LA HABANA, Cuba. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares para los activistas Nancy Alfaya, María Elena Mir y Jorge Olivera por considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, dice textualmente el documento emitido este miércoles 5 de febrero.
La medida, que hace especial énfasis en estas dos mujeres defensoras por haber sido objetos de “constante seguimientos y hostigamientos por parte de las autoridades estatales”, solicitó a Cuba que adoptara e informara sobre las medidas que debía tomar para preservar su integridad física, así como que puedan continuar con sus labores.
El Estado cubano tiende a ignorar estos recursos legales para los defensores de los Derechos Humanos en Cuba, después de haber analizado toda la información recibida por el órgano de la OEA. El día a día de Nancy Alfaya, Jorge Olivera y María Elena Mir se traduce en estrés, momentos desagradables, una patrulla frente a la puerta, amaneceres rodeados de un operativo policial, un desconocido tocando a la puerta para amenazar, una detención en medio de la calle después de haber salido de una reunión de amigos o de casa de un familiar, estar bajo la categoría de “reguladas”, apenas poder salir de sus casas.
“Todos los encuentros con ellos son desagradables”, dice Nancy Alfaya, y María Elena Mir sobre cuál ha sido el peor responde: “Toda la represión es horrible, no hay ninguna que no pueda recordar con una mezcla de dolor y de agonía. Todas, las detenciones y el registro que me hicieron donde me incautaron todos mis bienes de trabajo y también mis pertenencias, incluso hasta el poco dinero que tenía. Me tuve que enfrentar a seis hombres dentro de la casa y cuatro allá afuera, estaba además la policía, Villa Marista y el famoso Alejandro”, y el delito de ambas mujeres es defender los derechos de varios grupos vulnerables.
En estos momentos Alfaya se encuentra bajo “un Control de Personas de Interés policial”, según denunció recientemente su esposo, el poeta y ex preso político Jorge Olivera, sobre el que también se extiende la medida cautelar. No obstante, es ella quien debe durante nueve meses, presentarse en el sector de la policía “por una mala conducta moral y social” y “por no trabajar”, lo que puede implicar para la ex Dama de Blanco y defensora de los derechos de las mujeres un posible encarcelamiento.
Mientras, María Elena Mir trabajando con sindicalistas también cree que el ser mujer es un detonante para que el “acoso y la intimidación” sean especialmente agudos en sus casos, aunque “eso sucede por las acciones que realizo, porque trabajo con la sociedad civil cubana, con los trabajadores y eso es una de las cosas que a ellos les preocupa, que el pueblo te respalde”.
Nancy Alfaya es una de las principales promotoras de la campaña #UnidasPorNuestrosDerechos, pero ha llevado a cabo otros proyectos como Mujer No Dejes tu Lugar y es miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. María Elena Mir dirige la Confederación Nacional Obrera Independiente de Cuba. Ninguna de las dos pretende dejar de manifestarse ni dejar de luchar por lo que creen justo.
Las medidas cautelares quizás no sean suficientes para que estas mujeres y el poeta Olivera recobren la normalidad de sus vidas, pero, con estos documentos, el Estado cubano en su proceder dictatorial tiende a sentirse observado por el mundo y aunque no reconozca a la CIDH como una autoridad a la que tiene que rendir cuentas, corre el riesgo de que su imagen se deteriore aún más ante otros estados miembros de la OEA con los que sí les interesa mantener relaciones. La experiencia con otras organizaciones, personas opositoras, periodistas o activistas sobre los que la CIDH se ha pronunciado sirven de ejemplo para afirmar que, si los órganos represivos no se dejan de existir, al menos, les tiembla la mano cuando se sienten señalados por personas con poder para hacerlo.
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