LA HABANA, Cuba.- En la mañana de ayer, atendiendo a una citación de la Seguridad del Estado, acudí a la Dirección de Identidad, Inmigración y Extranjería (DIIE) del municipio Diez de Octubre, para ser entrevistada por un agente del aparato represivo estatal que se presentó como Tte. Vladimir.
Durante la charla, el agente se movió entre la persuasión y la intimidación, insistiendo en que al no ser yo periodista acreditada, pueden acusarme de usurpación de la capacidad legal e incluso encarcelarme si continúo escribiendo para CubaNet. En algún punto, trató de utilizar la restricción de salida que pesa sobre mi persona desde mayo de 2018, como moneda de cambio para una especie de negociación a la cual, según aseguraron a mi colega Augusto César San Martín en recientes entrevistas, han accedido ya varios periodistas de otros medios independientes.
Entre mayo y septiembre del año pasado, la Seguridad del Estado me impidió tres veces viajar al extranjero; en dos ocasiones por motivos personales, y la última para participar en un programa profesional de intercambio organizado por el Departamento de Estado norteamericano.
A raíz de la segunda prohibición, que tuvo lugar a finales de julio, presenté una queja formal en la Fiscalía General de la República, de la cual recibí respuesta el 5 de octubre de 2018 (luego de la tercera prohibición), solo para remitirme a la Fiscalía Provincial, sita en El Vedado, que a su vez me envió a la Fiscalía Municipal de Boyeros, pues a ese municipio pertenece el Aeropuerto Internacional “José Martí”, donde se verificaron los hechos.
El día 22 de octubre me presenté y fui atendida por la Fiscal Lixannia Durán Romero, quien enfatizó que la Fiscalía no tenía nada que ver en eso y me entregó un documento donde se indicaba que la Dirección de Inmigración y Extranjería era la instancia obligada a informarme el motivo de la restricción, y que dada su exclusiva competencia en el asunto, mi caso sería trasladado a la Dirección Provincial de Inmigración y Extranjería. Además, se me autorizaba a acudir personalmente a cualquier oficina de Inmigración para pedir explicaciones, lo cual hice en la sucursal del municipio Centro Habana, el 30 de octubre.
Luego de leer la decisión emitida por Fiscalía, el personal de Inmigración reiteró que ellos no saben nada y me sugirieron ir a la Oficina de Atención a la Ciudadanía, sita en Tulipán y Boyeros. Hacia allá me dirigí a mediodía y el oficial a cargo, luego de leer el documento de marras, aseguró no entender por qué me habían enviado si no tengo causa pendiente con la policía. Tomó mis datos, mi número de teléfono y me informó que se comunicaría con varias entidades, entre ellas Inmigración, para ver cuál le daba respuesta.
Esa misma tarde me llamó para decirme lo que yo sabía: que la PNR no posee ninguna causa en mi contra, que no tenía otra respuesta que darme y me aconsejó ir a la Dirección Provincial de Inmigración, a la cual supuestamente la Fiscalía de Boyeros había remitido mi caso.
Hasta la fecha no he recibido respuesta alguna, como era de esperar. De hecho, la única razón que me impulsó a embarcarme en la tramitación de mi queja por la vía legal, fue porque como ciudadana cubana tengo el derecho y el deber de darle un voto de credibilidad a las instituciones de mi país. Hoy, habiendo atravesado la burocracia y el “peloteo”, puedo afirmar categóricamente que la Fiscalía General de la República es la alcahueta de la Seguridad del Estado.
Continúo “prohibida”, y he aprendido a vivir con esa penosa condición que igualmente se aplica a criminales de toda laya. Lo que no aceptaré jamás es que la policía política utilice mis derechos ciudadanos para intentar sobornarme. Como casi todos los cubanos, tengo en el extranjero seres queridos a quienes deseo abrazar, y necesito muchas cosas que aquí no hay. Pero eso no significa que esté dispuesta a hacerle el juego a la Seguridad del Estado; todavía quedamos algunos con vergüenza.
Lo único que verdaderamente me preocupa de esta lamentable situación, es que mientras me entrevistaba el agente Vladimir, el Tte. Ernesto -también de la Seguridad del Estado- aprovechó mi ausencia para aparecerse en mi casa y hablar con mi madre, a quien de manera sutil advirtió que mi trabajo para CubaNet podría traerme consecuencias negativas.
El hecho de que un miembro del aparato represivo más temido de Cuba visite a una señora de 69 años para insinuar amenazas es inaceptable, abusivo y profundamente irrespetuoso. No importa que el agente lo haya hecho con delicadeza; aún sin emplear un lenguaje intimidador, su presencia es suficiente para crearle temor, zozobra y angustia a una mujer que jamás ha sido citada siquiera por la policía.
Desde hace varios años mi madre padece de una condición cardíaca leve. Si a partir de ahora observo la agudización de algún síntoma que me haga temer por su salud, responsabilizo a la Seguridad del Estado ante la Comunidad Internacional, puesto que en Cuba no hay un solo abogado o Fiscal capaz de enfrentarse a tan injusto proceder.
Hasta el momento he asistido sin ánimo de conflicto a cada una de las citaciones recibidas porque me consta, aunque no estoy de acuerdo, que en una sociedad restrictiva trabajar para la prensa independiente presupone encuentros no deseados con la policía política. Pero si la Seguridad del Estado comienza a hostigar a mi madre, quien no es responsable por mis decisiones y se mantiene ajena a mi labor como periodista, el tono de este obligado contrapunteo necesariamente tendrá que cambiar, aunque yo deba lidiar con las peores consecuencias.
