VILLA CLARA, Cuba. ─ A la orilla de un callejón que colinda con un antiguo taller en desuso, Domingo Sosa León ha plantado cerca de seis surcos de maíz, habichuelas, calabazas y boniato. Desde el concurrido policlínico de Maleza se divisan las pequeñas parcelas a ambos lados de la callejuela ahuecada por la que suelen discurrir agua albañales. Aunque, se supone, que esos metros de terreno pertenezcan al estado, Domingo ni siquiera pidió permiso para regar las primeras semillas en lo que antes fuera un vertedero estéril de animales en descomposición.
“Bastante trabajo que me costó limpiar todo esto”, apunta Domingo, de 69 años, que recoge habichuelas a punto de mediodía. “Viendo la situación que había con el tema de la alimentación empecé a sembrarlo, para comer yo, y para repartirlo entre los vecinos. A veces vendo alguito, pero no es que de tanto dinero”. Domingo comenta que fue chofer del Instituto de Viandas Tropicales (INIVIT) durante 35 años, lo que le otorgó cierta experticia para el manejo de las plantas. En áreas cercanas, ha asesorado la siembra de otras parcelas en los bajos de edificios o en patios de viviendas.
Gran parte de los vecinos de zonas urbanas y suburbanas como estas en Santa Clara han ocupado terrenos estatales para sacarle algún beneficio ante la crisis alimentaria agudizada por la pandemia. En el último año, varios spots televisivos se han enfocado en hacer un llamado a la población mediante el programa “Cultiva tu pedacito”, una campaña lanzada para paliar la escasez de productos de alta demanda en las casas cubanas. De acuerdo con esta idea, urdida desde la Dirección Nacional de los CDR, se pueden usar “macetas, latas, azoteas y balcones” para potenciar cultivos de ciclo corto. Según el periódico Granma, más de 4 000 patios se encuentran incorporados al movimiento.
Ante el llamado a incrementar la producción urbana, zonas baldías han sido aprovechadas poco a poco por la población que las habita. “Este pedazo estaba lleno de basura y nos lo cogimos, si es que se puede decir así. Empezamos recogiendo poquitas cosas, habichuelas, sobre todo, pero la gente que pasaba nos empezó a preguntar si los vendíamos”, refiere Tomás, un almacenero ya retirado que ocupó también un área estatal para sus cultivos en una zona periférica de la ciudad. En pocos meses ha logrado surtir de viandas y ensaladas a una “placita” virtual que hace entregas a domicilio. Supuestamente, estos nuevos agricultores urbanos deben producir para su autoconsumo, sin embargo, muchos ya aprovechan la venta del excedente sin contratos de por medio.
“Yo lo vendo a precios asequibles, no sé si será legal o no, porque al final la tierra no es mía por papeles” agrega Tomás.
“El precio que le ponen los otros vendedores ya no es mi problema. Al final, si me sobran cinco manos de plátano y yo fui el que pasó trabajo para que se me dieran, no las puedo regalar, así como así. Yo creo que estamos resolviéndole a la gente la situación que hay con las ensaladas y las viandas que no se encuentran en los mercados”.
En los últimos meses, y sobre todo en los barrios más alejados del centro de la ciudad resulta, bastante usual toparse con sembrados en terrenos que nadie reclama o que, en realidad, no se contemplan como propiedad perimetral de las viviendas. Al tiempo en que “cualquiera siembra donde quiere”, parcelas cercadas y conocidas como organopónicos permanecen con canteros vacíos y exentos de los productos que sus usufructuarios deben ofertar por el propio contrato de esa tierra.
Sin tope de precios, pero…
Durante el período especial surgieron en Cuba la red de organopónicos para paliar la necesidad alimentaria y la falta de fertilizantes o productos químicos que mantuviera la producción agrícola en los campos. Muchos de estos huertos fueron adquiridos en usufructo mediante el decreto ley 358 que permite a las personas naturales usufructuarias de tierras, que no tengan como finalidad el autoabastecimiento familiar, se vinculen “por medio de contratos a empresas estatales agropecuarias, azucareras o forestales; granjas estatales con personalidad jurídica; unidades básicas de Producción Cooperativa; cooperativas de Producción Agropecuaria; o cooperativas de Créditos y Servicios, mediante las cuales podrán adquirir insumos agropecuarios, recibir servicios y comercializar sus producciones”.
