CUBANET .INDEPENDIENTE

27 de febrero, 2001


Amplia represión despliega la policía política por el 24 de febrero

LA HABANA, 26 de febrero (Regina del Sol, AIDH) - Con métodos represivos y amenazadores la Seguridad del Estado impidió en toda la Isla las actividades programadas en conmemoración del Grito de Baire y del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, donde cuatro inocentes jóvenes fueran asesinados por el gobierno de Cuba.

Ricardo González, del Partido Liberal, programó la actividad para el 23 a las 2 de la tarde y desde horas de la mañana oficiales de la Seguridad del Estado, estacionados alrededor de su vivienda impidieron la llegada de los participantes.

En la mañana del 24, a las 5 y 50, fue detenido en su domicilio Joaquín Iglesias Torres, Presidente del Movimiento Democrático pro Derechos Humanos de Puerto Padre y miembro del Partido del Pueblo. Lo detuvieron un miembro de la Policía Nacional y el oficial de la Seguridad del Estado Miguel Echenique. En horas de la tarde, según su hijo que reportara el incidente, se mantenía detenido, y se desconocía el lugar a donde lo llevaron.

Roger Morales, miembro del Movimiento Democrático, reportó que a las 8 y 55 de la mañana del 24 fueron detenidos en el malecón de Puerto Padre Roger Morales Rey, Yunier Iglesias Silva y Jesús Jersen Garcés, impidiendo que lanzaran flores al mar en conmemoración del asesinato de los cuatro jóvenes de Hermanos al Rescate al derribar el gobierno cubano las avionetas en que viajaban. Fueron conducidos a la Estación de Policía y les decomisaron las flores. A la hora fueron puestos en libertad.

En la tarde de ese día, la vivienda de Leonardo Bruzón Avila se encontraba rodeada por oficiales de la Seguridad del Estado, que impedían la llegada a su casa de los activistas de derechos Humanos. Bruzón Avila tenía programada una actividad a las 8 de la noche.

En Santa Clara, la vivienda de Lester González, miembro del Partido del Pueblo y de la Coordinadora Nacional de Presos y Ex Presos Políticos, fue sitiada por miembros de la Seguridad del Estado, impidiendo la entrada y salida a la misma.

Según pudo reportar más tarde Lester González todo el día su casa estuvo rodeada por un operativo de la Seguridad del Estado, con ocho oficiales. Se encontraban en ella Lester y su esposa, la cual está embarazada. Como no tiene refrigerador, los alimentos los guardan en la casa de la madre de Lester, por lo que éste le dijo a los oficiales que su esposa tenía que salir a comer algo y así lo repitió varias veces, diciéndole que si no la dejaban salir de la casa a ella, se vería obligado a salir él a buscarle la comida. A la una de la tarde permitieron que su esposa, Ramona Contreras, miembro de la Confederación Democrática de Trabajadores de Cuba, saliera acompañada por un oficial hasta la casa de su suegra, advirtiéndole que se apurara y no hablara mucho; el oficial la esperó y la llevó de regreso junto a Lester.

A las 5 de la tarde Lester fue detenido, y éste informó que fue conducido por dos oficiales de la Seguridad del Estado en un taxi del servicio local de Santa Clara, con matrícula VC 2009, hasta 10 km. antes de llegar a la playa Sierra Morena, situada en el municipio de Corralillo, o sea, a más de 70 km. de la ciudad de Santa Clara. Dentro del vehículo los oficiales le pidieron que cooperara con ellos y lo incorporarían de nuevo a su trabajo de maestro panadero, de donde fue expulsado por ser miembro del movimiento de Derechos Humanos. Lester se negó y lo amenazaron con llevarlo hasta Playa Girón. Entre los dos oficiales, lo tomaron por la mandíbula y por el cuello, y le pusieron una llave de judo para bajarlo a la fuerza, mientras él se aferraba al asiento del carro. Al fin lo sacaron a la fuerza y lo tiraron en un campo de marabú a las 7 y cuarto de la noche. El joven caminó tres kilómetros y pidió en una casa dinero prestado, pues sólo tenía en sus bolsillos 5 centavos; le regalaron 60 centavos; el ómnibus hasta Santa Clara tiene un costo de más de un peso; pero pudo hablar con el chofer del mismo y viajar con los 65 centavos hasta llegar a su casa, encontrando que su madre y esposa lo buscaban desesperadamente por diferentes estaciones de policía sin saber de él.

