LA HABANA, Cuba.- Cuando el diario oficialista Granma publicó, a principios de 2017, la regulación de las tarifas a cobrar por los choferes de taxis particulares (boteros), muchos ciudadanos criticaron duramente la medida, pues les pareció un atropello que el Estado, incapaz de satisfacer la demanda de la población, se arrogara el derecho de imponer precios en el sector privado. Pero varios meses después, a consecuencia de las nuevas tarifas “por tramos”, la dinámica del transporte urbano en La Habana se ha complicado al punto de revertir el objeto de las críticas.
Supuestamente, las regulaciones protegerían a la población de pagar precios abusivos; pero los boteros han asumido el mal hábito de “apretar” a los clientes por mero afán de lucro. Los precios reglamentados no se aplican en la práctica, pues los cubanos están tan desesperados por llegar a destino que continúan pagando lo mismo. En lugar de corresponder a la solidaridad de los usuarios y considerar la congestión urbana en período vacacional, los boteros han decidido recortar aún más los tramos y cobrar los 10 pesos habituales.
Hace un par de días, en la esquina de Prado y Neptuno, donde más personas se aglomeran esperando un taxi, una señora rebasó el límite de su paciencia cuando, al preguntar a los boteros si iban por Línea, o por 23, estos respondían que no. Acodada en la ventanilla de uno de los vehículos le gritó al chofer: ¡Qué ganas tengo de que los desaparezcan a todos, por ladrones y abusadores!
El deseo tan vivamente expresado por la señora, es secundado por las expectativas surgidas a raíz de los nuevos taxis ruteros, supuestamente habilitados para competir contra el sector privado. Sin embargo, la cooperativa estatal hace una sola ruta (Reparto Eléctrico-Vedado) y, según medios independientes, cada chofer debe abonar al Estado 650 pesos diarios, lo cual deja una mínima ganancia personal.
En consecuencia, varios taxis ruteros han sido vistos dejando y recogiendo pasaje fuera de su ruta, hecho que representa solo el principio de la sobreexplotación de los carros y el previsible acortamiento de su vida útil. El servicio que ahora mismo constituye un alivio a la candente ruta Reparto Eléctrico-Vedado, está condenado a desaparecer en los próximos meses, pues el Estado abarata su costo en exceso, no dispone de suficientes vehículos e impone tarifas de recaudación y arrendamiento que eventualmente obligarán a los choferes a delinquir.
Mientras no se implemente un programa ordenado de taxis que cubran todas las rutas, con precios justos, la ciudadanía seguirá dependiendo de los expoliadores por cuenta propia. No es de extrañar que a diario se produzcan arranques de cólera entre personas que pierden tiempo y energía tratando de tomar un taxi y deben conformarse con la negativa de los choferes, su silencio o la ambigua respuesta: “Depende. ¿Hasta qué parte de 23 (o Línea) tú vas?”
Todos los carros que recogen pasaje en la esquina de Prado y Neptuno hacen una de las dos rutas. La razón por la que casi todos los boteros se niegan, es porque no les conviene llevar pasajeros desde la piquera inicial hasta el destino final solo por 20 pesos. En Prado y Neptuno recogen clientes que van hasta Coppelia y pagan sus 10 pesos, cuando las nuevas tarifas estipulan que ese tramo vale 5. Allí mismo, donde también hormiguean decenas de clientes bajo el sol, vuelven a cargar hasta 23 y 12 y ganan otros diez pesos por persona. Casi ninguno llega al paradero de Playa o a La Lisa, pues con la mitad del viaje recaudan lo mismo e incluso más.
Lo que llama la atención en este modus operandi de los boteros, es que a los pasajeros no se les ha ocurrido aplicar el reglamento para proteger sus derechos y su bolsillo. La mejor manera de impedir que los boteros se sigan aprovechando es pagar cada tramo al precio que corresponde. Si el chofer solo quiere llegar hasta Coppelia, se le pagarán 5 pesos. De ese modo, el cliente que va más lejos podrá tomar varios taxis sin que el viaje le cueste el doble.
Pero el pueblo cubano está tan acostumbrado a dejarse abusar que no es capaz de ejercer su derecho. El pillaje se ha convertido en un estado mental y los criollos creen que es por su bien. Inconscientemente, han asumido que es mejor pagar de más sin quedar satisfecho con el servicio, que prescindir de él.
Cuando el gobierno reguló las tarifas, algunos boteros amenazaron con realizar una huelga en la Plaza Cívica; otros simplemente dijeron que no saldrían a trabajar. Siendo Cuba una nación castrada, la huelga jamás se realizó; pero nadie duda que ante un descalabro real en los precios del pasaje, los choferes decidan “alzarse” desde casa. Ello sería perfectamente posible, considerando que Cuba es el único país del mundo donde se puede vivir sin trabajar.