Cuba: ¿propiedad del pueblo o capitalismo estatal?
Lic. Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, marzo - Como justificación a la confiscación masiva de bienes ejecutadas por el gobierno se ha repetido oficialmente hasta el cansancio: que fue realizada para convertirlos en propiedad social, en beneficio de todo el pueblo como único y legítimo. Este
argumento perdió validez desde hace mucho tiempo por la práctica de las autoridades de administrar la supuesta propiedad social de forma ineficiente y sin control de la ciudadanía.
Con la aparición de las empresas mixtas, creadas con socios capitalistas, la conducta usurpadora de la burocracia estatista se ha reforzado. Las nuevas entidades se establecen sin conocimiento de la población, la cual sólo puede obtener información sobre ellas de
fuentes externas y según datos aportados por los batners extranjeros. Así actividades sumamente estratégicas para la nación como la producción de níquel, extracción y busca de petróleo, la telefonía, la generación de energía
eléctrica y otras, están realizándose en el marco de negocios con capital extranjero sin que hasta el momento los "accionistas" nacionales, que se supone sean todos los ciudadanos cubanos, estén al tanto de acuerdos que tendrán un impacto decisivo en el
futuro del país.
La prensa española informó recientemente sobre un nuevo convenio, en esta ocasión relacionado con la comercialización en el exterior de los habanos, de suerte que en el futuro legendarias marcas cubanas como Montecristo, Partagás y Cohiba estarán hasta
cierto punto en manos de intereses foráneos.
La nueva corporación fue creada mediante la venta del 50 por ciento de las acciones de Habanos S.A. a la entidad española-francesa ALTADIZ, por 500 millones de dólares, que durante 50 años comercializará los tabacos.
Habanos S.A. ahora como organización mixta y con dos directores, uno cubano y otro español, también será la encargada de financiar las cosechas tabacaleras de la isla lo cual indica que su gestión irá mucho más allá de la venta en el
exterior de los famosos puros.
La exportación de tabaco para Cuba constituye una cuestión vital, después del azúcar y el níquel, por su valor es el tercer rubro de exportación con una dinámica y una perspectiva muy superiores a otros renglones. Por ello ese acuerdo debió
tener la mayor transparencia e información posible para el pueblo, y en particular para las personas que dependen de la agroindustria tabacalera.
En el mundo cada día más globalizado son normales y algunas veces necesarias las inversiones y las fusiones entre empresas de distintos países, pero eso no significa que las generalizaciones y la concreción de los convenios se efectúen con el desconocimiento de
las partes interesadas entre las que se encuentra, en el caso cubano, el pueblo.
En los países de economía de mercado por ley las grandes compañías tienen que informar a sus accionistas periódicamente sobre la gestión realizada, y cuando la envergadura de las transacciones implican un considerable impacto social debe informarse al
gobierno para su análisis y aprobación. Entonces, ¿cómo es posible que en Cuba se proceda de forma tan arbitraria con los activos públicos?
Por otra parte, resulta una gran contradicción que mientras en actividades fundamentales y decisivas la gestión se comparte con el capital extranjero a los nacionales no se les permite ni siquiera poseer negocios y los sumamente limitados espacios existentes para la iniciativa
individual se vayan cerrando paulatinamente.
Estos hechos brindan evidencias adicionales de que la pretendida propiedad de todo el pueblo en Cuba no es más que una falacia, refuerzan la convicción de que al pueblo cubano durante decenios se le ha impuesto un capitalismo estatal, antidemocrático y contrario a los
intereses nacionales.
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