Economía
cubana: lo que no dijo Rodríguez
Manuel David Orrio, CPI
LA HABANA, enero - Los economistas y periodistas independientes que a lo
largo del año estuvieron publicando desde Cuba sus consideraciones sobre
la situación económica isleña pueden estar de plácemes.
José Luis Rodríguez, ministro de Economía, durante la última
sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular reconoció que la
metodología contabilizadora de las estadísticas macroeconómicas
del país presenta serias deficiencias, sin contar de las contradicciones
señaladas por aquellos, y en virtud de las cuales cabe sospechar desde
falta de profesionalismo hasta voluntad fraudulenta.
Tal y como han estado afirmando los economistas y periodistas, Rodríguez
admitió la necesidad de comenzar a medir el producto interno bruto (PIB)
a precios constantes de un año más cercano a los actuales, y no a
los del hoy referencial 1981, dadas las desviaciones que el mismo introduce en
la apreciación de la realidad económica de la Isla. Durante todo
el 2000 los independientes lo señalaron, así como sugirieron que
1995 sería un buen punto de partida. Ahora Rodríguez lo acepta,
aunque haciendo mutis sobre la paternidad del análisis.
El ministro de Economía de Castro "subió la parada",
al apuntar lo que los independientes no han señalado: una subvaloración
del PIB, provocada por la metodología oficial vigente, que no contempla cómo
registrar parte del valor agregado de ramas como la educación y la salud,
dada su aparente gratuidad, lo cual hace que a la sumatoria del PIB sólo
se agregue el gasto público asociado a esos conceptos, y no ganancias
vinculadas a un supuesto valor mercantil, en las condiciones cubanas, o su
equivalente.
Más allá de la olímpica tranquilidad con que Rodríguez
reconoció el carácter poco veraz de las estadísticas
cubanas, al admitir semejantes descuadres por defecto y por exceso, llama la
atención en sus enfoques cómo el pensamiento económico
oficial acaba de echar por la borda al mismísimo Carlos Marx, para quien
sectores como la educación y la salud no son productores de valor, sino
apropiadores del mismo mediante una redistribución del ingreso nacional.
No sólo Carlos Marx cayó borda abajo; junto a él se
precipitó el concepto oficial de educación y salud gratuitas: a
partir de ahora, sólo cabe hablar de servicios como ésos en su carácter
de pagados ¿por quién?
Sólo reconociendo a esas ramas un valor mercantil se hace posible
aplicar a las mismas aquellas definiciones propias de la determinación de
un aporte que, nadie sabe cómo, ha de pasar por oscuridades cubanas como
la formación de precios, ganancias y rentabilidades, así como por
la nominación de quién paga y con qué. Otra cosa no sería
más que manipulación estadística, destinada a fundamentar
un crecimiento del PIB no surgido de las ramas de donde debe emerger. Ojo
atento: cabe la posibilidad de que se pretenda justificar incrementos del PIB
por medio de una inflación contable del gasto social. Si por los años
60 del siglo pasado hubo en Cuba quien se dedicó a especulaciones sobre cómo
eliminar el dinero, ahora parece que habrá quien se dedicará a
inventarlo. Basta pensar en esta escena, extrañamente cercana al teatro
vernáculo: un grupo de burócratas se reúne para determinar
el valor agregado de una consulta al médico de la familia y concluye que
el resultado de la discusión es añadible al PIB.
Una cosa es reconocer valor dentro de una economía de mercado, donde
puede ser indiferente que pague el Estado en nombre del ciudadano -o éste
mismo- y otra muy distinta crear un engendro contable de dudosa conexión
con la realidad monetaria del país. Llama la atención que el
pensamiento económico oficial pretenda sumergirse en esas honduras teóricas
y no se concentre en temas tan concretos como el de la eficiencia y calidad de
los servicios de educación y salud, cuyos gastos en términos de
precios de 1981 no parecen haber remontado el récord de 1986. Sólo
para citar un ejemplo, un estudio oficial aseveró que el 40 por ciento de
los habaneros opina lo peor de la estomatología estatal capitalina.
No es objeto de estas líneas evaluar la situación económica
de Cuba, a la luz o el apagón de las cifras hechas públicas en la
pasada sesión del parlamento isleño. No obstante, vale destacar
seis puntos, mucho más que el declarado crecimiento del PIB en 5,6 por
ciento, a los envejecidos precios de 1981:
1- Un anunciado crecimiento de las exportaciones en 12 por ciento de la mano
con un silencio notable sobre el ascenso de las importaciones, acerca del cual sólo
se informó que se hubo de pagar 500 millones de dólares (MMD) más
para adquirir en el 2000 similar cantidad de petróleo que en 1999. En país
de economía abierta como Cuba, ¿puede hablarse de crecimiento económico
sin aumento de las importaciones físicas?
