Hiram Gonzalez
El Nuevo Herald,
abril 9, 2002.
La Comisión de Derechos Humanos se reunirá próximamente
en Ginebra para condenar a los países que se encuentren culpables de
violar la Carta Universal de los Derechos Humanos. Eso siempre ha sido muy difícil,
porque esa declaración está basada en los derechos y valores
naturales del hombre de la civilización occidental, producto de la ideas
liberales del siglo XVIII, algo desconocido por la mayoría de los
gobiernos del mundo. ¿Cómo se pueden esperar resoluciones justas
cuando en la Comisión están sentados China, Vietnam, por citar
algunos, que como Cuba han institucionalizado la negación de los derechos
humanos, y otros como Sudán y la mayoría de los países de
Africa, Medio Oriente y Asia que cometen diariamente atrocidades con sus pueblos
respectivos? Países donde la población vive en completa
ignorancia, donde desconoce los derechos que le son intrínsecos e
inalienables y está sujeta a todo tipo de injusticias producto de una
cultura que justifica cualquier crimen contra la dignidad humana. Constituye un
obvio conflicto de intereses que criminales puedan juzgar a criminales. Otros países
son peores, porque carecen de principios sólidos y utilizan el voto para
obtener o adelantar agendas particulares, para apaciguar a la moribunda
izquierda fidelista que le puede crear problemas en el patio, o para evitar el
chantaje de Cuba, que le sabe mucho a mucha gente.
Muchos están indignados con la actitud de México por el
incidente en su embajada en La Habana, donde un grupo de cubanos que huían
fueron víctimas de una emboscada del régimen cubano; sin embargo,
la salida apresurada de Castro de la Cumbre de Monterrey indica que el gobierno
mexicano está comprometido seriamente, no sólo con la defensa de
los derechos humanos, sino con la lucha contra la pobreza y la corrupción
para que su pueblo pueda prosperar con dignidad en su propio país, y no
está dispuesto a dejarse arrastrar por la retórica obsoleta de
Castro.
La campaña de descrédito iniciada por el régimen cubano
contra el canciller Castañeda, en contubernio con la fidelista izquierda
mexicana, no cambiará el nuevo rumbo de México. Una política
de callada complicidad que ha durado más de 40 años no es fácil
eliminarla de la noche a la mañana. Tenemos que tener confianza y
paciencia en el nuevo liderazgo.
Por el sacrificio de miles de hombres y mujeres que han sido condenados a
largos años de prisión, los que han perecido en el Estrecho
tratando de escapar del infierno comunista, los miles de fusilados y los hombres
y mujeres que hoy son reprimidos constantemente por tratar de ejercer sus
derechos humanos, rechazamos que se nos utilice a los cubanos como una ficha de
negociación para avanzar determinadas agendas, y mucho menos que países
comunistas aliados de Cuba y regímenes despóticos por naturaleza
estén sentados en la comisión. Es cierto que aun en los países
más democráticos se violan los derechos humanos; pero en esos países
la libertad otorga los mecanismos necesarios para enmendar cualquier injusticia.
El hundimiento del remolcador 13 de Marzo y el derribo de las avionetas de
Hermanos al Rescate son ejemplos demoledores de lo que decimos.
El régimen comunista de Cuba desde 1976 ha ilegalizado a través
de su constitución el ejercicio de los derechos humanos: El artículo
5 rechaza el pluralismo político. El artículo 39 (3) adoctrina a
la niñez. El artículo 39 (4) censura la creación artística.
El artículo 45 autoriza el trabajo esclavo. El artículo 53 niega
la libertad de palabra y prensa. El artículo 62 niega las libertades públicas.
El artículo 128 niega la independencia de los poderes del estado.
Esta constitución es una admisión de culpabilidad irrefutable
y hace reo confeso al régimen cubano de ignorar los derechos humanos, tal
como los define la Organización de Naciones Unidas.
El régimen cubano tiene definiciones muy particulares sobre la
libertad, la democracia y los derechos humanos que no concuerdan con las
definiciones establecidas por ese organismo. Esos derechos, limitados y
acomodados a sus intereses políticos, se convierten en privilegios que se
otorgan solamente, en forma selectiva y discriminatoria, a los que por temor no
se atreven a discrepar de la línea oficial. El resto de la población
está completamente indefensa y sujeta a recibir sanciones del sistema
judicial, que es un instrumento del estado para castigar toda opinión
independiente.
La Comisión de Derechos Humanos debe condenar al régimen
comunista de Cuba permanentemente, hasta que revoque de su constitución
todos los artículos que impiden el ejercicio de los derechos humanos y
cese de perseguir a los que tratan de ejercerlo. Pongamos la constitución
comunista en el banquillo de los acusados.
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