Papeles de Panamá: Enjuiciarán a representante de Mossack Fonseca en Venezuela
Jannet Almeida presuntamente captaba clientes en el país caribeño en representación del consultorio jurídico
CARACAS, Venezuela.- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) venezolana informó este martes que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los llamados papeles de Panamá en el que presuntamente captaba clientes en el país caribeño en representación del consultorio jurídico.
Según un comunicado difundido por la Fiscalía venezolana, a través de estos documentos se pudo conocer que esa firma de abogados asesoraba a clientes para lavar dinero y evadir impuestos.
Un tribunal del Área Metropolitana de Caracas admitió la acusación y las pruebas presentadas por los fiscales y ordenó el enjuiciamiento de Almeida, quien se encuentra recluida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.
Adicionalmente, el Ministerio Público explica en el comunicado que a Almeida “se le mantienen las medidas reales consistentes en la prohibición de enajenar y gravas bienes, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de su propiedad”.
Esta investigación se inició, según la Fiscalía, cuando fueron divulgadas las listas de personas y empresas presuntamente incursas en legitimación de capitales.
Almeida fue detenida luego de un allanamiento hecho en su vivienda ubicada en la urbanización Macaracuay de la capital venezolana, donde fueron encontrados documentos de esta firma de abogados y otros relacionados con empresas constituidas en el exterior.
El escándalo de los papeles de Panamá abarca más de 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, involucra a miles de personalidades de todo el mundo y ha levantado sospechas sobre evasión de impuestos y generado duras críticas contra Panamá.
En Panamá, aunque la evasión fiscal no constituye delito, las oficinas del bufete panameño fueron allanadas para verificar “la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilicitud”, dijo en ese entonces la fiscal general del país centroamericano, Kenia Porcell.
(EFE)
