Detrás del caso Elián se esconde la injusticia
Mario J. Viera González, Cuba Voz
LA HABANA, febrero - Como de perillas le ha venido al régimen de La Habana el conflicto creado en torno a Elián González Brotons. Por una parte, Castro recibe los beneficios de la algarabía de la propaganda que presenta su gobierno como la siempre pobre víctima,
y de paso le permite lanzar lodo sobre su archienemiga la Fundacióin Nacional Cubano Americana (FNCA) a la que se empeña en presentar como una organización mafiosa. Por otra parte, ese conflicto le deja libre las manos para arremeter contra la disidencia organizada.
Centrados el exilio y la opinión internacional en el gran show en torno a la situación legal del balserito, la atención se desvía del gran drama nacional existente en Cuba. Las cárceles siguen poblándose de presos de conciencia condenados a prisión
por normas legales que violan el espíritu del Derecho internacional. Una de estas normas de la intolerancia es la referida al delito de desorden público bajo una interpretación muy particular.
Mientras que el gobierno de Cuba aplaude actos de fuerte confrontación como los ocurridos el pasado año en Seattle, Washington y en Vieques, Puerto Rico, y en las últimas semanas, las sediciosas facciones ocurridas en Ecuador, que provocaron la caída del presidente
constitucional de ese país. En tanto, en Cuba, lanza los peores insultos en contra de pacíficos opositores bajo cargos de desórdenes públicos sólo por expresar sus críticas al gobierno.
Ahora se prepara una nueva vista oral en contra de dos opositores pacíficos bajo los mismos cargos. Oscar Elías Biscet, detenido en los calabozos de 100 y Aldabó desde el 3 de noviembre de 1999 y Migdalia Rosado Hernández, deben enfrentar una petición fiscal
de tres años de privación de libertad y multa de 5 mil pesos para Biscet, y para Rosado una sanción de dos años de privación de libertad y multa de mil 500 pesos.
La petición fiscal contra los disidentes se fundamenta en la actitud contestataria de los dos acusados. El supuesto desorden público se define en las conclusiones provisionales señalando que Biscet y Rosado "el día 22 de febrero de 1999 ... con el propósito
de perturbar la tranquilidad ciudadana se personaron ... en el exterior del Hospital Docente Materno Infantil de 10 de Octubre (antiguo Hija de Galicias) portando pasquines ... con textos manuscritos conteniendo frases tales como: 'No al aborto', 'No a la pena de muerte'...".
Los supuestos "sediciosos" no asaltaron un cuartel militar, no emplearon medios violentos ni arrojaron piedras u otros objetos contundentes. Sólo portaban "pasquines" confeccionados en cartón reclamando la supresión del aborto y de la pena de muerte.
¿En qué país civilizado tal reclamo público constituye una manifestación dirigida a "perturbar la tranquilidad ciudadana"?
Cuba, en boca de sus gobernantes y de sus juristas comprometidos con el sistema de poder, es supuestamente "un Estado de Derecho" y el Partido en el gobierno hace más de 41 años se auto proclama como el de la unidad, la democracia y los derechos humanos. Sobran las
palabras.
La preocupación por la suerte de un niño que arribó a Miami, por voluntad de su difunta madre, parece una gran contradicción en un gobierno que rechaza cualquier opción contraria a sus ortodoxas definiciones.
Una gran preocupación invade a los sectores disidentes de Cuba: la duda de que estén olvidados y de que sus voces se silencien bajo el ruido ensordecedor de la propaganda política que grita, vocifera y ruge en torno a la crisis del balserito Elián.
¿Quedará resguardada bajo este barullo la injusticia?
El exilio y la opinión pública tienen la palabra.
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