LA HABANA, Cuba, octubre, 173.203.82.38 -Tal vez motivadas más por la presión nacional e internacional, que en aras de poner fin a una situación en extremo anacrónica, las autoridades cubanas acaban de dar a conocer lo que califican como “actualización de la política migratoria”. La afirmación anterior se sustenta, principalmente, en las omisiones y las nebulosas presentes en el comunicado oficial aparecido en el periódico Granma.
Es cierto que la eliminación del Permiso de Salida (o Tarjeta Blanca) es un paso de avance en el reconocimiento del derecho que le asiste a toda persona de viajar al exterior. Además del desembolso que implicaba la obtención del referido documento, la famosa Tarjeta— al ser denegada— se constituyó en un impedimento legal para que muchos ciudadanos pudieran salir de la isla, sobre todo si se trataba de disidentes u opositores a los que el gobierno pretendía castigar.
Sin embargo, nadie piense en una apertura total en lo concerniente a las salidas del país. La propia información oficial asevera que “se mantendrán medidas para preservar el capital humano creado por la Revolución, frente al robo de talentos que aplican los poderosos”. Es decir que, en lo adelante, el permiso de viajar al exterior se dilucidará de un modo más sutil, no mediante un documento, sino por una subjetividad que muy bien pudiera desembocar en el ámbito de lo arbitrario. Porque, bajo el precepto de preservar el capital humano, lo mismo podrían negarle la salida a un médico, un deportista, un científico, o un artista. Incluso, si un disidente, con formación profesional, solicitara un permiso para viajar temporalmente al exterior, podría ser víctima de una denegación al invocársele la condición de capital humano, con lo cual no se haría otra cosa que mantener el abusivo mecanismo que hoy prevalece.
Pero, sin dudas, la laguna más visible que exhibe la flamante actualización de la política migratoria se relaciona con el posible accionar de los emigrados. Ni media palabra acerca de la aspiración de muchos compatriotas residentes en el exterior de poder entrar libremente en el país que los vio nacer. Tendrán que seguir solicitando el permiso de entrada en los consulados cubanos, los cuales otorgarán o no el visto bueno en base al “buen comportamiento” del aspirante. Y el buen comportamiento, como es lógico, significa comulgar con el castrismo. Entonces proseguirá el doloroso exilio para todo el que se haya manifestado contrario al gobierno cubano, o a quienes se considere no aptos para pisar el suelo de la patria.
Imagino la decepción que deben de haber experimentado ciertos integrantes de la diáspora, incluso algunos con determinado grado de simpatía hacia las autoridades cubanas, al enterarse de que su petición para invertir en Cuba, o bien apoyar activamente al emergente sector no estatal de la economía, no mereció ni tan siquiera una letra en el comunicado oficial. Algunos de ellos, por ejemplo, habían participado no hace mucho en el evento “Diálogo entre cubanos”, organizado por la Iglesia Católica de la isla, ocasión en la que expresaron sus deseos de que pudieran hacerse realidad estos y otros anhelos de los emigrados.
También es cierto que el anuncio aparecido en Granma indica que “paulatinamente se adoptarán otras medidas relacionadas con el tema migratorio”. No obstante, resulta inevitable que nos asalte el pesimismo si se trata de esperar auténticas aperturas por parte del gobierno cubano. Es probable que ya den por concluido el tema migratorio, y las medidas complementarias aguarden en la cola de los tantos Lineamientos pendientes de materializarse.