LA HABANA, Cuba.- Una labor tan extenuante como cultivar la tierra debe de ir acompañada de determinadas características que estimulen el arduo trabajo de los productores. Por ejemplo, que esos productores puedan decidir qué sembrar en sus tierras, a quién vender sus cosechas, y qué importe cobrar por sus producciones. Lamentablemente, son prerrogativas que hoy no disfrutan los que trabajan la tierra en Cuba, y que a no dudarlo, impide el desarrollo del sector agropecuario en la Isla.
En la más reciente reunión del Consejo de Ministros, la situación que presenta la entrega de tierras estatales ociosas a personas (naturales y jurídicas) que deseen trabajarlas ocupó la atención de los asistentes. De acuerdo con una información brindada por la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, un grupo de acciones llevadas a cabo en el 2020 detectaron una serie de violaciones en este proceso.
Entre las anomalías señaladas por la funcionaria acerca del trabajo de los usufructuarios de esas tierras —casi todos, personas naturales—, están las variaciones no autorizadas de las producciones aprobadas; un deficiente control sobre la contratación de las producciones e incumplimiento de lo pactado; la no afiliación a la Seguridad Social de muchos de esos usufructuarios; así como el hecho de que algunos de ellos no están trabajando la tierra que recibieron en usufructo.
Aquí vemos cómo las autoridades castristas consideran “violaciones” a varias de las prerrogativas que antes indicamos como favorecedoras del ímpetu productivo de los hombres del campo. O sea, que los gobernantes no admiten que los usufructuarios se aparten de la producción de los surtidos que les habían orientado “de arriba”, y que dejen de contratar la venta de sus producciones con el Estado, y por supuesto a los precios que fije este último.
En el año 2018 el Consejo de Ministros anunció nuevas medidas acerca de la entrega de tierras en usufructo, un proceso que se había iniciado diez años antes, en el 2008. Entre esas medidas estaban las relacionadas con las causales que podían determinar la extinción del contrato de usufructo. Y entre ellas sobresalían la no afiliación al régimen de seguridad social impuesto por las autoridades, así como que los usufructuarios no trabajaran y administraran de forma personal y directa las tierras que les habían entregado en usufructo.
Entonces, de aplicarse al pie de la letra lo relacionado con los motivos de la extinción del usufructo, y teniendo en cuenta lo expuesto por la Fiscal General de la República, no sería de extrañar que pronto viéramos disminuir la cifra de personas naturales en posesión de tierras en usufructo.
Pero, por otra parte, tampoco se podría descartar una reacción más prudente por parte de las autoridades, máxime si consideramos la nada despreciable presencia de los usufructuarios en el panorama agropecuario de la isla, y el pobre desempeño que muestran las cooperativas (CPA y CCS) y las empresas estatales. Según el Anuario Estadístico de Cuba 2019, alrededor del 25.2% de las tierras cultivables del país se hallan en manos de los usufructuarios.
Y volviendo a lo dicho en la reunión del Consejo de Ministros, el flamante ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, apuntó que “si tras 12 años de iniciados los procesos de entrega de tierras ociosas se siguen manifestando los mismos problemas, ello constituye una muestra evidente de que no es efectivo el sistema que hemos usado para controlarlo. Hay que cambiar la manera de hacer las inspecciones y los controles estatales”.
A la postre, aún en el caso de que no haya una masiva extinción de los contratos de usufructo, de todas maneras las cadenas del poder apretarán aún más los pescuezos de los pobres usufructuarios.
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