LA HABANA, Cuba, marzo, 173.203.82.38 -En los cinco años del primer periodo de gobierno de Raúl Castro no hubo ninguna movida dirigida a la aplicación de cambios estructurales para revertir la obsolescencia en que está atrapado todo el universo productivo-empresarial cubano.
Esta situación se ha agudizado a extremos críticos, por la baja productividad y las ineficiencias que reportan las empresas, lo cual se refleja en los pésimos resultados de la producción agrícola, industrial y los servicios.
No pocas empresas reportaron elevadas pérdidas el pasado año. En la aplicación de los lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido Comunista, se apostó por la planificación y no por el mercado.
Finalizada la 7ma legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular e iniciada la 8va, el pasado 24 de febrero, aun no se sabe cuántos de los 331 lineamientos aprobados se han cumplido.
Las relaciones de las empresas están sujetas a la firma de contratos como único instrumento de las relaciones monetarias y financieras. Las personas jurídicas carecen de total autonomía y no pueden solucionar cualquier cuello de botella que se presente en el proceso productivo o de servicio.
Resulta exagerado e irreal afirmar que el gobierno cubano aplica “reformas estructurales”. Éstas sólo se materializarán cuando el parlamento y el Consejo de Estado pongan término a la inviable y obsoleta planificación centralizada que descansa en las improductivas subvenciones y no deja el menor intersticio a la autonomía empresarial.
Para que realmente haya reforma económica, el Estado no puede continuar inmiscuyéndose en la gestión cotidiana de las empresas y tiene que poner fin a su pésima gestión de administrador.
Para que se pueda hablar de reales cambios estructurales, el Estado tiene que ocuparse de elaborar los planes a largo y mediano plazo, pasar de la inviable planificación imperativa a la indicativa, aplicar políticas económicas que controlen la inflación, garanticen los equilibrios macroeconómicos del presupuesto y las cuentas corrientes, darle prioridad y atención a las microempresas mercantiles para que sus dueños puedan utilizar los recursos financieros otorgados a modo de crédito, con las hipotecas como respaldo de pago, así como ampliar y consolidar el sector cooperativo en las diferentes ramas de la economía.
De ahí la importancia de las recientes resoluciones dirigidas a dinamizar la actividad de las microempresas, a las cuales se les autoriza la ejecución de trabajos por parte de las personas naturales. Previa firma de contrato, las personas jurídicas pueden pagar en dólares los servicios y trabajos que realicen en la entidad. Estos pagos tendrán cobertura de los fondos aprobados para el año fijado.
Dichos pagos nunca serán en efectivo. Se recurrirá a cheques, pagarés, letras de cambio y carta de crédito local, lo que se ajusta a las normas internacionales en estos tipos de operaciones bancarias.
Con tal paso, las personas naturales (léase los propietarios de las microempresas) entrarán de lleno en el sistema de operaciones monetarias y financieras de las empresas cubanas.
Y con sus ganancias en moneda convertible, los propietarios privados tendrán la posibilidad de hacer inversiones dirigidas a la ampliación y modernización de sus negocios, brindar un servicio mejor, y dar empleo a trabajadores que ya no tienen cabida en las empresas estatales, en proceso de liquidación.
De acuerdo con el vigente Decreto-Ley 289, del 20 de diciembre de 2011, se autoriza la concesión de créditos bancarios a personas naturales. Para consolidar y extender esta política monetaria, el 21 de febrero se dio a conocer en la Gaceta Oficial, extraordinaria número 4, la resurrección de las hipotecas.
A aquellos que se les conceda crédito, si no tienen dinero, pueden saldar su deuda con la hipoteca dejada como garantía del valor de ese dinero que luego cubriría el monto total de lo pedido. Esto puede ser con un vehículo, una casa, joyas, objetos de arte, etc.
El pago a las personas naturales, en moneda convertible, por parte de las personas jurídicas, por el trabajo o servicio que realicen, sumado a las hipotecas, es una positiva señal, aunque el gobierno todavía no se haya decidido a hacer las reformas estructurales.