Riesgo de ir
a prisión por exponer logotipo y nombre de una ONG
CIEGO DE AVILA, 2 de enero (Emilio Martín Morales, FCDH) - Una comisión
del gobierno municipal de Ciego de Avila se presentó el 26 de diciembre
en la residencia del disidente Juan Carlos González Leyva (invidente),
para informarle que lo acusaría de desobediencia si no quita un cartel
que colocó en la fachada de su casa.
El cartel en cuestión consiste en el logotipo y el nombre de la
Fundación Cubana de Derechos Humanos, organización no
gubernamental (ONG) que preside González Leyva.
La comisión gubernamental estuvo integrada por el vice presidente de
Poder Popular (gobierno local), un inspector de Planificación Física
y el registrador provincial del Ministerio de Justicia.
Minutos después de la amenazadora visita, González Leyva se
personó en la Dirección Provincial de Planificación y le
solicitó a la directora y al subdirector de dicha entidad que le
mostraran la ley por cuyo incumplimiento se le pretendía castigar. La
respuesta de los funcionarios fue: "No contamos con esa ley en este
momento, se la enseñaremos mañana".
Al día siguiente sobre las 10 de la mañana, el subdirector y
tres funcionarios de Planificación le mostraron al disidente varias leyes
y reglamentos y le trataron de argumentar respecto al asunto, pero el precepto
legal solicitado no apareció tampoco en esta ocasión.
En la tarde de ese mismo día, dos de los funcionarios que estuvieron
en el encuentro anterior fueron hasta la casa de González Leyva para
mostrarle un reglamento de la Asamblea Provincial del Poder Popular y le leyeron
un inciso que se refiere a la protección de la higiene y del ornato público,
pero que nada cita respecto a carteles de organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, los dirigentes de Planificación le entregaron a González
Leyva copia de un documento acusatorio, en el cual se expresa que la ley citada
en la primera visita estaba equivocada y que incurriría en un delito de
desobediencia si en las tres horas siguientes no retiraba el cartel ubicado en
el balcón exterior del inmueble.
Ante este conflicto, la directiva de la FCDH acordó que González
Leyva retirara el cartel de marras por considerar que el enfrentamiento de éste
con los tribunales concluiría en su encarcelamiento lo cual afectaría
directamente el trabajo de la organización, que sólo recibiría
perjuicios y ningún espacio político.
Evidentemente, precisan los directivos de la FCDH, se trata de la fabricación
a Juan Carlos González Leyva de un caso aparentemente sin implicaciones
políticas.
La Seguridad del Estado encarcela a los oponentes del gobierno sin admitir
que se trata de acciones no violentas contra el régimen de Fidel Castro.
Por su parte, los voceros gubernamentales repiten en los foros internacionales
que en Cuba no hay prisioneros políticos, sino delincuentes y
contrarrevolucionarios, este último un término etéreo no
definido en el Código Penal vigente.
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