2- La liquidez monetaria en pesos creció a un ritmo ligeramente
superior al del PIB -5,8 vs 5,6- y nada se informó sobre el estado de
la liquidez en dólares. La suma de ambas, calculadas al cambio oficial de
20 pesos por dólar, supera al monto del PIB que resulta de las
declaraciones gubernamentales. De este modo, ¿cómo se fundamenta la
informada ligera disminución del índice de precios al consumidor?
3- El ingreso medio por trabajador se reportó en 359 pesos mensuales.
Considerando el monto real de distribución racionada de alimentos y los
precios de estos en todos los tipos de mercados no racionados, no parece haber
base para el declarado consumo per cápita diario de 2585 kilocalorías
y 68 gramos de proteína. Ingerir dos huevos al día -una persona-
cuesta el 30 por ciento del ingreso reportado; como mínimo existe un millón
400 mil pensionados cuyos emolumentos ni siquiera se acercan a los 359 pesos de
marras, para no mencionar a otros sectores de la población sin acceso a
esa posibilidad
4- La declarada reducción de la intensidad energética en 3,4
por ciento parece realidad; ella significa que producir cada millón de
pesos de PIB importó 414 toneladas de combustible equivalente en 1999 y
alrededor de 400 en el 2000. Sin embargo, ¿justifica esa disminución
que con similar cantidad de petróleo el PIB se haya incrementado en 5,6
por ciento? ¿Cómo ascendieron la productividad del trabajo y la
efectividad de las
inversiones si el comportamiento de la variable energética tendió
al estancamiento y perjudicó principalmente al consumo no eléctrico
lo que, para sólo citar un ejemplo, significó severas
restricciones en los servicios de transportes?
5- La inversión bruta interna, de carácter principalmente
estatal, pasó de ser el 6,3 por ciento del PIB corriente de 1995 a
representar el 11,3 por ciento del logrado en el 2000, para confirmar una
creciente contradicción entre acumulación y consumo. La negativa
gubernamental a una mayor apertura hacia los esfuerzos de inversionistas
privados nacionales y extranjeros, así, se presenta como el reiterado
desecho de la posibilidad de destinar a un mejoramiento de la calidad de vida,
particularmente en los casos de la tercera edad, los discapacitados y otros
sectores en desventaja, parte de los recursos estatales empleados en la inversión.
6- Llama la atención el tira y encoge gubernamental acerca de la
situación del empleo, pues en un par de meses se han sucedido varios
reportes oficiales contradictorios; desde uno que declaró una tasa de
desocupación de sólo 3,8 por ciento, hasta lo aseverado por Rodríguez
en el parlamento cubano: una tasa de desempleo de 5,5 por ciento.
Metodológicamente, no es lo mismo desempleo que desocupación;
y todo parece indicar que, o el gobierno no acaba de decidir sobre qué
bases analizará el fenómeno del empleo, o está manipulando
las cifras. ¿Por qué, esa conducta oficial? ¿Por qué
tantas contradicciones alrededor de la ocupación laboral? En ocasiones
anteriores he llamado la atención acerca de este problema, cuya clave
profunda radica en que, en las condiciones cubanas, si no crece la ocupación,
no asciende el PIB.
Todo lo anterior invita al ejercicio de una severa y metódica duda
relativa al desempeño económico isleño, tanto en el 2000
como en los últimos cinco años. Un discurso apologético en
los estrados del parlamento cubano no oculta la ausencia de respuestas de fondo
a problemas que no sólo tienen que ver con el futuro económico de
Cuba, sino con el más elemental principio constitucional de rendición
de cuentas de elegidos a electores. Si el gobierno de Fidel Castro dispone de
recursos para editar en formato tabloide 13 millones de ejemplares de los cursos
televisivos Universidad para todos, sin dudas también los tiene para
imprimir un resumen estadístico de acceso general, contentivo de las
cifras que informa a organismos internacionales como la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), para sólo citar un ejemplo. Rodríguez,
por supuesto, no aboga por el ejercicio de ese elemental deber, que está
entre lo que no dice. O, quizás, entre lo que no le dejan decir.
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