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Domingo, 10 de diciembre 2017

MUAD denuncia ‘deriva anticonstitucional’ de Cuba y Venezuela

El fenómeno tiene ‘alcance hemisférico’

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De izquierda, Manuel Cuesta Morúa, Yoanna Columbié Grave de Peralta y Eroises González Suárez, miembros de la MUAD (Archivo)

MIAMI, Estados Unidos.- La opositora Mesa de Unidad de Acción Democrática y la Plataforma Ciudadana #Otro18 han denunciado en un comunicado de prensa su preocupación por la “deriva anticonstitucional” de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Según dichas organizaciones independientes cubanas, el fenómeno “está teniendo ya alcance hemisférico y que compromete la atmósfera de paz y estabilidad regionales”.

CubaNet reproduce la declaración de los opositores cubanos:

La Habana, 16 de mayo de 2017

Declaración

La Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD) y la Plataforma Ciudadana #Otro18 (#Otro18) quieren compartir con los ciudadanos cubanos y la comunidad internacional una preocupación cardinal, que está teniendo ya alcance hemisférico y que compromete la atmósfera de paz y estabilidad regionales: la deriva anticonstitucional de los gobiernos de Cuba y de Venezuela.

Esta deriva es más evidente en el caso de Venezuela por su importancia geoestratégica, su inserción en los organismos regionales, la mayor visibilidad de su sociedad civil y la clara ruptura política de su estado mínimo de derecho. Lo es menos en el caso de Cuba, donde la ausencia de estado de derecho, la debilidad de una sociedad civil que se intenta quebrar por mandato y represión, y la narrativa sobre un tipo de democracia diferente continúan distorsionando la percepción sobre su sistema y proceso políticos.

Pese a las diferencias, ambos gobiernos comparten una misma agenda política: la puntillosa y deliberada destrucción de sus correspondientes estados de legalidad, para construir un nuevo modelo de inconstitucionalidad permanente dentro de un régimen cívico-militar que se refugia detrás del uso político de la soberanía de los Estados, como contraria a la soberanía popular o de los ciudadanos. Ambos gobiernos cooperan más entre sí que con sus respectivos pueblos, en su interés de estabilizar regímenes francamente antipopulares. 

En el caso de Cuba esta deriva anticonstitucional es cada vez más notable en la última década. A la tradicional violación de la Constitución vigente como política de Estado, históricamente justificada en las necesidades de la revolución la importación de braceros bien pagados de la India es un último ejemplo humillante,  se une la flagrante violación de las leyes de procedimiento penal en el trato policial con la creciente sociedad civil, sean los vendedores de misceláneas, los que garantizan la movilidad cotidiana de los ciudadanos en todo el país o los activistas pro derechos humanos y prodemocracia.

La creación y creciente visibilidad de grupos de odio que todas las semanas, y sin variación, atacan con todo el manojo posible de violencias a las Damas de Blanco, y a activistas de otras organizaciones que practican acciones cívicas no violentas en las calles, se ha convertido ya en política pública estructural,  junto al uso desfachatado de la tortura, en su amplia gama, a pesar de que Cuba es firmante de la Convención contra la Tortura, de las Naciones Unidas, y codo a codo con la recuperación del tipo de prácticas represivas de la época pre revolucionaria. Todo esto niega así las leyes y las opacas garantías ciudadanas reconocidas por aquellas.

