbitraria sanción, Quiñones solicitó su reincorporación a los bufetes colectivos, pero sin éxito. Incluso ha sido —hasta donde sé— el único letrado de Cuba al que en las dependencias del Ministerio de Justicia se le ha incoado un expediente con el objetivo de invalidar su título de Licenciado en Derecho. Aunque no se ha dictado resolución al efecto.

La nueva patraña judicial urdida ahora contra este prominente patriota cubano entra en el terreno de lo grotesco. El día 22 de abril él se encontraba en los portales del
Tribunal Municipal guantanamero junto a los parientes de dos cristianos que iban a ser juzgados por educar a sus hijos menores en su propio hogar, pues querían librarlos del adoctrinamiento comunista y ateo que impera en el sistema de enseñanza en Cuba.

Quiñones vio al oficial de la Seguridad del Estado alias “Víctor Víctor”, quien primero lo tocó en el hombre y después se puso a conversar con uno de los numerosos agentes policiacos presentes en las inmediaciones del Tribunal. El jurista intuyó que iban a arrestarlo. De inmediato, el corchete Yorvanis Vargas Tamayo se dirigió hacia él y, en efecto, le informó que estaba detenido.

Mientras era esposado con las manos a la espalda, Roberto de Jesús interrogó al agente sobre las razones de su detención. Se trataba de una pregunta nada superflua, pues la Ley de Procedimiento Penal plantea, en esencia, que un ciudadano sólo puede ser arrestado en situaciones específicas, que él, como abogado, sabía que no concurrían en el caso. La respuesta del agente represivo fue arrastrarlo hasta el carro de patrulla, y una vez allí, propinarle una brutal golpiza.

A raíz de la tunda, el jurista realizó los trámites correspondientes ante la Fiscalía Militar y el Departamento de Atención a la Ciudadanía del macabro Ministerio del Interior. No quería que alguien pudiera imputarle haber incurrido en una omisión. Como él pensaba, esas gestiones resultaron baldías: uno de esos órganos afirmó que el agente represivo actuó “en cumplimiento de su deber”; la otra entidad declaró que “no tiene jurisdicción para decidir sobre lo ocurrido”. Las respectivas quejas formuladas por Quiñones para ante las autoridades superiores llevan más de dos meses sin ser respondidas.

Este miércoles, Quiñones fue citado para el Tribunal Municipal de Guantánamo. Él, el vapuleado, comparecía acusado de los supuestos delitos de resistencia y desobediencia. El jurista y comunicador independiente califica la nueva farsa judicial con una frase terminante: “Una verdadera vergüenza”.

Los testigos presenciales de su arresto (y parientes de los cristianos juzgados el 22 de abril) no fueron citados. Los parcializados jueces consideraron que tampoco era necesario que compareciera el policía político alias “Víctor Víctor”. Para ello adujeron que —supuestamente— “la Seguridad del Estado no tiene nada que ver” con lo ocurrido.

Los certificados médicos de las lesiones sufridas, expedidos a raíz del arresto, no obraban en el expediente del caso. Las fotos y otras pruebas presentadas en el juicio por el mismo afectado fueron rechazadas por el Tribunal. Y ello por tratarse, según los miembros de este último… ¡de lesiones “autoinfligidas”! ¡Esposado con las manos a la espalda!

En lo tocante a la defensa, tampoco permitieron que Roberto de Jesús contara con ella. Para defenderse conforme lo autoriza la ley vigente, le exigieron presentar un papel de la Dirección Provincial de Justicia que avalase su condición letrada. ¡Esto el abogado más destacado y conocido de la provincia! De todos modos, en las tres ocasiones en que acudió para obtener el inútil documento, la burócrata encargada de firmarlo estuvo ausente. Tampoco pudo nombrar a otro defensor, pues no dispuso de tiempo para ello.

Pero lo más grotesco fue la actitud de los policías comparecientes. Por obra y gracia de sus declaraciones, el chofer de la patrulla, mero espectador, se convirtió en realizador del arresto, y viceversa. Cualquiera pensaría que el primero (a quien Quiñones no acusa, pues no intervino en su detención ni en la tunda) es un aberrado, deseoso de echarse encima culpas ajenas. Una actitud absurda, que sólo puede explicarse por el cumplimiento de órdenes superiores. El periodista independiente, a su vez, sería un atolondrado, que en lugar de acusar al perpetrador del abuso, se ensaña con un inocente espectador…

En definitiva, la parcializada corte la impuso una sanción de un año de trabajo correccional con internamiento. El reo, quien ya había anunciado que no estaba dispuesto a pagar ni una simple multa (y lo demostró al negarse a abonar la de carácter administrativo que ofreció imponerle la policía), ha expresado que tendrán que enviarlo a prisión, pues no se presentará a trabajar para el régimen.

Por suerte, autoridades de Estados Unidos —incluyendo al secretario de Estado Mike Pompeo— y la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa María Elvira Domínguez, se han solidarizado con el jurista. Pero es menester que no sólo los colegas de Quiñones Haces, sino también todas las personas de buena voluntad, se mantengan atentas a las ulteriores incidencias de este nuevo abuso del castrismo.

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