LA HABANA, Cuba – Recientemente autoridades de Educación organizaron una encuesta obligatoria a los alumnos del Instituto Tecnológico José Ramón Rodríguez, ubicado en el capitalino barrio del Vedado, sobre la existencia de teléfonos y computadoras en sus hogares. Este reportero entrevistó a varios estudiantes y ellos reportaron desconocer el motivo de la encuesta. Al mismo tiempo, el alumno jefe de grupo que dirigió la pesquisa reconoció que solo cumplió con las orientaciones de la Dirección del Centro Docente.
Esta investigación no es de carácter aislado. En la Escuela Constructores del Futuro, del periférico municipio La Lisa, también se llevó a cabo la misma investigación. De la misma manera, en el municipio Plaza, la encuesta es realizada por jóvenes recién graduados en cumplimiento del Servicio Social.
CubaNet encuestó a 35 miembros dispersos de la comunidad habanera. Cuando se les preguntó si los padres aprobaban que las autoridades investigaran a las familias a través de los hijos, 34 de las personas respondieron que no, además de una que prefirió abstenerse de comentar. Luego se les preguntó si conocían que las injerencias privadas constituyen una violación a los Derechos Humanos y son penadas por el Art. 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Dos respondieron que sí conocían de las violaciones, 32 negaron estar al tanto y una persona se abstuvo de comentar.
El conocimiento de la Ley y de su correcta aplicación, tiene una relación directa con la libertad. El Artículo 12 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”
Así mismo lo expresa el Artículo 17 del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas. En el año 2008, el entonces Canciller Felipe Pérez Roque, firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aún el gobierno cubano no ha ratificado, dejando desprotegido de la ley de privacidad al pueblo cubano.