Aida Valdés Santana, Presidente de la Coordinadora Nacional de Presos y Ex Presos Políticos, de la Coordinadora Obrera Cubana y Directora de la Oficina de Información de Derechos Humanos, fue visitada en la mañana por el Coronel Arístides, quien sostuvo una entrevista de una hora aproximadamente para advertirle que no podía hacer actividad alguna en conmemoración del 24 de febrero, haciéndole una restricción ilegal de movimiento, para impedir que participara en actividades de otras organizaciones afiliadas a las Coordinadoras y a la OIDH.

Eddy Espinosa Franco, Delegado del Partido del Pueblo en la provincia Villa Clara, y miembro de la Coordinadora Nacional de Presos y Ex Presos Políticos, informó que fue detenido desde horas tempranas para advertirle que no podía desarrollar la actividad que tenía prevista en conmemoración del Grito de Baire y del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate; al ponerlo en libertad, se desplegó un operativo en los alrededores de su domicilio que duró hasta las 6 de la tarde, donde los oficiales de la Seguridad del Estado impidieron la entrada a su casa de todos los activistas que se dirigían a ella, pidiéndoles su identificación y obligándolos a retirarse. Agregó la fuente que Lester González, quien mantenía la misma situación en su domicilio, desobedeció la restricción ilegal de movimiento que le impusiera la Seguridad del Estado, y al dirigirse a las 5 de la tarde hacia la vivienda de Felicia Matas, Coordinadora del Partido Cubano pro Derechos Humanos asociado a la Fundación Andrei Sajárov, fue detenido y hasta las 9:30 p.m., hora en que reportó el incidente, no tenían noticias de Lester.

En horas tempranas de la noche fueron interceptados por la Seguridad del Estado, Antonio Alfonso Mesa, Presidente del Frente Democrático Independiente y delegado de la Coordinadora de Presos y Ex Presos Políticos en la región central, conjuntamente con Gabriel Trápaga, cuando se dirigían a la actividad que estaba programada para esa noche a las 8 en el domicilio de Leonardo Bruzón Avila, Presidente del Movimiento 24 de Febrero. Les pidieron identificación y los obligaron a abandonar el lugar, sin permitirles llegar a la casa de Bruzón Avila.

En Ciudad de La Habana

LA HABANA, 26 de febrero (José A. Fornaris, Cuba-Verdad) - El periodista Ricardo González y el sacerdote ortodoxo Pedro Crespo fueron detenidos como parte de la ola de represión desatada en La Habana por la policía política con motivo del aniversario del inicio de las guerras independentistas y del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate fueron. La detención, el jueves 22, impidió que el reverendo Crespo ofreciera una conferencia que tenía anunciada sobre la importancia trascendental de la familia en la sociedad.

Entre los detenidos el viernes se encuentran Elizardo Sánchez Santa Cruz y Héctor Palacios Ruiz, que fueron sacados de sus domicilios por la policía política y conducidos a la estación de Séptima Avenida y Calle 62 en el municipio Playa.

Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, dijo que había sido interrogado por el teniente coronel Orlando Soroa, quien le manifestó que estaba haciendo llamados a la subversión.

El oficial basó su imputación en palabras pronunciadas por Sánchez en un acto de graduación de activistas del grupo ecologista Naturpaz el 10 de febrero último, aseveración que niega el presidente de la CCDHRN.

Por su parte, Isabel del Pino Sotolongo, presidenta de la Asociación Humanitaria Seguidores de Cristo Rey, fue conducida en calidad de detenida el miércoles 21 en horas de la noche a la Segunda Unidad de la policía. Se le acusaba de una supuesta amenaza de agresión contra una militante del Partido Comunista, y se le quería imponer una medida provisional de detención domiciliaria. Isabel del Pino padece de limitaciones físicas en una pierna y una mano y su estado de salud es delicado, lo que hace muy difícil creer que pueda constituir una amenaza para otra persona.


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