LA HABANA, Cuba. ─ El pasado martes, el gobierno cubano anunció un plan que contiene una sesentena larga de medidas dirigidas a “producir más alimentos” y “potenciar la producción agrícola”. La más llamativa del paquete es la autorización para que los ganaderos, en principio, puedan realizar la “venta liberada” de carne de res, leche y sus derivados.
Por supuesto que se trata de un paso en el sentido correcto, aunque increíblemente tardío. A pesar de los señalamientos formulados durante lustros desde sectores no sólo opositores, sino también de especialistas que se declaraban “revolucionarios” (es decir, gobiernistas), es únicamente ahora que los mayimbes se dignan adoptar esas medidas.
Y por supuesto que su anuncio no viene acompañado por un reconocimiento claro de lo erróneo de las políticas contrarias, que fueron impuestas y mantenidas a ultranza a lo largo de decenios. Es lo mismo que ha sucedido siempre con los cambios realizados desde las cumbres del poder castrista: Se los anuncia, pero jamás se reconoce que las estrategias opuestas eran equivocadas.
Así pasó, por ejemplo, con la despenalización de la tenencia de divisas: un buen día se anunció que eso ya no era delito. Pero se imponían las preguntas: ¿Y los años y años en los que, como abogado defensor, tuve que representar a infelices acusados de poseer un par de dólares? ¿Y los debates forenses acerca de si la razón la tenía el policía, que afirmaba que las “pruebas del delito” habían sido ocupadas en el piso porque el acusado las botó al sentirse descubierto, o este último, que aseguraba que casualmente pasó por el lugar?
Y ya que hemos entrado en mi tema favorito —el judicial—, ¿qué decir de los ciudadanos que, por el delito castrista de “sacrificio ilegal de ganado vacuno” han recibido sanciones mayores que muchos homicidas! ¡Hasta propietarios de reses han ido a parar a la cárcel por matar una que les pertenece!
En cualquier caso, la información sobre la despenalización de la carne de res ha recibido, en la prensa independiente, la natural atención que ella merece, y no han faltado las reacciones críticas: Vergüenza debería darte, arremete contra Díaz-Canel el titular del suelto que, como segunda noticia del día, dedica ADN Cuba a la información.
La colega Yoani Sánchez, en su “Cafecito informativo” de este martes, advierte que hay “muchos cuestionamientos alrededor” de esa medida. También señala la necesidad de “créditos”, “insumos” y “capacidad de importar” que tienen los productores de esa rama de la economía. Y concluye: “Si hay un sector que demanda recursos, es justamente el cuidado del ganado mayor”.
En las redes sociales, la indignación ha hallado su cauce. El usuario que se identifica como Taoro estalla contra el flamante Presidente de la República: “No te burles miserablemente del pueblo. Si hoy el plan de carne y leche contratado con el Estado no se cumple… ¿qué excedente de carne y leche van a poder vender entonces los campesinos al pueblo?”. Claro, “Taoro” no cuenta con el rápido aumento de la producción que puede generar el levantamiento de prohibiciones arbitrarias.
Como jurista, no puedo olvidar el refrán forense, que es una llamada de alerta: “Quien hizo la ley, puso la trampa”… Por ello, en medio de las moderadas esperanzas generadas por las nuevas medidas, este articulista desea abordar el tema de las posibles fullerías futuras planificadas por los burócratas corruptos, incapaces de conjugar en primera persona el verbo “producir”, pero tremendamente imaginativos en todo lo que signifique despojo, imposición y arbitrariedad.
Desde el mismo anuncio inicial, los portavoces del régimen han precisado que, para aprovechar la rendijita que ahora abren, es necesario que el productor del que se trate cumpla “con el encargo estatal” y garantice que “no haya decrecimiento de la masa ganadera”.
Al respecto, ya el doctor José Ramón Machado Ventura ha demandado que se haga un “plan tenso”. Al nonagenario segundo secretario, increíblemente activo para su edad, le preocupa que en caso contrario, todos los productores reciban el precio de 9 pesos por litro, reservado para quienes honren el plan, y nadie quede limitado a los 7,50 asignados a los incumplidores.
Pero a esa idea del “plan tenso” hay que sumarle las normas jurídicas del más alto nivel. No debemos olvidar que la mismísima Constitución raulista proclama el carácter indeseable de “la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales”, la cual deberá ser “regulada por el Estado”.
Ante ese panorama, me pregunto: ¿Qué podrán esperar de este régimen de expolio y despojo los ganaderos que aumenten sus rebaños y eleven de modo notable su producción? ¿Alguien duda que los burócratas encargados de trazar los planes suban de modo exponencial sus indicadores y reduzcan de ese modo el margen de sus excedentes!
Habrá que ver cómo las posibilidades que parecen abrir las sesenta y tres medidas anunciadas se comportan en la práctica bajo este régimen, cuya filosofía rechaza y persigue el enriquecimiento y hasta la simple prosperidad. No olvidemos que “Esta Gente” es de los que son capaces de sacarse un ojo con tal de ver al otro ciego.
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