MIAMI, Estados Unidos.- En el pasado mes de mayo, en Cuba se produjeron al menos 67 detenciones arbitrarias y 74 actuaciones represivas de otro tipo, principalmente de acoso, mediante citaciones policiales, denunció en su más reciente informe el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
En el texto, en el que el OCDH condenó los juicios sumarios ejemplarizantes que violan las garantías procesales de los imputados en la Isla, se dio a conocer además que las provincias más afectadas por los arrestos por motivos políticos fueron La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara.
De acuerdo a la red de activistas del OCDH, aunque el Gobierno no ha declarado de manera oficial el Estado de Emergencia, sí ha aprovechado para recrudecer de facto las ya existentes limitaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos, pues el régimen “ha continuado con las amenazas e imposición de multas a opositores y activistas utilizando el Decreto Ley 370, que limita de libertad de expresión”.
“Denunciamos la ola de juicios ejemplarizantes con la que el régimen busca intimidar a la población afectada por la mala situación económica del país. La utilización del sistema judicial para imponer el miedo, se realiza violando el debido proceso”, dijo Yaxys Cires, director de estrategia política del OCDH.
Al respecto, el empleo del método de “atestado directo” del procedimiento proceso penal “sumario” implica una fuerte limitación de garantías procesales para los imputados, que suelen enterarse formalmente de qué se le acusa —y tener acceso a un abogado— escasas horas antes del juicio, reza el informe.
Así mismo, el OCDH denuncia que varios de estos procesos han sido transmitidos por los medios oficiales de comunicación, para que los ciudadanos vean lo implacable que puede ser el sistema, y según la prensa oficial, solamente en La Habana se han realizado más de 500 juicios, principalmente por los delitos de desacato, desobediencia, resistencia, propagación de epidemia y actividad económica ilícita.
El activista dijo además que “es paradójico que el Gobierno lleve a juicios con guiones preestablecidos a personas por supuestamente no entender la gravedad de la pandemia al, por ejemplo, no usar mascarilla, cuando el propio Gobierno no ha declarado el estado de emergencia”.
“Es también un contrasentido que (el régimen) dé lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero”, agregó.
El 1 de mayo, fuerzas represivas del Gobierno cubano detuvieron e incomunicaron por más de 48 horas al activista Enix Berrio Sardá, —dice el informe— quien había presentado el 29 de abril una solicitud formal para que la Asamblea Nacional del Poder Popular declarara inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la Isla.
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