LA HABANA, Cuba.- “Estamos desesperados, diariamente ocurren derrumbes parciales y sabemos que en cualquier momento el edificio se desmoronará por completo”, declaró Grisel Reyes, vecina de Neptuno entre Águila y Galeano, en Centro Habana.
Grisel Reyes vive con su madre de 80 años y sus dos hijos. El edificio multifamiliar fue declarado inhabitable e irreparable desde 2007. Aun así, cinco familias permanecen en el lugar.
Una de las paredes laterales del edificio está inclinada. La tupición llega a la cisterna que abastece de agua a los residentes; la madre de Reyes ha estado ingresada en el hospital en varias ocasiones con neumonías causadas por los ácaros, debido a la humedad provocada, a su vez, por las constantes filtraciones.
Yisel Vázquez, quien convive con su hija menor de edad, asegura que se ha contagiado por el mosquito Aedes Aegypti dos veces. También están expuestos a cortes eléctricos pues los cables de la electricidad se mojan igualmente con las filtraciones.
Todos los apartamentos están apuntalados, pero el peligro de derrumbe total es inminente.
Los residentes se han dirigido en varios momentos a las autoridades municipales pero no han recibido respuestas.
“Nos dicen que no tienen capacidad de viviendas. Pero si alguien paga, como ha ocurrido en otras ocasiones, enseguida aparecen los locales, para los pobres como nosotros no hay nada”, expuso Daylis Padrón, quien vive con sus tres hijos.
El pasado miércoles 16 de septiembre el derrumbe del edificio de la calle Cuba entre Luz y Acosta, en La Habana Vieja, cobró la vida a una señora que quedó atrapada en los escombros. La construcción estaba en peligro desde hacía varios años. En ese mismo barrio existen otros edificios en la misma situación.
En el último año, al menos 12 personas han muerto en La Habana a causa de derrumbes; de ellas, 4 son menores de edad. Uno de los accidentes de este tipo más lamentables fue el ocurrido el 27 de enero de 2020, también en La Habana Vieja, y que cobró la vida de tres niñas.
Hace unos días varias madres desesperadas irrumpieron en unos apartamentos vacíos en La Habana para ocuparlos. Poco después, mediante un operativo policial que incluyó varias patrullas y oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado, fueron desalojadas, porque los apartamentos estaban destinados única y exclusivamente a la casta militar.
Por llamar la atención sobre estas problemáticas, por exigir viviendas dignas para los cubanos y ayudar a las familias necesitadas mediante el proyecto social “No más muertes por derrumbes en Cuba”, desde julio de 2018 se encuentra en prisión Silverio Portal Contreras, cumpliendo una condena de 4 años de privación de libertad.
En países normales, son los dueños de los edificios y las instituciones gubernamentales encargadas las responsables de detectar y solucionar las problemáticas de este tipo, para así evitar los desastres. Existen además compañías de seguros de viviendas que evalúan el estado de las construcciones para asegurarlas y a las que se les puede reclamar.
En Cuba, realidad anormal, las familias que habitan esos edificios que se derrumban continuamente no tienen siquiera para comer, pues los salarios de un dólar diario de los cubanos apenas les alcanzan para un plato de alimentos, así que menos van a poder reparar un edificio, más si ese edificio está declarado inhabitable e irreparable, como están algunas de las construcciones en La Habana. Muchas construidas desde el siglo XIX y sin recibir atención ni mantenimiento alguno desde hace muchas décadas.
En Cuba, un Estado que se declara socialista, todo, incluso las viviendas de alquiler, pertenece a ese Estado que supuestamente vela por el bienestar de la sociedad y garantiza la seguridad y la subsistencia del pueblo.
En su alegato de defensa La Historia me Absolverá Fidel Castro denunció:
“Tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Hay en Cuba doscientos mil bohíos y chozas; cuatrocientas mil familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y salud; dos millones doscientas mil personas de nuestra población urbana pagan alquileres que absorben entre un quinto y un tercio de sus ingresos; y dos millones ochocientas mil de nuestra población rural y suburbana carecen de luz eléctrica”.
Para supuestamente remediar esa situación el nuevo régimen instaurado en 1959 promulgó la Ley de Reforma Urbana, en octubre de 1960, y la Segunda Ley de Reforma Urbana en 1963. Con ellas, todos los edificios de apartamentos y las viviendas, excepto las que habitaban los dueños originales, fueron intervenidos por el gobierno revolucionario. En lo adelante, ningún particular tuvo el derecho a poseer viviendas para alquilar a otros.
Entonces, ¿quién es responsable de esos desastres y muertes por derrumbes? ¿A quién pueden los damnificados y los familiares de los muchos muertos reclamar?
Luego de la fatalidad que ocasionó la muerte de las tres niñas en enero del presente año, el gobierno incluso ofreció a las familias una indemnización de 350 pesos (unos 15 dólares aproximadamente). Hacía más de un año que el edificio tenía orden de demolición.
La prensa oficialista, cada vez que ocurren tragedias como estas, resalta “la labor encomiable de las autoridades” en el rescate de las familias y la recogida de escombros.
Pero, ¿es necesario llegar a ese punto para movilizar a esos funcionarios? ¿Es realmente “un accidente” algo que se sabe va a ocurrir en cualquier momento, que se puede prevenir y, por tanto, se puede evitar? ¿Qué alternativas tienen las familias, dependientes del omnipotente Estado socialista, sin otro cobijo que la miserable vivienda que habitan, que atenta diariamente contra sus vidas? ¿Qué soluciones ofrece el gobierno, supremo empleador y dueño de todo?
La situación de la vivienda fue una de las problemáticas enumeradas por Fidel Castro en 1953 en su alegato durante los juicios del Moncada. Sesenta y siete años después, el pueblo sigue esperando resultados satisfactorios.
Hasta el momento, las soluciones solo llegan después del desastre y solo sirven para recoger los desechos y borrar las huellas lo antes posible; no sin antes acordonar el lugar y movilizar a los policías para así evitar que la prensa acceda a la información y la utilice como “propaganda enemiga”.
Y, ahí donde antes hubo hermosos edificios, queda el vacío que eventualmente pasa a convertirse en un basurero, un parque o se construye un hotel para turistas extranjeros. ¿Y los muertos? ¿Quién paga por ellos?
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