Inquilinos
ilegales
Víctor Rolando Arroyo, UPECI
PINAR DEL RIO, abril - ¿Cuál es la verdadera causa de lo que el
régimen de La Habana califica como la principal indisciplina social que
ocurre en el país: las ocupaciones ilegales de inmuebles?
El derecho a la propiedad privada, recogido en el Artículo 21 de la
Constitución, es violado al limitarse el uso, disfrute y disposición
del inmueble. El gobierno cubano se erige como principal figura y beneficiario
privilegiado de cualquier transacción en este sentido, ya sea compra,
venta, permuta o el simple arrendamiento de la vivienda.
Analistas independientes señalan que el ineficiente ritmo
constructivo, el deterioro del fondo de inmuebles y la omnipresencia estatal en
el mercado de viviendas provocan la aparición y proliferación de
conductas y procedimientos que son considerados delitos y severamente castigados
por la ley vigente.
La denominada Ley General de la Vivienda ha sido rehecha en varias ocasiones
y otras disposiciones norman la construcción de nuevos inmuebles lo que
ha originado tantos formalismos que al final de una lenta y penosa construcción
la edificación concluida pudiera ser calificada como ilegal y ser
decomisada.
A lo anterior se une el concepto de "sobredimensionado",
calificativo que señala que el nuevo habitable es superior a la necesidad
del residente y éste puede ser expropiado, cortando la futura aparición
de nuevos arrendadores.
Otro factor de esta situación es la franca competencia que existe
entre los hospedajes privados y los hoteles estatales. Los primeros ofrecen un
servicio eficiente y mucho más económico a pesar de las trabas que
aparecen en forma ridículas regulaciones, inspecciones reiteradas,
desproporcionadas multas y crecientes limitaciones que abarcan las ofertas
gastronómicas o el número de comensales en un mini-restaurante.
Lo más penoso de estas disposiciones es la persecución a que
están sometidos los nacionales que reciben visitas de extranjeros y por
razones personales no efectúan el arrendamiento -sea por amistad u otro
tipo de relación- y son reprimidos con altas multas, por lo general en
divisas, e incluso con el decomiso del inmueble.
La población cubana se ve limitada en sus derechos, es infructuoso el
reclamo pues siendo juez y parte no hay solución justa. Y es aquí,
precisamente, donde aparecen las ilegalidades que tanto censura, persigue y
castiga el régimen de Fidel Castro.
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