MIAMI, Estados Unidos.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha publicado su informe anual sobre la situación en Cuba con un balance todavía peor que el del año anterior. 2016 vivió un aumento de las detenciones arbitrarias en la isla comunista, con cerca de 1 000 casos más que en 2015.
Un total de 9 351 casos de ese tipo (5 383 mujeres y 3 968 hombres) fueron contabilizados en el año que recién concluyó pro la organización con sede en Madrid, España, indicando que las detenciones fueron hechas por la policía política “para impedir el ejercicio de los derechos de asociación, reunión y manifestación pacífica”.
Las organizaciones opositoras más afectadas por el incremento de la represión fueron la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con 48 miembros actualmente en prisión de 138 detenidos y 70 viviendas allanadas, junto con las Damas de Blanco, que llevan cerca de dos años siendo atacadas cada domingo por turbas progubernamentales organizadas por la Seguridad del Estado.
El OCDH hace énfasis en los casos de los activistas Eduardo Cardet y Danilo Maldonado “El Sexto”. El primero de ellos está siendo procesado por las autoridades de la isla, que piden tres años de prisión a la Fiscalía por un presunto “atentado a la autoridad”; el segundo fue arrestado a finales de noviembre tras haber realizado un grafiti en una pared y publicado un comentario en Facebook a propósito de la muerte de Fidel Castro.
La organización apunta además que la cuestión del acoso al proyecto Convivencia, que dirige Dagoberto Valdés en la provincia de Pinar del Río, confirma que se ha extendido la represión dentro de la sociedad civil en la isla.
El informe destaca que no ha habido ningún cambio positivo en Cuba a pesar del proceso de normalización de las relaciones con Washington iniciado hace más de dos años, ni del acercamiento entre el régimen y la Unión Europea, que derogó la Posición Común.
La OCDH considera que no se puede “evaluar la situación cubana y la efectividad de los cambios internacionales relacionados con Cuba, desde una perspectiva que no tenga en cuenta el ejercicio de los derechos y libertades”.
En Cuba siguen faltando las elecciones democráticas y el pluralismo político, algo que el Observatorio recuerda en su informe de 2016.
El régimen ha continuado vulnerando, además, en base a la discriminación por motivos políticos, derechos económicos asociados al cuentapropismo. Se ha constatado que ha varios trabajadores privados se les ha retirado su licencia de negocios “por hacer uso del derecho ciudadano de disentir públicamente del régimen cubano”.
Los derechos de los trabajadores también han sido tocados en el informe de 2016, señalando que los empleados no pueden elegir libremente dónde desempeñarse y recibir una compensación acorde a su aporte social, llevándolos a la precariedad del mercado ilegal.
Agrega el informe: “En los últimos seis años, el Gobierno cubano […] ha anunciado mayores medidas represivas y disciplinarias en los centros de trabajo bajo un modelo que pretende mantener la esencia del sistema: el colectivismo, la propiedad estatal de los medios de producción, la planificación, la centralización de las decisiones y la prohibición de la acumulación individual de la riqueza”
La contratación de obreros de la India por salarios que de entre 1 400 y 1 600 dólares también pasa por las observaciones de la organización, señalando la discriminación de empleados nacionales, que cobran quince veces menos.
Cuba además mantiene la discriminación por motivos de orientación sexual y raza, reprimiendo a organizaciones independientes que representan a varias comunidades LGBTI y organizaciones de diversidad racial.
El informe concluye que “la única solución al problema de todos los cubanos es una reforma integral, es decir, unos cambios constitucionales y legales que abarquen todas las esferas de la vida social [y estén acompañados por] políticas públicas que respondan a los ingentes problemas […] de los más pobres y desamparados, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos”.