MIAMI, Estados Unidos. — Cinco Mandatos y grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han acusado al régimen cubano de mantener un patrón gubernamental de control y represión religiosa institucional contra el islam y las religiones católica, protestante y yoruba.
La respuesta del organismo multilateral se produce a raíz del informe Libertad y Represión Religiosa en Cuba —elaborado en 2022 por la ONG Prisoners Defenders, en colaboración con Outreach Aid to the Americas (OAA)— y la adenda presentada el 1 de septiembre de 2023.
Este pronunciamiento de la ONU intensifica la presión internacional sobre el régimen cubano, cuestionando su compromiso con los derechos humanos y la libertad religiosa, siendo el último desarrollo de una creciente preocupación global sobre la represión religiosa en Cuba.
El informe de 2022 señala que la dictadura castrista reprime y controla de manera absoluta todas las prácticas religiosas en la Isla. Asimismo, ha establecido varias agrupaciones ficticias, dirigidas por la Seguridad del Estado y la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos (OAAR), que sirven a los intereses del Partido Comunista (PCC). Se trata de la Asociación Cultural Yoruba, la Liga Islámica de Cuba, el Consejo de Iglesias y Pastores por la Paz.
El documento amplía que estas organizaciones son utilizadas para silenciar y controlar a las comunidades religiosas, creando un ambiente de represión sistemática.
La designación de Cuba como Country of Particular Concern (CPC) por parte del gobierno de los Estados Unidos, tras la adopción del informe por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos (USCIRF), ha aumentado la presión sobre el régimen cubano.
El informe detalla que la situación no ha mejorado en 2023 y presenta 13 casos de represión religiosa en Cuba, incluyendo líderes y feligreses de las religiones yoruba, islámica, cristiana y evangélica. La carta de las Naciones Unidas acusa explícitamente al régimen cubano de violar diversos derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, reunión pacífica y asociación.
La represión religiosa en Cuba ha sido objeto de advertencias anteriores por parte de las Naciones Unidas, pero la nueva denuncia profundiza en los patrones de control, hostigamiento, amenazas y malos tratos a religiosos, destacando la planificación gubernamental y la implicación directa de la OAAR, vinculada al Comité Central del Partido Comunista.
La carta acusatoria, conocida como JAL CUB 4/2023, fue presentada por cinco Mandatos y Relatores Especiales de Naciones Unidas, incluyendo prácticas de torturas, tratos crueles e inhumanos, violación de la libertad y seguridad personales, y violación del derecho al debido proceso, entre otros.
Las autoridades cubanas aún no han respondido a las acusaciones formuladas por las Naciones Unidas. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca el caso, instando al régimen cubano a abordar estas preocupaciones y respetar los derechos fundamentales de libertad religiosa. La carta fue firmada por Nazila Ghanea, relatora especial sobre la libertad de religión o de creencias; Matthew Gillett, vicepresidente de comunicaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clement Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y Nicolas Levrat, relator especial sobre cuestiones de las minorías.
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