SANTA CLARA, Cuba, febrero (173.203.82.38) – En Cuba nadie es propietario de su vivienda, todas pertenecen al Estado. El título de propiedad acreditado oficialmente es una farsa. Absolutamente nadie puede disponer del domicilio, del cual supuestamente es dueño, sin autorización del Estado. Según los funcionarios del Instituto de la Vivienda, la venta de inmuebles no está prohibida, pero tiene que ser aprobada por ese organismo, que es además quien fija el precio, no el supuesto dueño.
En Cuba los supuestos dueños de viviendas sólo pueden permutarlas por otras. Los trámites se caracterizan por un enmarañado burocratismo y el canje también debe ser autorizado por el omnipresente Instituto de la Vivienda. Si el director de Vivienda del municipio no autoriza la permuta, no hay negocio, aunque generalmente Don Dinero siempre dice la última palabra.
La defenestración de directores provinciales y municipales de Vivienda por hechos de corrupción es algo bastante común, aunque los medios no informan sobre ello. El Instituto cuenta con varios cuerpos de inspectores tan corruptos como sus superiores que, al igual que ellos, cuando ven plata entran en cualquier arreglo.
Como resultado de la grave crisis habitacional acumulada durante medio siglo de abandono y desastre económico, han aparecido asentamientos habitacionales ilegales, por lo general, en las afueras de las ciudades, en áreas donde el marabú es dueño y señor. También en solares yermos en las propias ciudades, familias desesperadas por el hacinamiento o la falta de un techo, han construido sus humildes hogares. Pero, iniciar o terminar una vivienda sin título de propiedad del terreno o azotea, equivale a multas que van desde 500 a 9 mil pesos, y el decomiso o demolición del inmueble construido.
Alrededor del 20 por ciento de las viviendas de la ciudad de Santa Clara son consideradas ilegales. Según datos oficiales, en estos inmuebles habitan personas de distintas edades, orígenes sociales y profesiones. Muchas de estas casas, aunque rústicas, están catalogadas como habitables.
Bastantes de ellas no son tan ilegales porque cuentan con servicio de electricidad, agua potable, alcantarillado, y muchas de las familias que las habitan tienen sus libretas de racionamiento registradas en las mismas. Se supone que para tener acceso a estos servicios hay que tener un título de propiedad, pero los funcionarios del Registro de Direcciones, dependencia del Ministerio del Interior, también son corruptos y, por dinero “cuadran la caja”.
En varios de estos asentamientos ilegales de Santa Clara, como los de Matadero de Aves, Gran Panel, Carretera Maleza y Brisas del Oeste las autoridades han realizado desalojos y demoliciones de viviendas. Muchos activistas de derechos humanos de Santa Clara han sido golpeados por la policía y detenidos en varias ocasiones por defender a los desalojados.
Entre las muchas promesas rotas, después de 50 años, el gobierno de la familia Castro tampoco ha cumplido la que cada ciudadano tendría una vivienda propia y digna. La situación de la vivienda nunca fue peor que hoy para los cubanos.
