La impunidad del castrocomunismo vs. un ciudadano indefenso

“Estas son las circunstancias en que vivo, las mismas que sufren todos los que hemos decidido ser libres y defender públicamente nuestras ideas”

La impunidad del régimen castrocomunista. Foto archivo

GUANTÁNAMO, Cuba.- Como fue publicado oportunamente por Cubanet, el 22 de abril de 2019 fui detenido de forma ilegal y violenta por un esbirro de la policía nombrado Yoennis Vargas Tamayo, quien me lesionó y, además, es responsable de la pérdida de mis espejuelos, los que cayeron dentro del auto patrullero y jamás aparecieron. Estuve detenido desde el lunes 22 de abril hasta aproximadamente las 11:00 a.m. del sábado 27.

El martes 30 de abril el Primer Fiscal Militar, Primer Teniente José Ángel Bertrán Núñez, me notificó su decisión sobre la denuncia en contra de los agentes de la policía que me detuvieron, quienes fueron exonerados de responsabilidad porque  ̶ según el Fiscal ̶  estaban autorizados a golpearme en cumplimiento de su deber, aunque fue un acto propio de cobardes pues yo estaba esposado.

La decisión se basó en la orden de un Vice Ministro que, por supuesto, no es superior a lo establecido en el Código Penal ni en el artículo 46 de la Constitución, que establece que todas las personas tienen derecho a la integridad física, lo cual también está refrendado por lo establecido en el artículo 95, inciso (d), que afirma que toda persona debe ser tratada con respeto a su dignidad y a no ser víctima de violencia y coacción de clase alguna. En el documento que tuve que copiar  ̶ pues el Fiscal se negó a darme una copia del mismo ̶ consta que se iba a remitir la denuncia contra mí, por el delito de Resistencia y Desobediencia, a la Fiscalía Provincial de Guantánamo.

Certificado médico que acredita la perforación del tímpano de mi oído. Foto del autor

El 3 de mayo del 2019 presenté, conforme a lo establecido en el artículo 268 de la Ley Procesal Penal Militar, un Recurso de Queja contra la decisión del Fiscal, pues no puedo estar de acuerdo con el hecho de que quien me lesionó y agredió fuera exonerado de cargos, y yo, la víctima, fuera acusado. Según lo establecido en el artículo 271 de esa Ley, el Fiscal tiene 3 días para resolver ese Recurso y comunicar su decisión al recurrente. Han transcurrido 1 mes y 17 días, y todavía no me han comunicado la decisión.

El 15 de mayo del 2019 fui citado para presentarme en la Fiscalía Provincial. Allí me atendió la fiscal Karelia Suárez Manso, quien me informó que la queja que presenté ante ese órgano por la detención ilegal y las lesiones que sufrí el 22 de abril no iba a ser atendida por ellos, pues “no tenían jurisdicción sobre los militares”, que la iban a trasladar al Delegado del Ministerio del Interior (MININT), señor Edel Alfaro Jiménez, el mismo que en dos ocasiones anteriores ha dejado de responder las quejas que presenté como consecuencia de los robos que me efectuó la Seguridad del Estado en mi domicilio, los días 5 de octubre del 2015 y 3 de julio del 2018. Añado que el día 6 de mayo del 2019 presenté quejas ante el Departamento de Ciudadanía del MININT y ante la Fiscalía Militar, hasta hoy no he recibido respuesta.

Este 18 de mayo fui citado por el capitán Pelegrín, oficial del órgano de Instrucción de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), mediante llamada telefónica efectuada desde el número 21303100, para que me presentara allí a las 2:30 p.m. Fui atendido a las 3:20 p.m.  por otro capitán que se presentó como el Jefe de la Unidad, quien me comunicó que “atendiendo a mi comportamiento y a que carecía de antecedentes penales, se había decidido aplicar a la denuncia por el delito de Atentado, lo establecido en el artículo 8.3 del Código Penal, es decir, una multa administrativa”. Ante esta “benevolencia” respondí que en ningún momento consta en los documentos del caso que fui acusado como autor de un delito de Atentado y que no estaba de acuerdo con esa solución, mediante la cual quien me golpeó salvajemente estando yo esposado, fue exonerado de responsabilidad y yo era sancionado.

No se trata de que desee ir a la cárcel, como ya me han dicho algunos amigos y hasta familiares que se han acostumbrado a que les pisoteen sus derechos. Tampoco se trata de una posición orgullosa. Se trata de mi dignidad.

El hostigamiento psicológico

En el mes de mayo recibí las siguientes llamadas intimidatorias: El 13 de mayo, desde el teléfono 30135611, a las 11:45 a.m.; desde el teléfono 21386500, a las 9:37 a.m. el día 16 de mayo; desde ese mismo teléfono el día 24 de mayo a las 9:26 a.m. y otra vez desde ese mismo teléfono el pasado viernes 31 de mayo de 2019.

Captura de pantalla de la llamada de Lionis el domingo 9 de junio de 2019. Foto del autor

El domingo 9 de junio, mientras almorzaba en el comedor de la Casa de Convivencia del Santuario de El Cobre, donde estuve con mi esposa desde el viernes 7 de junio impartiendo un taller a varios matrimonios de nuestra Iglesia, recibí una llamada a las 12:38 p.m. desde el móvil 52806225. Era el capitán “Lionis”, quien me dijo que había salido de Guantánamo sin permiso y que estaba jugando con candela. Este es el mismo oficial que junto con otro que se presenta como “Víctor Víctor” me detuvo el 10 de febrero cuando iba hacia el aeropuerto de Guantánamo.

El viernes 14 de junio del 2019 recibí una llamada procedente del número 21386500, a las 9:30 a.m.

Este domingo 16 de junio, en horas de la tarde, llamó a mi casa el oficial Víctor Víctor, el mismo que me detuvo arbitraria e ilegalmente el 10 de febrero del 2019 cuando iba a la Feria del Libro de La Habana, y el pasado 18 de abril cuando iba hacia Cienfuegos para ver a mis padres. Yo no estaba y le dijo a mi esposa que lo hacía “para felicitarme por el Día de los Padres”, acto que demuestra como la burla y el cinismo se ha entronizado en estos oficiales de la Seguridad del Estado.

Tengo registrador de llamadas en mi teléfono fijo, pero cuando revierto la llamada la contestadora de ETECSA me dice que esos números no existen. La dirección en Guantánamo del monopolio castrista de las comunicaciones ha sido informada pero nada ha hecho para impedirlo.

El 10 de diciembre del 2018 presenté una queja ante la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado, dirigida al Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Han transcurrido ya 6 meses y 10 días y no he recibido respuesta alguna, lo cual demuestra la falsedad de dicho señor cuando habla de defender la institucionalidad del país y la nueva Constitución.

Estas son las circunstancias en que vivo, las mismas que sufren todos los que hemos decidido ser libres y defender públicamente nuestras ideas, sin ningún derecho frente al poder omnímodo de la dictadura.

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