LA HABANA, Cuba, diciembre, www.cubanet.org -El pasado 20 de octubre, el General presidente Raúl Castro Ruz dispuso mediante el Decreto No. 318 su nuevo experimento comercial, denominado “Reglamento sobre la Comercialización de Productos Agropecuarios en las provincias de la Habana, Artemisa y Mayabeque”.
Por efecto, la promisoria normativa enmascara la función dictatorial del régimen cubano, pues tiene por objetivo reacomodar los gastos públicos y las pérdidas millonarias en el sector agropecuario, así como liberarse de la responsabilidad proletaria, ocupando su lugar las organizaciones empresariales estatales y privadas agrarias. Con tal propósito, se diseñó una especie de mercados de abasto de función mayorista y cuatro modalidades de mercados minoristas (Mercados agropecuarios con administración y gestión estatal; los mercados agropecuarios gestionados por cooperativas no agropecuarias; los mercados agropecuarios de oferta y demanda, MAOD, y los mercados arrendados), los que supuestamente resolverán la escasez de alimentos a la población.
La disposición legal prevé, en la forma organizativa de los mercados operados por cooperativas no agropecuarias, que la empresa que administra el mercado (entidad estatal) lo arrienda a la cooperativa no agropecuaria (entidad “privada”), la que gestiona su funcionamiento subarrendando espacios, a las formas productivas concurrentes. Negocio redondo para el régimen ante la ineficiencia administrativa demostrada por el sistema empresarial.
Los tecnócratas castristas, dando muestras de centralización del poder, por medio del Ministerio de Finanzas y Precios, conservan el control de los precios de los productos de venta minorista centralizados; y los Consejos de la Administración Provinciales y Municipal del Poder Popular aprueban en sus respectivas demarcaciones la creación y ubicación de mercados para la comercialización de productos agropecuarios.
Los hermanos Castro no hacen concesiones por liberalizar el mercado nacional, las exportaciones o permitir la creación de cámaras privadas de comerciantes e industriales en la rama alimentaria. El régimen sigue siendo el rector de las compras internacionales y de la distribución de los recursos e insumos productivos para la producción agropecuaria del país, lo cual les posibilita manejar a su antojo y mantener un estricto control sobre las formas productivas privadas.
El nuevo “Reglamento” continúa prohibiendo la venta de productos básicos fundamentales como la carne de ganado equino, vacuno y bufalino; leche fresca y sus derivados; el café y el cacao, entre otros.
La disposición jurídica condiciona la participación de los productores en la venta liberada de sus productos, obligándolos a que lo hagan a finales de campaña, una vez que estos cumplan sus entregas a las instituciones estatales correspondientes, de acuerdo con lo previsto en los contratos suscritos. Evidentemente, las mejores calidades las acapara el Estado, aun cuando la autorización de comercializar los excedentes productivos no tenga límites en cuanto a destinatarios, cantidad o territorio.
La misma historia de hace 53 años
La mayoría de productores privados y usufructuarios, sin recursos productivos y medios de transporte, se verán restringidos a participar en las nuevas formas de comercialización de mayoreo, minorista o en las redes hoteleras.
Especial atención merece la exigencia dispuesta a los productores agropecuarios para que vendan sus productos “limpios y libres de impurezas”. Requerimiento que es violado constantemente por los productores y comercializadores, al expender sus productos muchas veces a granel o en cajas de madera de pésimas calidad, sin etiquetas, ni registro sanitario alguno, faltos de presencia, con tierra o materias extrañas y contaminantes parasitarios, como nematodos (gusanos), muchos de ellos presentes en las hortalizas, en la papa, el boniat, así como en las frutas de guayaba, piña, papaya, plátano fruta y mango.
El régimen no se respeta así mismo, pues tiene estructurado un sistema de venta de envases que agobia a las formas productivas al no garantizar el 100% de su entrega, rotación o retroventa. Por otro lado, no les provee oportunamente a las formas productivas, centros comerciales minoristas y red hotelera de los recursos necesarios para cumplir la normativa vinculante al saneamiento e inocuidad de los productos agropecuarios.
Muchas de las formas productivas del país carecen de centros de beneficios, empaques, logística sanitaria y veterinaria para la emisión y control de los certificados de origen que aseveren que los productos están libres de plagas y enfermedades, entre otros. Tampoco le es ajeno al castrismo los problemas de transportación, almacenaje, protección contra roedores y gérmenes contaminantes.
Con el nuevo Reglamento de Comercialización Agropecuaria la dictadura garantiza una manera fácil de hacer dinero y se aleja aún más del pueblo.