LA HABANA, Cuba.- El gobierno cubano calificó de “grave incidente” lo que ciertamente lo es: el asalto, el pasado viernes 5 de junio, a la Subestación de la Policía Nacional Revolucionaria de Calabazar, municipio Boyeros, La Habana. En el hecho resultó muerto el primer teniente Yoannis Rodríguez Rivero, de 34 años de edad y resultaron heridos otros dos oficiales, uno de ellos de gravedad.
Según la información oficial, la agresión la ejecutó el joven Yusniel Tirado Aldama, de 27 años de edad, residente en la propia comunidad de Calabazar. Todavía quedan muchos aspectos no aclarados en el sangriento hecho. Uno de los más importantes es el móvil. En la prensa independiente y entre usuarios de las redes sociales se manejan versiones no confirmadas, como lo es la de venganza.
Según una de esas versiones, el comisor habría sido multado previamente por no usar el nasobuco. Conforme a otra versión, el propósito del asalto era la obtención de un arma para un ajuste de cuentas. Un planteamiento que se repitió es que el joven autor se encontraba bajo los efectos de la ingestión de drogas
Respetando la presunción de inocencia del acusado, prevista en el artículo 95-c de la Constitución de la República, consideramos que si los hechos fueran comprobados en un juicio oral apegado al debido proceso, pudiera tipificarse un delito de asesinato previsto en el artículo 263 del Código Penal cubano (dos si se confirma la muerte del herido grave). Esta calificación podría ampararse tanto por el inciso d) “obrar con premeditación”, si preparó con antelación el asalto y su resultado mortal; como en los incisos j) “ejecutar el hecho contra la autoridad o sus agentes, cuando éstos se hallen en el ejercicio de sus funciones”; y k) “cometer el hecho con motivo u ocasión” de otro delito; en este caso, “robo con violencia en las personas”.
Además del asesinato, se tipificaría el delito de lesiones graves según se certifiquen las mismas por los médicos legales, suponiendo que no ocurran complicaciones hospitalarias en los agentes lesionados.
Para el presunto asesinato la pena a imponer por los tribunales, probablemente militares por ser las víctimas aforados a institutos armados, sería de 15 a 30 años de privación de libertad o muerte, con la salvedad que desde el año 2003, las penas de muertes en Cuba son conmutadas por la sanción de privación perpetua de libertad. Presumiblemente los tribunales aplicarán la ley con toda su fuerza y debemos esperar una sanción ‘ejemplarizante’. Es a lo que se refirió Miguel Díaz-Canel con un eufemismo: “No habrá impunidad”.
Las redes sociales elevan su temperatura emocional con manifestaciones llenas de odio y exaltación, con pronunciamientos que van desde exigir paredón para el acusado, hasta llamados a ataques armados contra los agentes del orden público y sus cuarteles. El fatídico suceso, en sí mismo, es un delito común sin ánimo político, pero en un ambiente político e ideológico tan polarizado como es la blogósfera cubana, las partes (quiero decir, partidarios y detractores del gobierno cubano) interpretan los hechos según sus propios puntos de vista y agendas ideológicas.
No se tiene presente que, lamentablemente, se ha derramado sangre cubana, sagrada por naturaleza, enlutándose varias familias, tanto las que perdieron a un ser querido, como las que tienen a sus deudos en hospitales o en prisión.
Sin dudas ha ocurrido una tragedia en el antiguo poblado de Calabazar, que no será fácilmente olvidada con el pasar de los años. Pero corresponde analizar antecedentes y próximos sucesos relacionados con el asesinato de Calabazar. Lo ocurrido era de esperar. No fue un hecho aislado en una sociedad pacífica.
Un periodista de Cibercuba, Carlos Cabrera Pérez, apuntaba recientemente las cifras, con nombre y apellidos, de al menos 10 agentes del orden público muertos en los últimos 20 años por agresiones con armas blancas. Cuba en su conjunto es una sociedad cada vez más violenta. No dispongo cifras de homicidios actualizadas, pero baste recordar la de 572 asesinatos en el 2016, según el sitio digital datos macro.com. Las cifras oficiales no se reportan, pero apuntan a su incremento en los últimos años.
Con la llegada de la pandemia a Cuba, a inicios del mes de abril de este año, se implementó por las fuerzas combinadas del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias la Operación Rastrillo, que básicamente consiste en asegurar el cumplimiento de las medidas de protección y aislamiento social dispuesta por el gobierno, así como el enfrentamiento a todas las ilegalidades asociadas a las limitaciones causadas por la COVID-19.
Ya desde principio del mes de abril, este periodista alertaba acerca del endurecimiento injustificado del actuar de los agentes del orden público y de las severas sanciones impuestas a la población por el sistema de tribunales.
La violencia engendra violencia y este axioma se manifiesta en la sociedad cubana con el aumento de los delitos de desobediencia, resistencia y atentados, relacionados con el actuar de la Policía Nacional Revolucionaria, particularmente en La Habana, el epicentro de la pandemia en Cuba.
La ley marcial no declarada impuesta por los agentes uniformados con actuaciones severas fue el detonante para una sociedad cada vez más violenta por más que los medios oficiales se empeñen en ocultarlo.
¿Que esperar para los próximos días? Creo que los decisores del régimen se reunirán una vez más a puertas cerradas y temo que prevalecerán el miedo y la soberbia. Pienso que responderán a lo ocurrido con mayor represión, ordenando a los agentes del Ministerio del Interior actuar con máxima dureza en el enfrentamiento a las manifestaciones antisociales y delictivas, dándole una nueva y aterradora vuelta a la tuerca de la represión, apretando hasta casi el límite de los estallidos sociales.
Paralelamente se activarán al máximo todos los recursos propagandísticos para recabar apoyo de la ciudadanía a la creciente militarización de las calles. Las próximas semanas de represión y carestía serán decisivas para el futuro de Cuba.
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