LA HABANA.- El pasado martes, buena parte de la atención internacional se concentró en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Aunque los estadounidenses votaban para renovar sus propias instituciones, las consecuencias de su decisión trascienden las fronteras del país. En Cuba, tanto el régimen como sus adversarios siguen esos resultados con un interés que merece algunas reflexiones.
Estos comicios se celebran a mitad del mandato presidencial y permiten renovar toda la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. Ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de evaluar la gestión del partido que ocupa la Casa Blanca y modificar el equilibrio de poder sin esperar a la siguiente elección presidencial.
Como jurista interesado en el derecho constitucional, admiro la continuidad de un orden institucional cuya Constitución tiene más de dos siglos de vigencia. Esa estabilidad merece respeto, aunque no impide preguntarnos cuáles de sus mecanismos convendría adoptar cuando Cuba retorne a la democracia representativa. Algo que, con el favor de Dios, sucederá más temprano que tarde.
Soy partidario del sistema presidencialista, que otorga al jefe del Ejecutivo un mandato propio, separado del que reciben los legisladores. Para una futura Cuba democrática, defendería además la elección directa del presidente por los ciudadanos. En Estados Unidos, conviene precisarlo, esa elección se realiza mediante el Colegio Electoral.
En cambio, no me seduce la idea de renovar el Legislativo cubano a mitad del mandato del jefe de Estado. Si las preferencias de los votantes cambian durante esos primeros años, el presidente puede perder el respaldo parlamentario necesario para ejecutar su programa. El control entre poderes es indispensable, pero una confrontación permanente también puede dificultar la gestión del Estado. Ese equilibrio debería formar parte de nuestro debate sobre las instituciones de una Cuba democrática.
Lo sucedido este martes permite observar esas tensiones en la práctica. El Partido Demócrata ganó el control de ambas cámaras del Congreso, además de varias gobernaciones. A partir de enero de 2027, cuando asuman los nuevos legisladores, Donald Trump encontrará mayores obstáculos para aprobar sus iniciativas y deberá enfrentar una fiscalización más intensa de su Administración.
El nuevo equilibrio puede repercutir también en la política exterior y, dentro de ella, en las relaciones entre Washington y La Habana. El presidente conserva amplias facultades en ese terreno, pero un Congreso opositor puede condicionar presupuestos, promover investigaciones y dificultar la aprobación de medidas que requieran respaldo legislativo.
La prensa oficialista cubana ha seguido el desenlace con evidente satisfacción. En Granma, órgano del Comité Central del partido único, Raúl Antonio Capote publicó un artículo titulado «Elecciones en EE.UU.: se reconfigura el equilibrio del poder». Debo reconocer que, en esta ocasión, su análisis emplea un tono relativamente sereno y describe algunas consecuencias institucionales del resultado.
Capote señala que, desde enero, los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas del presidente, reforzar la supervisión del Ejecutivo y frenar sus nominaciones judiciales. También interpreta la votación como «un mensaje contundente de castigo a la administración actual» y menciona la situación económica entre los motivos del descontento.
Sería interesante conocer su opinión sobre la economía cubana y, sobre todo, sobre la imposibilidad de que los habitantes de la Isla envíen un mensaje semejante a quienes los gobiernan. El mecanismo que el comentarista celebra cuando perjudica a Trump permanece fuera del alcance de sus propios compatriotas.
Cubadebate prefirió un tono más belicoso. En una información publicada al día siguiente de los comicios, tituló «La ira contra Trump estalla en el Partido Republicano tras la debacle electoral».
La magnitud de una derrota merece examinarse con cifras y contexto. Las pérdidas de escaños del partido presidencial son frecuentes en las elecciones de medio término, como muestran los registros históricos. Esa tendencia no resta importancia al resultado del martes, pero aconseja cierta mesura al interpretarlo.
Lo que llama la atención es el entusiasmo con que los medios del partido único describen el castigo electoral a un Gobierno extranjero. Reconocen así, aunque sea de manera involuntaria, el valor de unas elecciones en las que los ciudadanos pueden retirar su apoyo a quienes ejercen el poder.
En estas mismas páginas, Luis Cino publicó el lunes un artículo cuyo título plantea una pregunta pertinente: «¿Pueden las elecciones estadounidenses cambiar el destino de Cuba?». Más allá de los argumentos de mi colega, me interesa detenerme en la propia interrogante y en lo que revela sobre nuestra situación.
Repaso mis lecturas de historia y los recuerdos de mis años mozos, anteriores al castrismo, y no encuentro en mi memoria una atención comparable a unas elecciones legislativas estadounidenses. Washington siempre tuvo importancia para Cuba, por supuesto, pero hoy pareciera que buena parte de nuestras expectativas se deposita en decisiones que toman otros ciudadanos, al otro lado del estrecho de la Florida.
He ahí una de las paradojas del gobierno más antinorteamericano de nuestra historia. Después de décadas de proclamar su independencia frente a Estados Unidos, ha dejado a los cubanos pendientes de cada cambio político en Washington. Mientras unos esperan que ese cambio prolongue la vida del régimen y otros desean que contribuya a terminarla, seguimos privados de la elección que más debería importar para nuestro futuro: la de quienes gobiernan Cuba.
