LA HABANA, 25 de febrero (Oswaldo de Céspedes, CPI) - Desde la noche del 24 de febrero la policía política despliega sus fuerzas en los alrededores del Tribunal Municipal de 10 de Octubre, ubicado en la intersección de Carmen y Juan Delgado, en la Víbora, con el objetivo de impedir el acceso al lugar de opositores pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, que por cientos pudieran asistir a los juicios señalados para la mañana de hoy 25 contra Oscar Elías Biscet González, Eduardo Díaz Fleitas y Fermín Scull Zulueta.

Según colaboradores de la CPI residentes en el área del tribunal, este operativo del Departamento de la Seguridad del Estado se acentuó a partir de la madrugada de hoy y se extiende desde Avenida de Acosta hasta la Calzada de Santa Catalina, y desde Mayía Rodríguez hasta la calle Figueroa, cubriendo un área aproximada de mil metros.

Desde antes de las 8 de la mañana de hoy -según una de las fuentes- ya estaba presente la prensa internacional acreditada en Cuba, esperando a la entrada del tribunal el libre acceso a los supuestos juicios públicos.

También desde la madrugada de hoy han sido limitados de derechos por el impedimento de salir de su domicilio numerosos disidentes y periodistas independientes que con operativos del DSE y de las Brigadas de Respuesta Rápida los asedian y hostigan. Entre estos casos se encuentran, retenidos, Nelson Aguiar Ramírez, del Partido Ortodoxo; María A. García Delgado, Movimiento 24 de Febrero; Estrella García Rodríguez, CTDC; Carlos Alberto Domínguez, Partido Democrático 30 de Noviembre; Juan Guerra Perogurría, Hermanos Fraternales por la Dignidad; Carlos Ríos, Cambio 2000; Clara Morales Martínez, Movimiento 13 de Julio; Jesús Yanes Pelletier, defensor de los derechos humanos.

Asimismo, se encuentran retenidos en sus hogares los periodistas independientes Gustavo Cardero, Noticuba; Amarilis Cortina y José Antonio Fornaris, Cuba-Verdad; Omar Rodríguez Saludes, Nueva Prensa Cubana y quien redacta esta nota, Oswaldo de Céspedes, CPI.

En la provincia de Pinar del Río son objeto de los operativos Raúl Arteaga y Ernesto La O Ramos, Movimiento Cívico Nacional Máximo Gómez Báez; Lorenzo del Toro, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba; Marcelo Placeres, Colegio Médico; Berta Peraza Fonte, Agencia de Prensa Occidental, y el disidente pinareño Leonardo Rivera Martínez.

La CPI pudo conocer además, por William Herrera Díaz, presidente de la Liga Cívica Martiana, que el despliegue de la policía política en los alrededores del centro judicial está actuando contra los que de forma pacífica se acercan para solidarizarse con los defensores de los derechos humanos que son juzgados. Herrera fue conminado por los represivos a retirarse de los alrededores.

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