Inesperada
vocación democrática
Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, agosto - El Area de Libre Comercio de Las Américas (ALCA)
se ha convertido en una verdadera obsesión para el régimen de La
Habana. Desde la prensa escrita, la radio y la televisión se promueve una
incesante campaña de ataques contra ese proyecto de integración
continental, que tiene por objetivo concluir las negociaciones en enero del 2005
y comenzar a edificar el mercado común mayor del planeta, con un
potencial de 800 millones de consumidores.
La preocupación del gobierno posee sobrados fundamentos. A causa de
su conducta totalitaria, ha quedado aislado de este proceso integracionista en
el que participan todas las naciones del área, desde Alaska hasta La
Patagonia. Incluso, varias de ellas dan pasos muy firmes para adelantarse al
calendario acordado en la Tercera Cumbre de Las Américas, celebrada en la
ciudad de Quebec, Canadá, en abril pasado.
Aunque la declaración Final, el Plan de Acción y otros
documentos adoptados en la mencionada Cumbre fueron publicados y difundidos
extensamente, entre los argumentos más ampliamente utilizados para tratar
de desacreditar al ALCA se encuentra la acusación de que las
negociaciones se están llevando a cabo sin la debida transparencia y a
espaldas de los pueblos. Con ese propósito, han propuesto la celebración
de plebiscitos en los diferentes países sobre la aceptación del
proyecto.
Sorprende la repentina e inesperada vocación democrática de
quienes, por más de cuarenta años, han sometido al pueblo cubano a
una férrea dictadura y conculcado sus derechos. En los años 70,
Cuba fue integrada al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), asociación
creada en 1949 por los países de Europa del Este y la URSS en el contexto
de la Guerra Fría, estableciendo compromisos con una zona sumamente
distante geográfica y culturalmente. Sin embargo, jamás hubo una
discusión pública sobre la conveniencia de dar un paso de tanta
envergadura y tampoco se promovió una consulta popular para avalar tal
decisión.
Con la caída del bloque soviético y la pérdida de las
cuantiosas subvenciones, se adoptó una política de permitir las
inversiones extranjeras. Así, actividades estratégicas para la
nación como la producción del níquel, la prospección
y extracción de petróleo, las comunicaciones telefónicas,
la generación de energía eléctrica y el turismo, están
efectuándose en el marco de negocios con capital extranjero, sin mediar
consulta alguna al pueblo cubano.
Hace aproximadamente un año se suscribió el nuevo convenio
para la comercialización en el exterior de los habanos, de modo tal que
legendarias marcas como Montecristo, Partagás o Cohiba estarán en
un alto por ciento en manos de intereses foráneos. La nueva corporación
se creó mediante la venta del 50 por ciento de las acciones de Habanos
S.A. por 500 millones de dólares a la entidad hispano francesa Altadis,
que durante 50 años los comercializará. Todo esto se hizo sin
brindarle (ni siquiera) información a la opinión pública
cubana.
Muchos ejemplos más pudieran señalarse acerca de decisiones
tomadas en Cuba sin consultar al pueblo, lo que contradice el repentino reclamo
de pluralismo a otras naciones.
La idea del plebiscito pudiera ser aceptable si el gobierno cubano diera el
primer paso y convocara una consulta popular, previo debate amplio y profundo
sobre el ALCA, donde no sólo se escuchen las voces oficiales sino también
otras opiniones que señalen las nefastas consecuencias que tendrá
para el país quedar al margen de este trascendental proceso integrador,
entre ellas las desventajas que surgirán si quedan anuladas sus
posibilidades de exportar a la región.
Mientras esto no suceda, resulta ridículo exigir democracia a otros
cuando se es incapaz de brindarla a sus propios ciudadanos.
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