LA HABANA, Cuba, octubre, 173.203.82.38 –Una reunión ampliada del Consejo de Ministros se efectuó el 28 de septiembre pasado. Como es costumbre, una nota apareció en el diario Granma el 2 de octubre, con la descripción de los asuntos tratados. El primer punto fue la situación de impago entre las empresas en el período de diciembre de 2011 a julio de 2012. La información sobre ese viejo problema de la economía cubana fue brindada por el presidente del Banco Central de Cuba, Ernesto Medilla Villaveirán, quien expuso -sin brindar cifras concretas- que se aprecia una ligera mejoría en las cuentas por cobrar y pagar vencidas, pero todavía es necesario trabajar mucho más en ese sentido, pues continúa siendo elevada la morosidad, sobre todo en un grupo de organismos importantes.
Como medida fundamental para reducir las deudas, el funcionario recomienda una cosa tan pedestre como la conciliación del estado de los cobros y pagos entre las empresas y, aunque no lo mencionó, las unidades presupuestadas. Sobre el particular, el presidente Raúl Castro subrayó la necesidad de trabajar con rigor y disciplina para eliminar la desorganización que conduce al robo y la negligencia. Indudablemente esos son factores a tener en cuenta, sin embargo el problema de la morosidad en Cuba es mucho más complejo y su génesis está en un sistema generador de ineficiencia, con el resultado de que muchas entidades están en bancarrota, sin existir una legislación al respecto y por consecuencia en una situación que impide el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas. Recientemente, el diario Granma, al hacer un análisis de la situación actual de las Unidades Básica de Producción Cooperativa (UBPC) situaba que de las 1989 “cooperativas” de ese tipo,1122, o sea el 57,0% del total, tienen dificultades de índole organizativa, productiva, economía y financiera, así como 327 están en un estado tan crítico en esos aspectos, que no tienen posibilidad alguna de recuperarse. Por supuesto, en estas condiciones difícilmente estas UBPC poseen condiciones para pagar lo que deben, siendo fuentes de cadenas de impago.
Otro ejemplo lo expuso el vicepresidente Marino Murilllo Jorge en esa reunión, al referirse al reordenamiento organizativo y la reestructuración del sistema empresarial de la industria ligera para elevar su eficiencia, pues en los últimos años no se cumplen los planes de producción, el salario medio de los trabajadores es de los más bajos del país y se han acumulado pérdidas millonarias, estando la industria en un proceso de descapitalización continuada. Habría que preguntarse si en estas condiciones las empresas del ramo tienen posibilidades de enfrentar sus deudas.
Muchos ejemplos más podrían citarse sobre la irrentabilidad generalizada existente en el sistema empresarial del país. Por supuesto, el descontrol, la indisciplina financiera, la falta de una contabilidad confiable (existen entidades que no presentan ni balances a finales de año), la no realización de sistemáticas conciliaciones, las pérdidas de facturas (muchas veces para facilitar la sustracción de bienes), son agravantes, pero el problema fundamental es la existencia de un sistema generador de ineficiencia y, por consecuencia, tiene su corolario en la irrentabilidad de las empresas y de la economía en su conjunto, ya que Cuba es conocida internacionalmente como un país de alto riesgo respecto a los pagos.
Otra cuestión importante citada en el artículo de Granma fue la intervención de Murillo sobre los ajustes realizados a la política de precios minoristas (sin dar elementos sobre el alcance de la medida), que según el funcionario brinda respuesta a los Lineamientos del 66 al 71, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista. Indudablemente se requiere un sistema de precios que tenga en cuenta los costos de producción y los precios de las mercancías importadas, así como medidas para el mantenimiento de los precios de productos básicos a niveles asequibles para la población (leche, pan, arroz y otros). No obstante, hay que preguntarse cómo puede hacerse eso en Cuba, donde todo escasea y los consumidores están atados de pies y manos ante la limitada de oferta de productos. Por otra parte, el vicepresidente no se refiere a la otra cara de la cuestión: los salarios, que no tienen ninguna relación con los niveles internacionales y que hoy son reconocidamente insuficientes para vivir en un momento en que el Estado ejecuta una política de recorte en las subsidios de productos y servicios de primera necesidad, y en prestaciones anteriormente gratuitas.
Se habla de asegurar el equilibrio monetario entre los ingresos de la población y la circulación mercantil minorista, la cual se caracteriza por su pobreza de oferta en cantidad y calidad. Esto sin incluir los efectos nocivos y distorsionante de la doble circulación monetaria. El problema de los precios es muy complejo y no se puede acometer sin una visión integral de la economía. Realizar ajustes en esta materia, sin tener en cuenta el ruinoso estado de la economía cubana en estos momentos, es delicado y hasta peligroso. A pesar de ser perentorio, tiene que acompañarse de amplias reformas en toda la economía, lo cual no se ha efectuado. La situación de los precios ya es alarmante. Tomando las cifras oficiales, los precios en los mercados agropecuarios aumentaron en un 20,0% en 2011, mientras el salario promedio mensual nominal se elevó solo en 1,5%, lo cual indica un sustancial deterioro del salario real, tendencia que no ha cesado en el curso del 2012.
En la reunión se trató también sobre la desaparición del Instituto Nacional de la Vivienda que se convertirá en una dirección general dentro del Ministerio de la Construcción, pasando algunas de sus funciones al Instituto de Planificación Física. La situación del fondo habitacional es uno de los mayores problemas existentes en Cuba, con una edificación de viviendas en los últimos años de algo más de 30 000 unidades, usualmente de baja calidad, insuficientes hasta para sustituir las destruidas por efectos de fenómenos meteorológicos, el tiempo y el poco mantenimiento. Los ajustes burocráticos de los organismos del Estado no resolverán esos problemas, sino la flexibilización de los permisos y otros mecanismos para la construcción, y sobre todo el aumento sustancial de los recursos para edificarlas.
Con exhortaciones y llamados a trabajar con rigor y disciplina poco se conseguirá. Mucho más se requiere para que se liberen las fuerzas productivas y que los cubanos se sientan motivados a trabajar esforzadamente.