LA HABANA, Cuba, abril (173.203.82.38) – Conjuntamente con la detención y enjuiciamiento del contratista norteamericano Alan Gross, quien cumple una condena de 15 años por delitos contra la independencia e integridad del Estado, se perfilan otras movidas gubernamentales.
Las nuevas tecnologías de comunicación, la televisión satelital, Internet y sus redes sociales, son un nuevo enemigo con el que el gobierno cubano no estaba acostumbrado a lidiar y la ciber confrontación ideológica hace indispensables nuevos códigos de represión. Hoy el gobierno retoma con fuerza la persecución contra los dueños de antenas satelitales clandestinas, algo que había abandonado por un tiempo. Para llevar a cabo la campaña, se apoya en la empresa estatal Radio Cuba y en una veintena de autos equipados para detectar señales de radio frecuencia, además de la información brindada por los delatores de barrio.
¿Desconoce el gobierno que el mayor número de estos equipos satelitales, ya sea para la recepción de señales de televisión o Internet, se encuentran en las casas de los dirigentes o en las de empresarios influyentes, que le reportan muchos dólares?
La algarabía tiene como base que Gross venía a distribuir unos equipos de conexión satelital a Internet para uso de la sociedad civil en Cuba que no requerirían de cables bajo tierra o de ser camuflados entre el tendido telefónico, como generalmente se hace con las antenas clandestinas para ver la televisión satelital en Cuba.
Paradójicamente, el mismo gobierno que ofrece servicio de Internet inalámbrico (Wi Fi) en la mayoría de los hoteles del país, para usuarios tanto extranjeros como nacionales, parece muy preocupado con la supuesta violación a la “independencia e integridad de Estado” por parte de Alan Gross y con el acceso a la información que los equipos que el contratista intentaba distribuir brindarían a ciertos sectores de la sociedad civil.
Con el caso Gross, por un lado, y la instalación de un cable de fibra óptica entre Venezuela y Cuba, por otro, como telón de fondo, el Ministerio de la Informática y las Telecomunicaciones prepara ya un nuevo panfleto para regular los “derechos y deberes” de los futuros usuarios de Internet. Desde enero pasado el gobierno cubano comenzó a dar pasos para mantener su férreo control sobre las comunicaciones, afina la criba en los servidores controlados, y además, arremete contra el uso ilegal de receptores de televisión satelital.
El seis de enero el gobierno bloqueó la señal satelital y por cable de CNN en español y un día después Raúl Castro designó al general de Brigada Medardo Díaz Toledo como su nuevo ministro de la Informática y las Comunicaciones, en sustitución de Ramiro Valdés.
El 26 de enero el periódico Granma publicó un artículo sobre tres cubanos procesados por fomentar el uso ilegal de receptores satelitales de televisión. El artículo advertía que los implicados en dicho delito pueden ser condenados a dos años de privación de libertad y multas de hasta 5 mil pesos. El 12 de marzo se anunció la sentencia a 15 años de privación de libertad de Alan Gross.
Las disposiciones que vengan seguramente serán estrictas y nada tolerantes. Estaremos a las puertas de una cacería cibernética de la que no saldremos ilesos.