WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente Donald J. Trump ha firmado un Decreto Ejecutivo que aplica nuevas sanciones financieras contundentes a la dictadura en Venezuela.
La dictadura de Maduro sigue privando a los venezolanos de alimentos y medicamentos, encarcelando a los miembros de la oposición que fueron elegidos democráticamente y reprimiendo en forma violenta la libertad de expresión. La decisión del régimen de crear una Asamblea Constituyente ilegítima —y, más recientemente, de que ese órgano usurpe los poderes de la Asamblea Nacional que fue elegida en forma democrática— representa un quiebre fundamental del orden constitucional legítimo en Venezuela.
En su intento de aferrarse al poder, la dictadura de Maduro recompensa y enriquece a funcionarios corruptos del aparato de seguridad gubernamental, a través de un endeudamiento con un costo exorbitante que recaerá sobre las futuras generaciones de venezolanos. La mala gestión económica de Maduro y la dilapidación de los activos del país han llevado a que Venezuela esté incluso más próxima a la suspensión de pagos. Sus funcionarios ahora están apelando a mecanismos de financiamiento muy poco transparentes y liquidando los activos del país a valores de liquidación.
Como lo ha señalado el vicepresidente Mike Pence, “vemos en Venezuela que la tragedia de la tiranía se manifiesta ante nuestros ojos”. Ningún pueblo libre ha elegido jamás transitar el sendero desde la prosperidad hacia la pobreza. Ningún pueblo libre ha elegido jamás convertir lo que fue una vez, y debería seguir siendo, una de las naciones más ricas de América del Sur en la más pobre y más corrupta de la región.
No adoptaremos una postura pasiva mientras Venezuela se desmorona. La nueva medida del presidente prohíbe realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal. También prohíbe las transacciones con ciertos bonos existentes que pertenecen al sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela.
A fin de mitigar los perjuicios para el pueblo estadounidense y venezolano, el Departamento del Tesoro está emitiendo licencias generales que habilitan transacciones que, de lo contrario, quedarían prohibidas por el Decreto Ejecutivo. Estas incluyen disposiciones que contemplan un período de eliminación gradual de 30 días; financiamiento para la mayoría de las transacciones comerciales, incluida la importación y exportación de petróleo; transacciones que involucren exclusivamente a Citgo; operaciones con determinados títulos de deuda venezolanos existentes; y el financiamiento de bienes humanitarios a Venezuela.
Estas medidas han sido calibradas minuciosamente para negar a la dictadura de Maduro una fuente clave de financiamiento que le permita mantener su régimen ilegítimo, impedir que el sistema financiero de los Estados Unidos sea cómplice de la corrupción en Venezuela y del empobrecimiento del pueblo venezolano, y permitir la asistencia humanitaria.
Estados Unidos no está solo en la condena al régimen de Maduro. A través de la Declaración de Lima del 8 de agosto, nuestros amigos y socios en la región se negaron a reconocer a la Asamblea Constituyente ilegítima, ni a las leyes que esta adopte. Las nuevas sanciones financieras de los Estados Unidos son consistentes con esta postura regional de aislar económicamente a la dictadura de Maduro.
Estados Unidos reitera su llamado a que Venezuela restablezca la democracia, celebre elecciones justas y libres, libere a todos los presos políticos de manera inmediata e incondicional, y ponga fin a la represión del pueblo venezolano. Seguimos acompañando al pueblo de Venezuela en este difícil período.
