MIAMI, Estados Unidos. – El opositor Yordanys Labrada Téllez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en el municipio santiaguero de Songo La Maya, recibió un citatorio para presentarse ante los tribunales.
En la tarde de ayer, una funcionaria fue a la vivienda de Labrada Téllez para notificarle que este jueves tendrá lugar en el Tribunal Municipal Popular de Songo La Maya un juicio en su contra por el supuesto delito de “impago de multas”.
Labrada Téllez, que también promueve activamente Cuba Decide, ha sido blanco de varios ataques por parte del Departamento de la Seguridad del Estado en los últimos meses.
En agosto, fue multado con una cuota de 1 000 pesos en moneda nacional (CUP). Su vivienda fue allanada en el mes de septiembre en presencia de sus hijos pequeños, quienes tuvieron que ver oficiales uniformados desorganizando la casa, ocupando sus pertenencias y luego subiendo a su padre en un auto de patrulla.
En ese mismo mes, tanto Yordanys como su esposa Arianna Ávila Gilart fueron perseguidos y detenidos por oficiales en la vía pública para ser amenazados con prisión por su militancia en la UNPACU.
Según el opositor, debe alrededor de 2 500 pesos, monto total de tres multas que le han sido impuestas arbitrariamente.
“Mi posición es la misma, no las pagaré, estaría reconociendo que cometí el delito. Finalmente, si me llevan a prisión no es por impago de multas, sino por ser opositor, el delito puede ser cualquiera. La dictadura tiene un largo listado de delitos comunes para llevarnos a prisión”, declaró a CubaNet.
Un ejemplo de las violaciones a las que se refiere Labrada ocurrió el 21 de septiembre, día en que fue arrestado y multado con 1 000 pesos por tener una foto de José Daniel Ferrer y una pegatina de Cuba Decide en la puerta de su casa.
“No tengo que ir a la norma para saber que es una violación porque las pegatinas estaban en su domicilio no en el espacio público”, corroboró a este diario Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex.
Otra de las multas que debe Labrada fue impuesta por un capitán de apellido Torres, el cual aseguró que el opositor le pagó a una persona 10 CUC para que colocara pegatinas en Alto Songo. Sin pruebas ni testigos, lo multó con otros 1 000 pesos.
“Él me aseguró que cada vez que aparecieran carteles en mi localidad iban a culparme a mí porque sencillamente le daba la gana”, denunció Yordanys.
Las multas impuestas a los integrantes de la UNPACU entre los meses de agosto, septiembre y octubre sobrepasan los 25 000 pesos en CUP, sin mencionar que la mayoría ya se han duplicado o triplicado.
“Uno de los motivos por los cuales no hay documentación en organismos internacionales sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba es porque los activistas no presentan recursos legales para demostrar que esto es una estrategia de la Seguridad del Estado. Aunque pagar el dinero es injusto, el mayor riesgo es ir a prisión”, indicó Diversent.
De 138 prisioneros políticos que registró recientemente Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, más de 35 son parte de la UNPACU y promotores de Cuba Decide. Los delitos que ha utilizado el régimen han sido todos comunes, como desacato, amenaza, atentado, propagación de epidemias e impago de multas.
“Tenemos la oportunidad de apelar y llevar el caso hasta los máximos niveles y Cubalex está disponible para asesorar. A veces las multas no están relacionadas ni siquiera con la disposición legal que aplican y necesitamos información para explicar a estos organismos cómo funcionan las autoridades dentro de Cuba y que comprendan que el objetivo es afectar a los activistas social, política y económicamente, tanto si pagan la multa como si van a prisión”, explicó la abogada.
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