Nuevo censo
de población y viviendas suscita temores en la población
Reinaldo Cosano Alén
LA HABANA, agosto - En septiembre del venidero año habrá un
nuevo censo de población y vivienda cuya maquinaria de recursos,
organización y propaganda ya está en marcha.
El viceministro de Economía y Planificación, Enrique Martínez,
explicó que el censo permitirá actualizar toda la información
demográfica y conocer la situación real respecto a la vivienda, en
beneficio de futuros planes socioeconómicos.
Sin embargo, mucha gente interpretó el anuncio del proyectado catálogo
estadístico como una clara advertencia de lo que será el más
estricto inventario de bienes patrimoniales de los ciudadanos, así como
un control rigurosísimo de los individuos mismos.
No parecen simples especulaciones si se considera lo siguiente:
Está calculado censar más de tres y medio millones de
viviendas, para lo cual dispondrán de un amplio, bien calificado ejército,
y barato. Entre éstos, 60 mil estudiantes preuniversitarios y
universitarios con sus profesores tendrán a su cargo el inventario
nacional de personas e inmuebles.
La capital cuenta con la mayor densidad poblacional. El municipio Centro
Habana, por ejemplo, tiene alrededor de 40 mil habitantes por kilómetro
cuadrado.
Precisamente, es Ciudad de La Habana donde con mayor rigor se aplica la
absurda e impopular Ley de la Emigración Interna, que obliga a los
cubanos a permanecer sembrados en el espacio de empadronamiento que pisan sus
pies. No más allá. Desconociendo groseramente el artículo
13, inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que de
manera categórica expresa: "Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado".
Por esa ley, el intruso que arribe a cualquier otra ciudad o pueblo,
especialmente La Habana, por lo común es arrestado, multado -altísimas
multas- y obligado a retornar al lugar de origen, por ilegal en su propio país.
Ahora mismo está en marcha otra gran cruzada contra las llamadas
ilegalidades en la vivienda. Se quiere poner orden, pero no se pregunta, no se
busca qué dio origen a tales ilegalidades, generalmente enraizadas en décadas
de arbitrarias restricciones.
Decenas de familias pobres declaradas "ilegales" están
siendo echadas a la calle. Se confiscan muchas viviendas calificadas como "suntuosas
residencias sobredimensionadas", a las que achacan ser productos de actos
ilícitos. Pero hay también altísimas multas y demoliciones.
En este momento, según declaración oficial, 120 mil viviendas
en proceso de construcción por esfuerzos propios están sometidas a
"un levantamiento" en todo el país, y se dispone de un amplio
cuerpo de inspectores quienes hacen un detectivesco escudriñamiento a
cada documento, a la caza de algún subterfugio legal. El monopólico
estado centralizado no parece concebir que tanta iniciativa privada se les haya
ido de las manos por lo que sólo se otorgan, de manera muy excepcional,
nuevas licencias para construir por esfuerzos propios, no estatales.
Mientras tanto, la carencia de viviendas o el mal estado de ellas crea
graves conflictos familiares y sociales, y a pesar de su labor de edificación
el estado siempre está a la zaga de las necesidades crecientes que se
agravan con las acumuladas en más de cuatro décadas.
De manera apabullante con las necesidades de la población, contrastan
las suntuosas villas turísticas, moteles, hoteles e inmobiliarias
construidas y en construcción, siempre a pasos acelerados, para el
turista extranjero.
Hay quienes piensan, no sin razón, que el proyectado censo nacional
está enfilado al supercontrol de la gente y sus bienes. No en vano anda
por ahí, en marcha, otro catastro nacional, pero pecuario.
Ciertamente, como expresa el dicho popular: "Con esos truenos no hay
quien duerma". Y suscita temores el nuevo censo de población y
vivienda. Temores justificados.
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