LAS TUNAS, Cuba. – Luego de 59 años penalizando con cárcel el sacrificio de ganado mayor en Cuba, sin importar si las reses fuesen propias o robadas, el pasado martes dos campesinos residentes en el municipio Puerto Padre fueron los primeros vaqueros autorizados para sacrificar uno de sus animales en esta región del norte de Las Tunas.
Para sacrificar los dos toretes, sus “dueños” debieron llevarlos a un matadero estatal, ya que todavía está prohibido que el propietario sacrifique por sí mismo. Luego de faenadas las reses, que rindieron unos 300 kilogramos de carne, los campesinos la destinaron para el consumo familiar y de sus vecinos.
Uno de los “estimulados” tiene 70 años de edad, 35 de ellos dedicados a la cría de ganado. El hombre posee 85 reses y, por ordenanzas gubernamentales, debe vender al Estado las crías y la leche que producen sus vacas: unos siete mil litros anuales. Pese a ello, dijo sentirse “agradecido” por la autorización que le permitió sacrificar uno de sus toretes, que le proporcionó 165 kilogramos de carne, todo un “estímulo”, afirmó.
El campesino pronunció la palabra “estímulo” en su correcta acepción: persuasión, acicate, tentación. Esa es la medida de inducción tomada por el régimen para reanimar la depauperada ganadería cubana luego de penalizar, infructuosamente, a los campesinos por más de medio siglo.
Ahora, previo cumplimiento con el “encargo estatal” y “siempre que garanticen que no haya decrecimiento de la masa ganadera”, el régimen permitirá a los criadores cumplidores sacrificar algunas reses, según las medidas aprobadas por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Sin embargo, cabe señalar que el concepto de la ley penal que expresa: “el que, sin autorización previa del órgano estatal específicamente facultado para ello, sacrifique ganado mayor”, permanece inalterable. O sea, que quienes sacrifiquen reses “sin autorización” serán sancionados con penas de “privación de libertad de cuatro a diez años”, tal y como dispone el artículo 240.1 del Código Penal.
Desde el año 1962, en Cuba –a diferencia de cualquier país vecino del Caribe o las Américas–, sin autorización del Estado los criadores de ganado tienen expresamente prohibido sacrificar reses para consumo propio o para vender la carne por sí mismo o a través de carniceros particulares. La prohibición recién cumplió 59 años. Según el legislador Consejo de Ministros, presidido por Fidel Castro, el objeto de la ley fue “proteger el rebaño” nacional.
Todavía hoy está vigente el espíritu –aunque con otros enunciados en legislaciones penales y administrativas posteriores– de la Ley No. 1018 promulgada el 20 de marzo de 1962, por la que el sacrificio de ganado mayor y venta de sus carnes pasó de ser sustento y comercio lícito del ganadero a delito. Esa ley ha sido modificada a través de los años con otras legislaciones, pero ninguna para despenalizar el comercio libre con la carne de ganado lícito, sino para endurecer las penas y criminalizar al propietario como si fuera un cuatrero.
Una década después de promulgarse la Ley No. 1018 en marzo de 1962, mediante la Ley No. 1249 de 1973, las sanciones fueron más severas; de dos a cinco años de privación de libertad para los que, “sin autorización previa del órgano estatal específicamente autorizado para ello, o fuera de los mataderos legalmente establecidos o de los lugares autorizados para la matanza, sacrifiquen ganado vacuno, tanto si es para la venta como para el consumo propio”.
Con la disminución creciente de la masa ganadera a partir de 1989 (de 0,92 descendió a 0,46 cabeza por habitante), en lugar de dar facilidades a los campesinos para incentivar la cría de ganado vacuno y la comercialización de sus carnes –como de forma muy limitada hace hoy el régimen–, mediante la Ley No. 87 de 1999 inspectores y policías comenzaron a imponer multas a los campesinos que perdieran ganado por robos, mientras los tribunales juzgaron y sancionaron a los cuatreros como si en lugar de reses hubiera matado a personas.
Según las circunstancias concurrentes en el sacrificio de ganado mayor y venta de sus carnes, en Cuba, todavía hoy, los tribunales pueden sancionar con 15 años de cárcel o más al que “sin autorización previa del órgano estatal específicamente autorizado para ello, o fuera de los mataderos legalmente establecidos o de los lugares autorizados para la matanza”, sacrifique ganado mayor.
Señala el legislador Consejo de Ministros que, para “proteger el rebaño”, a rajatablas, en marzo de 1962, el régimen comenzó a meter presos a los cubanos por sacrificar reses, ya fueran propias o robadas. Ahora, 59 años después, con millones de animales sacrificados y miles de personas presas por hurto y sacrificio de ganado, el rebaño nacional se encuentra menguado como nunca antes en la historia de Cuba. En ese sentido, no se descarta que el régimen prosiga encarcelando a quienes sacrifiquen reses por su cuenta. Mientras eso ocurre, permitirá, como “estimulo”, que, después de cumplir con el “encargo estatal”, los campesinos sacrifiquen algunas de sus reses.
El Periódico 26, órgano de prensa del PCC provincial, informó el pasado martes que en “todo el territorio” de la provincia Las Tunas fueron sacrificadas “28 reses”. Una de ellas, sobre la que el medio oficial no dijo la cantidad de carne que rindió, fue vendida a “100 pesos la libra” en la carnicería La Unión, situada en el reparto Santos del municipio Tunas.
Para que el lector pueda comprender en pocas palabras, y con cifras, veamos en qué consiste el “estímulo”: si este animal vendido en la carnicería La Unión hubiera sido un torete de unos 300 kilogramos de peso vivo, y rindiera unos 165 kilogramos luego de faenado –como los dos sacrificados en el municipio Puerto Padre–, con 100 kilogramos (unas 217 libras) de carne limpia, el campesino habría obtenido 21 700 pesos. Pero ese mismo torete de 300 kilogramos de peso vivo (clasificado como “segunda categoría”) y pagado a 22,54 pesos el kilogramo por el comprador estatal, sólo hubiera reportado 6 762 pesos, unos 14 938 pesos menos que si lo hubiera vendido el campesino por sí mismo.
En las condiciones de servidumbre en que trabajan los campesinos en Cuba, ciertamente, deben sentirse “agradecidos” con la autorización para que, después de 59 años de encarcelamientos, el Estado monopolista los autorice a sacrificar una res de su propiedad, porque nunca olviden que, lo más importante para los comunistas es despojar a las personas de sus propiedades, y ya lo decía mi padre, un vaquero: el comunismo es “hambre, miseria y terror”.
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