Y en los últimos tiempos se ha venido instalando una práctica poco sofisticada de perversión legal,  consistente en amparar la voluntad del gobierno en la utilización antijurídica, y con fines políticos, de los mecanismos procedimentales: órdenes de registro sin mandato de los tribunales o causa judicial abierta, registros en viviendas con violación de los términos establecidos, citaciones policiales que encubren falsos positivos (un policía inexistente que otorga jurisdicción a citaciones de la policía política sin jurisdicción, para entrevistas intimidatorias con activistas), detenciones ilegales en las viviendas, retención, decomiso o apropiación indebida por parte del Estado de bienes de propiedad personal en aduanas, viviendas, o en detenciones y registros ilegales en las calles; retención ilegal de pasaportes, detenciones express de activistas para impedirles que lleguen a los aeropuertos o a sus encuentros;  neutralización del ejercicio cívico de los derechos con figuras penales de delito común; utilización de los vacíos legales en el derecho internacional para la creación de blogs difamatorios, que incitan a la violencia civil y entre ciudadanos, y fomentan el odio, el racismo y la misoginia, hackeo desfachatado de cuentas en Internet o escuchas ilegales de la comunicación entre ciudadanos son, de una lista movida de acciones contrarias a derecho, un muestrario del peligrosamente intenso vaciamiento legal de la acción de Estado en Cuba. A lo que se agrega el silencio de las fiscalías, tanto municipales como nacional  las que deben velar por el cumplimiento de la legalidad,  ante las decenas de miles de denuncias ciudadanas.

Un nuevo desarrollo viene adquiriendo esta práctica del gobierno: la interpretación revolucionaria de derechos ciudadanos.

Víctimas específicas de esta última involución en la naturaleza del derecho y la jurisprudencia vienen siendo los que animamos los proyectos Inserción y Cambio 2018, del Partido Autónomo Pinero; Candidatos por el Cambio y la Plataforma Ciudadana #Otro18. También los activistas de las campañas Un Cubano, un Voto, del Movimiento Cristiano Liberación y de CubaDecide. Como es sabido, los tres primeros proyectos, con premisas, puntos de partida y estrategias diferentes entre ellos, comparten un punto: la propuesta de presentar candidatos independientes en las venideras elecciones municipales.

Y la reacción del gobierno ha sido la de violar o envilecer su propia legalidad para seguir controlando las instituciones a costa de su legitimidad y credibilidad. Ya viene desarrollándose un patrón de politización de la judicatura, a través de escenarios de criminalización común del sufragio independiente. Cinco candidatos independientes, en este caso de la Plataforma #Otro18, han sido incriminados o están en vías de serlo con el objetivo de privarlos de sus derechos civiles y políticos para impedirles su postulación en las venideras Asambleas de Nominación de Candidatos. Tales son los casos de Alexei Gámez, en Matanzas; José Casares, en Pinar del Río; Rolando Columbié, en Holguín, y José Díaz y Eliecer Ávila en La Habana. 

Del mismo modo, a muchos activistas que han decidido participar en las Asambleas de Rendición de Cuenta que se desarrollan en todo el país se les ha impedido asistir, o se les priva del ejercicio de la palabra en dichas reuniones. #Otro18 tiene conocimiento de al menos un caso de un ciudadano en el municipio de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, que ha sido condenado a un año de trabajo correccional con internamiento por expresar sus críticas a la inefectividad del Poder Popular y de las Asambleas de Rendición de Cuentas. De hecho, muchas de estas Asambleas están siendo custodiadas tanto por la policía nacional como por agentes de la policía política, en un ejercicio intimidatorio de bravata de Estado, que se extiende a la visita a electores en determinadas circunscripciones para disuadirles de que voten por candidatos independientes.  

Estos desarrollos no son una mera violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o una contradicción con los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, firmados por el gobierno cubano y no ratificados por la Asamblea Nacional. Son un ataque al núcleo mismo de la Constitución y las leyes cubanas, vulnerando el precario menú de derechos que estas reconocen a los ciudadanos. Por este camino y con estos pasos, las autoridades cubanas se colocan en el umbral de la deslegitimación de las venideras elecciones municipales en Cuba, y con ello, del edificio mismo del sistema político cubano.

La condición de ciudadano se funda en el nacimiento o en la naturalización, según los Artículos 28 y 29 de la Constitución vigente en Cuba, no en la condición revolucionaria de los nacionales o en su militancia en el Partido Comunista.

 Boris González Arenas, Portavoz de la MUAD

Manuel Cuesta Morúa, Portavoz de #Otro18 

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