MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno cubano está redactando una normativa complementaria al controvertido Decreto 349 con la que espera responder “a las preocupaciones de los creadores y los artistas”, que temen que esas regulaciones se utilicen como herramienta de censura.
“La norma complementaria responderá a las preocupaciones de los creadores y los artistas”, afirmó hoy en un programa de la televisión estatal el viceministro cubano de Cultura, Fernando Rojas, quien insistió en que el 349 “no es un decreto contra la libertad de creación”, que está “consagrada en la Constitución”.
Rojas no especificó en qué consistirá la normativa complementaria, si revocará alguno de los contenidos más polémicos del Decreto ni si la preparación de esas normas anexas implica que el 349 no entrará en vigor este viernes como estaba previsto.
Numerosos artistas han mostrado en los últimos meses su preocupación por este decreto y algunos de ellos trataron esta semana de llevar a cabo protestas pacíficas ante la sede del Ministerio de Cultura y acabaron detenidos, aunque ya han sido liberados.
Entre los reproches más repetidos por los creadores, además de la potencial censura, está el que el Gobierno no les haya consultado a la hora de desarrollar la normativa que regirá su sector.
Pero según el viceministro sí que ha existido debate y más de cincuenta reuniones con “centenares” de artistas y escritores agrupados en las oficialistas Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y Asociación Hermanos Saíz (AHS).
“El debate va a continuar hasta que concluyamos la discusión de la norma complementaria con los artistas (…). Las discusiones han sido muy fecundas y nos han ayudado a conocer importantes defectos que tienen las instituciones y que estamos en obligación de resolver”, subrayó.
El punto más polémico del Decreto 349 es el que obliga a que los artistas estén adscritos a una institución cultural del Estado, a la que deben solicitar permiso expreso para poder actuar, exponer y comercializar su trabajo.
El artículo 2.1 del Decreto establece como contravenciones prestar “servicios artísticos sin estar autorizado para ejercer labores artísticas en un cargo u ocupación artística” y que un artista “brinde servicios artísticos sin la autorización de la entidad que corresponda”, entre otras.
Por contra, Rojas aseguró que “para nada aparece en el decreto que el artista tenga que pedir un permiso para exhibir su obra” y que las “regulaciones de la comercialización están establecidas desde hace mucho tiempo”.
“El decreto no aporta nada nuevo a cómo se comercializa la obra de arte, sino que vela por que se cumplan las regulaciones establecidas para la comercialización”, aseveró.
A su juicio, asuntos que “causan mucho interés” como este, “son objeto preferente de malas interpretaciones”.
El funcionario aclaró asimismo las atribuciones de la figura del “inspector” que establece el Decreto 349, otro de los asuntos polémicos debido a que esta figura será la que vele por el cumplimiento de la normativa y tiene entre sus potestades suspender un espectáculo o proyección.
“En la norma complementaria estará claro que la actuación del inspector, salvo violaciones muy claras de la legalidad, sea siempre resultado de un análisis colectivo previo”, precisó el viceministro.
El Gobierno aduce que el decreto es un “avance para detener la oleada globalizadora” y “el retroceso de la calidad del consumo cultural”, a la vez que busca desterrar del arte el uso inadecuado de los símbolos patrios, la pornografía, la violencia, el lenguaje vulgar o sexista o la discriminación por raza, género, orientación sexual o discapacidad.
Tanto la organización Amnistía Internacional como el Departamento de Estado de EE.UU. se han pronunciado en contra del 349 al considerar que contraviene el derecho a la libertad de expresión y puede ser empleado para censurar contenidos.
EFE
