La solución
de la vivienda: una promesa en la que muy pocos confían
José Antonio Díaz, APLO
SANTIAGO DE CUBA, febrero - Las autoridades de la provincia Santiago de Cuba
anunciaron que intensificarán la lucha contra las ilegalidades en el
sector de las viviendas.
En dicha ofensiva tomarán parte el Instituto Nacional de la Vivienda,
los Comités de Defensa de la Revolución y otras organizaciones
gubernamentales.
De acuerdo a datos publicados en el periódico Sierra Maestra, el
pasado año fueron detectadas 723 ilegalidades, de las cuales 310 se
solucionaron con desalojos de personas y confiscación de inmuebles, y 413
están a punto de correr la misma suerte.
El Sierra Maestra es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
en esta localidad.
En cualquier ciudad del país el fondo habitacional es inferior a las
necesidades reales. Para muchas personas es desesperante la escasez de viviendas
y las que el Estado construye anualmente son insuficientes para salir de la
crisis creciente.
Por otro lado, el asunto se agrava con las limitaciones para fabricar casas
por cuenta propia, y cuando se autoriza ni siquiera venden los materiales para
ejecutar la obra. Sólo se permite la adquisición de materiales de
construcción si se pagan en dólares, pero a los trabajadores se
les paga en pesos.
Las familias se ven obligadas a comprar viviendas de manera ilegal y a
precios altísimos. Además, con estas compra-ventas no sólo
se corre el riesgo de perder el dinero, sino también el inmueble
adquirido, ya que el Estado decomisa los mismos y los entrega generalmente a sus
funcionarios.
Conseguir un techo hoy en día es casi un sueño inalcanzable.
La mayoría de las familias cubanas viven hacinadas en una misma casa.
Varias generaciones permanecen bajo un mismo techo sin ninguna privacidad.
Esta situación genera violencia y perturba la debida armonía y
unidad de las familias.
Incluso hay núcleos familiares que residen en las llamadas
ciudadelas, que no son otra cosa que un conjunto de pequeños cuartuchos
cuyos habitantes tienen que usar un baño colectivo y carente de las
normas higiénico-sanitarias que protejan la salud humana.
Otras familias arman chozas en las afueras de las ciudades. Para ello se
valen de cualquier material de desecho. En este caso carecen de status legal,
por lo que las precarias construcciones pueden ser demolidas por la policía
en cualquier momento por orden de la Dirección de la Vivienda de la
localidad.
El mito de que la Revolución proveerá a todo ciudadano de una
vivienda decorosa es cada día menos creíble, es una promesa en la
que muy pocos confían.
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