Artículo 68: entre alarmas, radicalismos y malas interpretaciones
El llamado de Mariela Castro a seguir luchando por un Código de Familia más avanzado, indica que la iniciativa deberá sortear todo tipo de fundamentalismos
LA HABANA, Cuba.- Los juicios encontrados sobre la eliminación o modificación del artículo 68 que abriría la puerta al matrimonio igualitario en la nueva Constitución cubana han calentado las redes. El pronunciamiento del Parlamento cubano emitido por la plataforma Twitter ha generado conclusiones precipitadas sobre la posible exclusión del acápite más debatido durante las consultas populares que concluyeron el pasado 15 de noviembre.
Según el mensaje de la Asamblea, el artículo 68 habría sido separado de la Carta Magna “como forma de respetar todas las opiniones”, una clara referencia a la enconada oposición manifestada por parte de las iglesias cubanas y un segmento importante de la ciudadanía. La modificación del concepto de matrimonio que figura en la Constitución de 1976 como la “unión entre un hombre y una mujer”, continuará siendo analizada por el Parlamento como parte del nuevo código de familia, que habrá de precisar quiénes tienen derecho al matrimonio.
Ante el maremoto de comentarios y conclusiones precipitadas, Mariela Castro —abanderada del activismo en favor del matrimonio igualitario— ha aclarado a través de las redes sociales que no habrá retroceso en el camino hacia una ley matrimonial inclusiva, y subrayó que el tuit emitido por el Parlamento posee un enfoque inapropiado, además de haber mutilado ¿intencionalmente? la propuesta.
La directora del CENESEX corroboró que “la nueva fórmula mantiene la esencia del artículo 68, elimina el binarismo de género y la heteronormatividad con que estaba definido el matrimonio en la Constitución de 1976, e introduce en la nueva propuesta la sustitución de «personas» por «cónyuges», cuestión que mantiene la posibilidad de que todas las personas puedan acceder a la institución matrimonial”.
Vistos sus argumentos, las recientes alarmas parecen prematuras. Los cubanos dieron por sentado que con la aprobación del artículo 68 quedaría inmediatamente legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando en realidad se trata de insertar un nuevo concepto de unión en la Ley Suprema, que permita reconocer tal derecho en un futuro cercano a través de las disposiciones legales pertinentes.
La nueva propuesta incluye además “las uniones de hecho sin atarlas a género alguno”, explicando que dicha figura es, según estadísticas, “la más usada en nuestra sociedad”. En resumen, la reformulación del artículo 68 continuará siendo analizada por el Parlamento y se prevé que dentro de dos años una disposición transitoria al respecto sea sometida a referéndum independiente.
Mientras tanto, el llamado de la propia Mariela a continuar luchando por la creación de un Código de Familia más avanzado, indica que la iniciativa deberá sortear toda clase de fundamentalismos. Ante el revuelo de las últimas horas sobre la eliminación o modificación del artículo 68, se impone una revisión de todo el esfuerzo realizado por lograr que el colectivo LGBTI+ cubano vea colmada su aspiración de contar con mayores garantías civiles y jurisdiccionales.
El tuit publicado por el Parlamento rezuma hostilidad y malas intenciones. Si bien una parte de la población no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, no hay que olvidar la furibunda campaña impulsada por las iglesias contra una comunidad que no es inferior en números, pero sí en activismo y sagacidad a la hora de hacer causa común.
Contrariamente a lo establecido en la Constitución vigente, los religiosos pudieron hacer proselitismo a placer, promoviendo mensajes homofóbicos entre ciudadanos creyentes y laicos; mientras a la comunidad LGBTI+ no le fue permitido realizar acciones de amplio alcance en favor de sus derechos. Más de veinte iglesias se unieron para enfrentar lo que consideran un enemigo público; en cambio, el activismo en favor del matrimonio igualitario prácticamente se limitó a contraatacar, evidenciando no solo su falta de empoderamiento, autonomía y estrategias efectivas para sensibilizar a la ciudadanía, sino su dependencia casi absoluta de la plataforma estatal.
Históricamente la lucha por los derechos civiles ha demandado altas dosis de esfuerzo, diálogo y constancia; pero es obvio que hay que repensar las vías y maneras de hacer desde ambos puntos de vista, colectivo e individual. La controversia en torno al artículo 68 no supone un retroceso según Mariela; pero sí le resta solidez a la causa y tanto juego con las denominaciones ha adquirido un cariz de manipulación.
Lo que muchos vieron como un sprint, se ha convertido en una maratón que promete ser larga. Habrá que esperar para decidir si el artículo 68 tuvo un propósito noble y cívico desde el principio, o si solo fue un espinoso asunto que el régimen arrojó a sus ciudadanos para que picotearan gustosos, olvidando temas más urgentes para el futuro de la nación.
