Actuaron con justicia
Héctor Maseda, Grupo de Trabajo Decoro
LA HABANA, abril - La llamada Marcha del Pueblo realizada el pasado martes 18 de abril frente a la sede diplomática de la República Checa en Cuba, sita en Avenida Kolhy y 26, Nuevo Vedado, en esta capital, por más de 120 mil personas -según datos oficiales-
constituyó la más reciente y burda manipulación política realizada por la Administración Castro, en la que utilizó a una fracción de la población habanera, como punta de lanza en el cumplimiento de sus objetivos.
Las entrevistas realizadas por la prensa oficial a varios participantes de la marcha, demostraron el desconocimiento que tenían acerca del contenido de la moción del gobierno checo presentada ante la Comisión de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, que condena al
gobierno cubano, no a su pueblo, por sus sistemáticas violaciones de los derechos individuales ciudadanos.
Estas algarabías sociales auspiciadas por la Administración Castro contra aquéllos que el gobierno cubano identifica como sus enemigos, podemos asociarlas perfectamente a modernas versiones de los "pogroms" llevados a cabo por los zaristas rusos contra los judíos
residentes en el país eslavo a principios del presente siglo, y más tarde dirigidos contra este mismo pueblo por el gobierno nacional-socialista (nazi) en Alemania.
Este acto constituyó, en esencia, una flagrante provocación llevada a cabo contra el gobierno checo y una violación de la Convención de Viena, que regula y establece las bases y obligaciones de las relaciones diplomáticas y consulares entre los países
firmantes, uno de los cuales es Cuba.
Considerar que el gobierno de un país con las características de Cuba es violador de los derechos humanos no significa, en modo alguno, que las autoridades extranjeras que promovieron su condena se someten a los caprichos y designios de las grandes potencias, sino que por el
contrario, tratan de reflejar la realidad que existe en nuestro país, experiencia que también conoció el pueblo checo al sufrir, hasta la década de los años noventa, una tiranía totalitaria parecida a la que aún padecemos los cubanos.
Por otro lado, pretender ilegitimar a la Comisión de Derechos Humanos como trata de hacerlo el gobierno castrista e intentar convencernos de las razones que le asisten, es insostenible. Recordemos que esa misma Comisión de las Naciones Unidas que condenó a las autoridades
cubanas por considerarlas violadoras de los derechos humanos dentro de sus fronteras, aprobó en este período de sesiones -con apenas algunos días de diferencia- un conjunto de mociones presentadas por la delegación cubana copatrocinada en cada caso por una veintena de
países miembros. Los temas abordados en estas propuestas están dirigidas a oponerse a la actitud asumida por las autoridades de Israel e los territorios árabes, al bloqueo y las relaciones económicas como medidas coercitivas unilaterales, a la prestación de los
Estados para el reclutamiento y entrenamiento de mercenarios y al derecho de todos a la alimentación.
Lo cierto es que el pronunciamiento llevado a cabo por la Comisión de Derechos Humanos en uno u otro caso no fue producto del cabildeo político en los pasillos, ni al sometimiento de algunos miembros de la Comisión a las fuertes presiones por los países más
poderosos. Prueba de ello es que en varias de estas mociones presentadas por Cuba, los EEUU votaron en contra y ningún otro país miembro de la Comisión los apoyó.
El resultado de la votación en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su recién concluido período de sesiones, fue la expresión soberana de los países allí representados defendiendo principios
justos y humanitarios por un lado, y condenando prácticas demagógicas y antidemocráticas por el otro.
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