Sin embargo, los organopónicos parecen no haber ofrecido el fruto esperado en el último quinquenio, situación agravada con la pandemia, la carencia de recursos para producir y la ausencia de un mercado mayorista que provea a estos agricultores del material necesario para atender sus cultivos. De acuerdo con datos de la agencia Reuters en 2020, Cuba importa “alrededor de dos tercios de los alimentos que consume a un costo de unos 2 000 millones de dólares anuales, además de suministros agrícolas claves como fertilizantes, maquinaria y alimentos para animales”.
El tope de precios antes establecido para la venta de alimentos también provocó que muchos usufructuarios dejaran de sembrar los organopónicos, porque no les daba la cuenta la inversión de recursos y contratación de personal respecto a la ganancia final de sus productos. La mayoría de estos agricultores optaban por vender viandas, ensaladas o especies que ni siquiera cosechaban en su terreno.
Osvaldo López, trabajador de uno de estos organopónicos, propone quimbombó y lechugas en las calles de Santa Clara encima de un bicitaxi. “El quimbombó es algo que no lo puedes vender por libras, porque no te da negocio, hay que venderlos por potecitos o jabas. El quimbombó no pesa nada, ¿entiendes? Nosotros lo sembramos, pero no lo podemos vender en el mismo organopónico a este precio, porque los inspectores podían multarnos”.
Aprobado recientemente, el Decreto 35/2021 estableció nuevas regulaciones sobre el proceso de comercialización mayorista y minorista de productos agropecuarios, cuyos objetivos, en general, estuvieron dirigidos a una flexibilización que eliminara las trabas antes existentes para incentivar la siembra, producción, acopio y venta en los diferentes mercados. En otras palabras, se les otorga cierta vía libre a muchos cuentapropistas del sector que antes se encontraban regidos por topes de precios y demás impedimentos para comercializar sus productos y los de otros proveedores.
A partir de este momento, cada quien gestiona su propio negocio con permisibilidades como la venta al turismo o a restaurantes privados, la recontratación o la renta de espacios en los propios mercados. Sin embargo, para que los organopónicos produzcan realmente lo que se espera, son otras las barreras que aún deben suprimirse, entre otras, la rebaja de los impuestos mensuales a estos usufructuarios o un mercado que les garantice las semillas a precios módicos para garantizar siembras estables.
Desde que se puso en práctica la nueva medida, en el organopónico “Los álamos”, Roberto Torres ha comenzado a vender ajo y cebolla, además de los productos que él mismo siembra y cosecha en el lugar. Para que sus cosechas prosperen utiliza humus de lombriz y otros desperdicios orgánicos como fertilizantes. “Esto es dificilísimo. Lo primero es tener el criadero de lombrices y después vigilarlo para que no te los roben porque la gente los coge para pescar. Además, tienes que alimentarlas y tenerlas mojadas todo el tiempo”, comenta Roberto.
En cuanto a los cultivos, este usufructuario refiere que casi nunca se encuentran semillas en la empresa y que las de lechuga, por ejemplo, las venden en el mercado particular a 3 000 pesos la libra. En ocasiones, los trabajadores de los organopónicos deben moverse hacia otros municipios en camiones alquilados para comprar a otros campesinos las semillas o las posturas para sembrar sus canteros.
“Las semillas son carísimas”, apunta Roberto. “La libra de habichuelas está a 1500 pesos. Imagínate, casi que da más negocio sembrar la habichuela para semilla que venderlas al pueblo. Claro, eso no lo voy a hacer, pero voy a pensar en tener algunos canteros para semillas. Ahora mismo, todo está a oferta y demanda. A nosotros nos conviene más que sea así”.
Sin embargo, si antes muchos de estos agricultores debían pagar al estado por el arrendamiento cerca de 700 pesos, ahora la tarifa subió a 10 500 mensuales, una cifra que, según ellos, no se corresponde con las ganancias que obtienen de sus organopónicos, uno de los motivos de la subida de precios de algunos de los productos que cosechan.
“Ahora habrá que vender, porque si no vendes te lo quitan”, agrega Roberto. A pesar de suprimido el tope de precios, aún no se elimina la facultad de las autoridades locales para regular los mismos en cada municipio o provincia. Ha transcurrido, no obstante, poco tiempo para que la medida ofrezca frutos palpables en los puntos de venta. Hasta tanto, los terrenos seguirán ociosos, los mercados vacíos y deprimidos los bolsillos de los cubanos.
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