Discriminación académica es política de Estado en Cuba, señala informe

LA HABANA, Cuba. – La discriminación contra estudiantes y profesores en la educación superior en Cuba constituye una práctica sostenida y una política de Estado. Así lo demuestra el primer informe presentado este jueves 27 de agosto por el Observatorio de Libertad Académica, organización independiente que cuenta con el apoyo de Civil Rights Defenders, Aula Abierta y el Programa Cuba.

Buscamos “evidenciar que todas las formas de degradación, persecución ideológica o política, restricción a la libertad de expresión y expulsión de las universidades han sido formas sistemáticas de perseguir a todos aquellos que no se han adecuado a los lineamientos del Partido Comunista de Cuba (PCC)”, detalla el escrito.

El informe Discriminación política en la educación superior cubana como una violación al derecho a la libertad académica, documenta cuatro casos de despidos arbitrarios, ataques y represalias contra investigadores y profesores universitarios por motivos políticos.

Se abordan los ejemplos de Ariel Ruiz Urquiola, investigador del Centro de Investigaciones Marinas (CIM) de la Universidad de la Habana (UH), separado definitivamente de su cargo en 2016; Omara Isabel Ruiz Urquiola, profesora de Cultura Cubana e Historia del Diseño del Instituto Superior de Diseño (ISDi), despedida en 2019; Dimas Cecilio Castellanos Martí, profesor del Instituto de Ciencias Agropecuarias de La Habana (ISCAH), expulsado del centro en 1977; y Enrique Patterson, profesor del Departamento de Filosofía de la UH, separado definitivamente de la docencia universitaria en 1981.

El proyecto de investigación estuvo a cargo de un equipo integrado por profesionales cubanos y extranjeros: Omara Ruiz Urquiola, José Raúl Gallego, Sergio Ángel, David Gómez Gamboa, Catalina Rodríguez y Alejandra Suárez.

José Raúl Gallego, profesor de periodismo e investigador, explicó que la indagación abarcó varios meses y tuvo como detonante las palabras de la Viceministra cubana de Educación Superior Martha Mesa Valenciano, quien, en agosto de 2019, manifestó: “El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”.

Para este primer informe, los investigadores se basaron tanto en consultas bibliográficas como en entrevistas a las víctimas y en revisiones de textos publicados por la prensa.

Una de las mayores dificultades que ha debido enfrentar el proyecto es “que hay muchas personas que han sido víctimas de estos abusos y no quieren hacerlo público. Por varias razones: porque fue un momento muy difícil para su vida y quieren olvidarlo, o porque están en Cuba y tienen miedo a otras represalias”, declaró Gallego.

Sergio Ángel, coordinador del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, manifestó que, si bien el interés particular ha sido demostrar la discriminación política e ideológica en las universidades como parte de una política del Estado cubano, en próximos informes abarcarán además otros tipos de discriminaciones, como la sexual y la religiosa. Para ello, se basarán no solo en la documentación de los casos, sino en documentos institucionales y discursos.

El presente documento cita referentes históricos como el discurso de Ernesto “Che” Guevara, el 17 de agosto de 1959 en la ciudad de Santiago de Cuba, en el que contraviene el concepto de autonomía universitaria contenido en varios tratados internacionales.

Asimismo, se analiza el Acuerdo No. 8625 del Consejo de Ministros, del 5 de septiembre de 2019, que “violenta el derecho a la libertad de Pensamiento, Conciencia, Culto o Religión” al plantear: “Los rectores de las universidades y directores de ciencia, tecnología e innovación, priorizan y autorizan el acceso a las maestrías y doctorados a los recién graduados incorporados a la actividad docente, científica, la innovación y la creación artística y a otros que por especial interés estatal así lo requieran y para ello tienen en cuenta, además de la necesidad de su superación, los requisitos siguientes: (…) c) demostradas cualidades político-ideológicas.”

Respecto al interés en visibilizar estas historias, Gallego expone: “Creemos que esta ha sido una práctica sostenida violatoria de derechos básicos en un sistema de educación que pagamos todos con nuestros impuestos y que se dice público, y que, por tanto, no puede tener cabida ese tipo de discriminaciones por motivos ideológicos. La libertad académica es un derecho reconocido internacionalmente. Son muchas historias, muchas personas que han sido víctimas de este tipo de prácticas, que les ha cambiado la vida por completo y no han tenido justicia”.

“Buscamos además plantarle una presión al gobierno cubano ‒añade Gallego‒, que sepa que este tipo de prácticas no van a quedar impunes (…) que se van a saber en el mundo, (…) en las universidades que tienen convenios con Cuba, universidades de países democráticos donde estas prácticas no serían toleradas jamás”. Pretendemos además que “sirva como un mecanismo de protección para las personas que en un futuro pudieran ser víctimas de esto”.

Con el presente informe se inicia una serie de entregas mensuales que pretenden documentar la violación sistemática de los derechos civiles de estudiantes y profesores en las universidades cubanas. “Ellos, que durante años han vivido la persecución de las autoridades políticas y se han visto obligados a doblegarse a los lineamientos ideológicos del partido, so pena de ser sancionados, degradados y humillados en una sociedad que no ofrece más oportunidades que las que otorga el Estado”, revela el documento.

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