Nuevo modelo
de castigo
Manuel Vázquez Portal, Grupo Decoro
LA HABANA, febrero - Un nuevo modelo de castigo político ha creado el
gobierno de Cuba contra la prensa independiente y la oposición interna
cubanas.
Desde mediados del año pasado vienen sucediéndose casos que así
lo demuestran.
Negarle o retenerle "la tarjeta blanca" (Permiso de Salida del País)
a aquellos opositores o periodistas independientes que han obtenido visa para
emigrar a Estados Unidos bajo el Plan de Refugiados, es la nueva modalidad del
Ministerio del Interior Cubano para "condenar" a quienes no han cedido
bajo sus presiones.
Según datos preliminares, en estos momentos se encuentran retenidos
en el país más de una decena de opositores y periodistas
independientes, junto a sus familiares -se conoce que el Plan de Refugiados
exige la aprobación del solicitante para que el resto de la familia pueda
viajar- porque las Direcciones de Inmigración y Extranjería de los
diferentes municipios no les ha concedido el permiso de salida. En algunos casos
aprueban al resto de la familia menos al solicitante principal que exige el Plan
de Refugiados.
Como única respuesta a los reclamos de los interesados las
Direcciones de Inmigración y Extranjería se limitan a responder
que "el caso no ha sido aprobado" y ahí concluyen las gestiones
posibles por parte del solicitante.
El tiempo requerido, según las propias autoridades de Inmigración
y Extranjería, a los posibles viajeros cuando presentan su solicitud de
permiso de salida ante ellos, no excede de los 15 a 30 días.
Sin embargo, la decena de periodistas independientes y opositores llevan
retenidos entre 4 y 8 meses, según los casos particulares.
La medida del Ministerio del Interior Cubano comenzó, hace algunos años,
por negarles el permiso de salida a aquellos que, invitados por algún
familiar o institución radicados en el extranjero, pretendían
viajar temporalmente.
En la actualidad la medida se ha extendido también a quienes
solicitan su permiso de salida definitiva del país.
Los afectados por tal arbitrariedad migratoria no saben a quién ni a
dónde dirigir sus reclamaciones legales para que se solucionen sus
intereses, a la vez que se sienten indefensos ante tamaña violación
de sus derechos individuales de elegir dónde desean vivir, defender su
familia y educar a sus hijos.
Esta información ha sido transmitida por teléfono,
ya que el gobierno de Cuba no permite al ciudadano cubano acceso privado a
Internet.
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