MIAMI, Estados Unidos. — El 9 de abril de 1958 Francisco Molina del Río, cubano radicado en Estados Unidos y ferviente defensor del naciente régimen cubano, fue condenado a un mínimo de 20 años de prisión en un juzgado de Nueva York tras haber sido encontrado culpable por un caso de homicidio ocurrido meses antes en esa ciudad.

La postura asumida por Molina del Río en favor de la Revolución cubana daría paso a la primera campaña del castrismo en favor de un preso de la justicia estadounidense.

La enciclopedia oficialista Ecured, señala que Francisco Molina del Río fue condenado a cadena perpetua por presión del Departamento de Estado de EE. UU.; sin embargo, los hechos desmienten esa hipótesis.

En realidad, Molina estaba preso porque la justicia norteamericana lo acusaba de ser el autor de los disparos que el 22 de septiembre de 1960, durante una reyerta entre exilados cubanos y simpatizantes del castrismo en el restaurante neoyorquino “El Prado”. La acción provocó la muerte a una niña venezolana de nueve años y heridas a otras dos personas.

La participación del acusado en el suceso había sido confirmada por testigos oculares del mismo, que vieron disparar a Molina, quien, al faltarle una de sus manos, fue fácilmente reconocido entre la multitud.

Aunque el siniestro nunca quedó debidamente aclarado el trágico incidente, el régimen cubano culpó del tiroteo en el restaurante a “gusanos pagados por la CIA”.

Otros, en cambio, aseguraban que “los simpatizantes de la Revolución” que allí se encontraban, entre ellos Molina, eran agentes del G-2 infiltrados en los Estados Unidos.

Una reseña sobre los hechos publicada en este mismo diario por el escritor y periodista Luis Cino abunda en la posición asumida entonces por el castrismo, que alegó que durante el proceso declararon testigos falsos y que existieron arreglos con el fiscal, algo que Samuel Neuburger, abogado defensor, nunca pudo probar.

El artículo señala que tampoco se supo “quién pagó los cuantiosos honorarios que cobró Neuburger por defender a Molina”.

Tras una feroz campaña internacional por su liberación, Francisco Molina del Río fue incluido en un intercambio de prisioneros, luego de que Fidel Castro otorgara clemencia en 1963 a 24 ciudadanos norteamericanos que estaban encarcelados en Cuba.

Molina regresó a La Habana el 23 de abril de ese año. En la capital cubana le tributaron un recibimiento triunfal, en el que expresó su agradecimiento a la Revolución. Nunca más se supo más de él.

LA HABANA, Cuba. ─ Hace 58 años, el 23 de abril de 1963, con el recibimiento de héroe que recibió Francisco Molina del Río a su regreso a La Habana, se cerraba el llamado Caso Molina.

Tres décadas antes de la Red Avispa, el caso Molina fue la primera campaña orquestada por el régimen castrista para exigir la liberación de un cubano preso en los Estados Unidos.

“Libertad para Molina” fue la consigna que puso el régimen a corear a los cubanos, que en su mayoría no sabían a ciencia cierta quién era el tal Molina, cómo había ido a parar a New York y por qué, si tanto amaba a la revolución, no había regresado a Cuba.

La versión oficial aseguraba que Molina era víctima de “una maquinación del imperialismo norteamericano contra la revolución cubana”. No se necesitaban más explicaciones. Sólo había que repetir la consigna: “Libertad para Molina”.

Francisco Molina estaba preso porque la justicia norteamericana lo acusaba de ser el autor de los disparos que el 22 de septiembre de 1960, durante una reyerta entre exilados cubanos y simpatizantes del castrismo en el restaurante neoyorquino “El Prado”, ocasionaron la muerte a una niña venezolana de nueve años y heridas a otras dos personas.

Testigos de los sucesos afirmaban haber visto disparar a Francisco Molina. Y lo identificaban fácilmente, porque a Molina le faltaba una mano.

Nunca quedó suficientemente aclarado el trágico incidente. El gobierno cubano culpó del tiroteo en el restaurante a “gusanos pagados por la CIA”. Pero muchos sospechaban que “los simpatizantes de la revolución”, entre los que se contaba Molina, eran agentes del G-2 infiltrados en los Estados Unidos.

El gobierno cubano alegó que en el proceso declararon testigos falsos y que existieron arreglos con el fiscal, pero el abogado defensor, Samuel Neuburger, no pudo probarlo. Por cierto, nunca se supo quién pagó los cuantiosos honorarios que cobró Neuburger por defender a Molina.

El 29 de junio de 1961, Francisco Molina fue condenado a un mínimo de 20 años de prisión, que podían convertirse en cadena perpetua. Posteriormente, un Comité Pro Libertad para Francisco Molina organizó una ruidosa campaña internacional. Pero las gestiones más importantes para su liberación se movieron por debajo del tapete.

Molina llevaba más de dos años preso en Estados Unidos, sin apelar la sentencia y con la condena en suspenso, cuando el régimen castrista, inesperadamente, otorgó clemencia a 24 ciudadanos norteamericanos que estaban encarcelados en Cuba.

El abogado James Donovan, experto en tratos secretos con el régimen cubano desde el caso de los prisioneros de la Brigada 2506, voló a La Habana y gestionó el canje de Molina.

Los 24 norteamericanos, acompañados por Donovan, viajaron a Miami en un avión fletado por la Cruz Roja. Y Molina regresó a La Habana el 23 de abril de 1963. Durante el recibimiento triunfal que le tributaron, no hizo declaraciones: solo expresó su agradecimiento a la revolución. No lo dejaron decir más. Se lo llevaron a la carrera, con rumbo desconocido. Luego, no se supo más de él.

La niña muerta en el tiroteo era un hecho embarazoso que convenía olvidar. El muñón de Molina y su cara patibularia no resultaban fotogénicos para una revolución que vivía sus años dorados y a la que por entonces le sobraban los héroes.

Ya Molina había cumplido su rol. Había que ocuparse de otras historias e inventar nuevas consignas.

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